Acusan que el Tribunal Constitucional fue expuesto a una situación grave que pudo afectar su continuidad operativa

Escándalo en el Tribunal Constitucional luego de que ayer llegara una carta a los ministros del órgano jurisdiccional donde se expusieron una serie de hechos que estarían sucediendo al interior de la institución.

El remitente de la carta es Leonardo Carrasco Vargas, presidente de la Asociación de Funcionarios del Tribunal Constitucional (AFUTCCH), quien desde hace 18 años desempeña funciones en el lugar y que asegura que la reforma de 2005 significó un aumento sustancial de tareas, pero no fue acompañada de la “formalidad tan necesaria en organizaciones de mayor tamaño, lo que generó una administración y operación poco eficaz”.

“Sigo viendo que con el correr de los años seguimos con esas problemáticas y lo que es más preocupante sin haber proyectos que apunten a solucionarlos definitivamente”, indicó Carrasco.

Por otro lado, en la sección de recursos humanos, asegura que “la no corrección de distorsiones” estaría provocando un gran desgaste y tensión en la forma en que se desarrollan las relaciones laborales. “Licencias médicas, renuncias y también renuncias forzadas son un indicador de esto”, afirma.

El líder de la asociación gremial indicó que por años ha comentado estos problemas a ministros, autoridades y funcionarios, y aunque le han entregado un punto de vista propio sobre cómo solucionar lo que sucede, nada ha funcionado realmente.

Por esta razón envía la carta, en donde establece un conjunto de sugerencias y peticiones para remediar las diferencias de los trabajadores con el organismo. Una de ellas es la justificación y priorización respecto al presupuesto del Tribunal Constitucional.

Son trece puntos en total que son comunicados por el presidente de la AFUTCCH a los diez ministros del TC, debido a que está seguro de que “la solución tiene que venir del Pleno de Ministros. Son ustedes un grupo colegiado que tiene la fortaleza y decisión para corregir y enmendar el rumbo de nuestra querida e incomprendida institución”.

El primero de ellos es el presupuesto para proyectos de envergadura: justificaciones y prioridades, Carrasco se pregunta “De los proyectos que se financian, ¿Cuál va primero y cuál va último?, no sabemos qué criterios se han utilizado hasta ahora (…). Hemos expuesto en este largo pliego de peticiones las carencias que nuestra institución tiene, muchas de ellas críticas, que pueden afectar la continuidad operativa. Eso es grave. ¿Por qué no se les ha dado prioridad máxima?”.

Asimismo, sobre el presupuesto 2020, indicó que a raíz del Covid-19 y el teletrabajo, la ejecución del mismo se redujo sustancialmente. “El cuestionamiento que se hace respecto al gasto del presupuesto 2020 es que no fue gastado en su totalidad habiendo necesidades urgentes y críticas y que estaban en conocimiento de las autoridades que tomaron la decisión de no gastar”, señala Carrasco.

Además, acusa una “administración paralela” de Claudia Vélez, actual jefa de gabinete de la presidenta del TC, María Luisa Brahm. “Desde el inicio de sus labores la señora Vélez cuestiona todo el proceso administrativo y comienza a tomar el control de todas las áreas, para según ella, garantizar el correcto funcionamiento de la institución”, indica en el documento al que accedió El Periodista.

“Pese a que se niega, efectivamente se ha creado una administración paralela en donde los jefes de área de nuestra institución no son considerados y tal vez en algunos casos tampoco la propia Jefa de Servicio, que por ley es la definida para encabezar la toma de decisiones en lo que respecta al funcionamiento de nuestra institución”, señala.

Uno de los puntos que destaca en la carta es el “maltrato a funcionarios”, problema que pese a no “ser propia de la actual presidencia, se ha visto incrementada”.

“Tenemos la prueba (…) que confirma que efectivamente en nuestra institución existe el mal trato; las excesivas licencias médicas por estrés laboral, el aumento de sumarios administrativos que por falta de pruebas terminan absolviendo al sumariado y finalmente el aumento de renuncia de funcionarios, varios con muy poco tiempo desde que fueron contratados y con licencias médicas por estrés antes de renunciar”, se estipula en la carta.

Carrasco asegura que algunos factores que permiten la existencia de estas malas prácticas son “informalidad de la estructura organizacional y funcional, falta de procedimientos formales claramente asignados, autoridad y responsabilidad no bien informada y asignada, irrespeto al conducto regular, dualidad de mando, y por qué no decirlo, la mala intención que una persona puede tener sobre un subordinado”.

Los siguientes puntos son: Procesos, Funciones y atribuciones del jefe de gabinete, Infraestructura tecnológica deteriorada y obsoleta, Nuevo reglamento de evaluación, Llamados a concursos pendientes, El sumario administrativo como herramienta de investigación, Sumarios administrativos – El caso especial de Julio Ortiz Faúndez y Sumarios administrativos – Otros casos pendientes.

Señala, asimismo, que desde hace más de un año que se ha informado el grado de deterioro en que se encuentra el área tecnológica y los riesgos que eso implica, «esto no solo ha sido informado por personal de la propia unidad afectada sino también por la unidad CSIRT del Ministerio del Interior, la cual la propia señora Presidenta le encargó una auditoría a mediado del mes de enero de 2020, informe al que los afectados nunca tuvieron acceso y cuyo contenido pudiera afectarlos sin derecho a defensa».

Según Carrasco «se mantuvo sin Jefe al área durante seis meses, lo que dejó sin toma de decisiones que requerían urgencia de ejecución».

El Presidente de la AFUTCCH, en reunión a la que fue invitado por el Comité de Crisis, le manifestó al Ministro Fernández lo grave que era para el TC tener descabezada el área tecnológica a lo cual respondió que iba a ver ese tema. «A los tres días se estaba llamando a concurso para el cargo. Días después en conversación con la Jefa de Gabinete, que había participado en esa reunión, manifestó su extrañeza por el término ‘descabezado’ dado que el propio Jefe de TIC había renunciado, la respuesta de este Presidente fue que ya habían pasado seis meses y esto no se sostenía, a lo que la Jefa de Gabinete contestó que todavía no se tenía claro el perfil del cargo».

Desde la llegada del nuevo Jefe de TIC, Nelson Contreras, en reiteradas ocasiones ha solicitado apoyo económico a sus proyectos sin tener éxito.

«Ha expuesto los proyectos, ha dimensionado los costos, ha modificado sus proyectos a petición de la señora Presidenta, pero aún no obtiene los recursos necesarios para sacar al Tribunal Constitucional del grave estado de su infraestructura tecnológica. Recién ahora y después de 8 meses se están recibiendo los dineros para implementar proyectos que debieron iniciarse hace mucho tiempo atrás, lo grave para TIC es que se están financiando con presupuesto del año fiscal 2021 y no del año 2020 como debiera haber sido».

Carrasco señala que tienen suficientes antecedentes para concluir que «el TC fue expuesto a una situación grave que pudo afectar la continuidad operativa del mismo y que por ejemplo imposibilita la implementación de proyectos conjuntos como el de la BNC» y que debe evaluarse si, con los argumentos presentados y dada la gravedad de lo que expone, Brahm evalúe si amerita realizarse una investigación.