Manifestantes están dispuestos a ir «hasta el final» contra junta militar en Myanmar
Cerca de 240 civiles murieron desde el 1º de febrero, el día del golpe militar que instaló en el poder a la junta y derrocó al gobierno civil dirigido de facto por Aung San Suu Kyi.
Manifestantes prodemocracia protestaban este sábado en Myanmar, dispuestos a resistir «hasta el final» a la represión de la junta militar que gobierna el país desde el golpe de estado de febrero pasado.
Cerca de 240 civiles murieron desde el 1º de febrero, el día del golpe militar que instaló en el poder a la junta y derrocó al gobierno civil dirigido de facto por Aung San Suu Kyi. El balance podría ser más grave, pues centenares de personas desaparecieron en las últimas semanas.
Pese a la violencia, la movilización continúa, con médicos, profesores, empleados bancarios y de ferrocarriles en una huelga que mantiene paralizada la frágil economía del país.
En Mandalay, en el centro del país, los manifestantes exhibieron hoy una bandera negra con la leyenda «El pavo real combatiente», un símbolo utilizado durante la sublevación popular de 1988 y luego por el partido de Aung San Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia (LND).
«¿Quién dice que debemos abandonar a causa de las armas (de la Junta)? Nacimos para la victoria», tuiteó Ei Thinzar Maung, uno de los líderes de la protesta. No obstante, los manifestantes son menos y muchas personas permanecen en sus casas por miedo a las represalias.
Dos de los cinco millones de habitantes de Rangún, la capital económica, están bajo la ley marcial y la situación es muy tensa. Algunos barrios están sumidos en el caos, con manifestantes lanzando proyectiles y bombas molotov contra el ejército y la policía, que dispara munición real.
«Los tiroteos aumentan día a día», según la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos (AAPP). Militares y policías «saquean y destruyen a diario propiedades públicas y privadas», sostuvo la agrupación, citada por la agencia de noticias AFP.
Numerosos habitantes de Rangún huyeron de la ciudad, la mayor del país, para retornar a sus regiones de origen a bordo de vehículos, bicicletas o mototaxis. Entretanto, Myanmar se cierra cada vez más. Las conexiones a internet siguen sufriendo cortes y solamente los medios estatales cubren la crisis.
Más de 2.200 personas fueron detenidas estas últimas seis semanas, en particular huelguistas, miembros del partido de Aung San Suu Kyi y periodistas. En la capital, Naipyidó, un periodista que trabaja para el servicio local de la BBC, Aung Thura, fue secuestrado ayer por hombres no identificados.
Más de 30 periodistas fueron detenidos desde el golpe de Estado del pasado 1º de febrero, entre ellos un fotógrafo de la agencia de prensa estadounidense Associated Press.
«El asesinato de manifestantes pacíficos y las detenciones arbitrarias, incluidas las de periodistas, son totalmente inaceptables», tuiteó hoy el secretario general de la ONU Antonio Guterres, urgiendo a una «respuesta internacional firme y unificada».
De momento, la junta ignoró las múltiples condenas internacionales y las sanciones aplicadas por varias potencias occidentales, encabezadas por Estados Unidos y la Unión Europea. La UE prevé sancionar el lunes a 11 oficiales birmanos implicados en la represión, según fuentes diplomáticas.
Países de la Asean (Asociación de Naciones del Sureste Asiático), que habitualmente tiene como norma no interferir en los asuntos de un Estado miembro, también elevaron la voz. El presidente indonesio, Joko Widodo, pedirá al sultanato de Brunéi, que preside este año la Asean, que organice una reunión de urgencia para que «cese el recurso a la violencia» en Myanmar.
