EEUU exhortó a Cuba a aliviar situación de disidentes y expresó inquietud por su salud
Estados Unidos instó hoy a Cuba a "desescalar la situación" con disidentes que se declararon en huelga de hambre contra el gobierno de la isla y expresó su preocupación por su estado de salud.(Télam)
«Estamos alarmados por el empeoramiento de la situación en Santiago de Cuba y profundamente preocupados por la salud de los involucrados», dijo en Twitter Julie Chung, titular interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.
«Instamos al gobierno cubano a tomar medidas para desescalar la situación y respetar los derechos de expresión y reunión», remarcó.
El líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), José Daniel Ferrer, anunció el 20 de marzo en las redes sociales el inicio de una huelga de hambre en Santiago de Cuba, en el sureste del país, «en protesta por el incremento de la represión» en su contra.
Ferrer explicó la semana pasada que el ayuno es contra el cerco policial que sufre la sede de su organización, dedicada a apoyar con alimentos, medicamentos y servicios a personas en extrema pobreza.
La oficina del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, expresó ayer «su mayor alerta ante la delicada situación de las 27 personas que se mantienen en huelga de hambre» en Cuba.
Cuatro eurodiputados, entre ellos Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo, enviaron el 1 de abril una carta a la embajadora de Cuba en la Unión Europea, Norma Goicochea, dando cuenta de su tribulación por el estado de salud de Ferrer.
Ferrer es uno de los 75 cubanos que en la llamada «primavera negra» de 2003 fueron llevados a prisión por razones políticas.
En 2011 fue liberado en el marco de las negociaciones del entonces gobierno de Raúl Castro con la Iglesia Católica, pero rechazó acogerse a un acuerdo para emigrar a España.
Ferrer y otros tres miembros de su organización estuvieron encarcelados desde marzo de 2019 hasta abril de 2020 por los presuntos delitos de «lesiones», «privación de libertad» y «atentado», pero sus sentencias fueron conmutadas por otras de entre cuatro y cinco años de arresto domiciliario.
El gobierno del presidente Díaz Canel acusa a los disidentes de ser financiados por Estados Unidos para provocar la caída del socialismo en Cuba.
