Funcionarios del TC defienden sumario por maltrato laboral contra María Luisa Brahm

«Los funcionarios del Tribunal Constitucional (TC) estamos viviendo días muy difíciles por las múltiples denuncias por maltrato laboral, en contra de la actual presidenta de la institución» señala una carta abierta, dada a conocer hoy y que lleva la firma de toda la directiva de  AFUTCCH, Jorge Aguayo Ibáñez (secretario) Andrés Morán Pizarro (tesorero) y Leonardo Carrasco Vargas (presidente).

En esta, junto con señalar que decidieron ser parte de la investigación (en contra de Brahm) por «la gravedad de los hechos presentados», destacan que el proceso en curso está «reglado por auto acordado del mismo Tribunal, que es aplicable tanto para los trabajadores del TC como para los ministros del mismo, prueba de su validez como instrumento es el hecho irrefutable, de que la propia presidenta lo invocó para iniciar un sumario interno contra el ex director DAF y que ahora objeta cuando ella es investigada».

No se trata, aseguran los dirigentes, de «una supuesta pugna entre ministros» y que lo «grave» son las denuncias de mal trato de una máxima autoridad hacia funcionarios. «Lo que realmente importa a los ciudadanos trabajadores es si son ciertas o no las denuncias presentadas», afirman.

En la carta se exponen cinco hechos y cinco acciones en este caso, que se sintetizan, según la directiva de AFUTCCH, en la existencia de «múltiples denuncias y testificaciones de acoso y maltrato laboral que hoy existen en contra de la ministra presidenta señora María Luisa Brahm, en desmedro de funcionarios y ex funcionarios de la misma magistratura, las cuales son de público conocimiento a través de distintos medios de prensa».

«La AFUTCCH, aseguran, no puede ni permitirá ser excluido de participar de una causa que afecta directamente a los funcionarios del TC. No participar cuestiona la esencia de esta asociación, porque se creó precisamente para proteger a los funcionarios de abusos, y especialmente de algo que es grave en toda empresa o institución; el maltrato laboral».

Reafirman, por eso y de acuerdo al reglamento para la investigación y determinación de responsabilidades disciplinarias que este sí “será aplicable a los Ministros” y que si se trata del presidente del TC, como ocurre en este caso, la denuncia debe hacerse «ante el Ministro que le siga en antigüedad».

Según los articulados que regulan esta situación “el investigador deberá indagar y agregar al expediente tanto los antecedentes que puedan perjudicar al afectado, como los que puedan exculparlo o atenuar su responsabilidad. Todos los funcionarios, cualquiera sea su jerarquía o la naturaleza de su cargo, deberán colaborar con la investigación, prestando declaración o proporcionando los antecedentes que les solicite el Investigador»

El artículo 21, por su parte, señala que el encargado de la investigación «podrá solicitar a la Sala que no integre el Presidente del Tribunal o el Ministro denunciado, en su caso, que se suspenda al investigado o se le destine transitoriamente a otras funciones por el tiempo que dure la investigación, sin que estas medidas afecten a sus remuneraciones».

Este punto, ad portas de la decisión del Congreso sobre un nuevo retiro del 10 por ciento y dada la importancia que tuvo el voto dirimente de Brahm en la decisión de declarar inconstitucional el frustrado proyecto del segundo retiro, podría tener una gran relevancia nacional.

La propia María Luisa Brahm, en 2016 firmó el autoacordado que ahora podría usarse en su contra, en esa oportunidad fue utilizado para el sumario administrativo del ex Director de Administración y Finanzas, Julio Ortiz y que fue cerrado y sentenciado hace no más de dos meses. «Lo anterior implica que todo el Pleno de Ministros estaba en conocimiento reciente de su contenido y no hubo observaciones respecto a invalidar algunos de sus artículos», señala la carta de AFUTCCH.

En cuanto a las acciones, la misiva sostiene que «funcionarios y ex funcionarios denunciaron o testificaron sobre mal trato laboral» y que «se activó el auto acordado, que en su artículo 13 define que si el presidente es el denunciado, la denuncia debe recibirla el ministro más antiguo del Pleno de Ministros, por lo tanto el ministro Iván Aróstica inicia la investigación». La AFUTCCH se hizo parte del sumario e inició «las acciones necesarias para que este sumario no sea anulado y que los funcionarios afectados queden sin justicia al daño que se les ha provocado». También, dicen, quieren evitar que se agregue otro argumento para aquellos que quieren eliminar a nuestro ya tan cuestionado Tribunal Constitucional, en medio del proceso constituyente.
Al tratarse el tema en el Pleno de Ministros y no existir unanimidad respecto a qué hacer frente a una denuncia en contra de la Presidenta Brahm, esta por intermedio de su abogado solicita que el Pleno de Ministro vote para que el auto acordado que rige hace 5 años, sea declarado no aplicable a un ministro.

Para la AFUTCCH algo así es es inaceptable. «Dada la eventualidad de que la investigación disciplinaria interna que actualmente se mantiene en curso, no prospere, y en definitiva sea desestimada por aspectos técnicos y de forma, sin siquiera hacerse cargo del fondo y de las denuncias que a la fecha se registran, es que la AFUTCCH tiene el derecho y el deber moral de manifestar la importancia y necesidad de que cualquier denuncia por acoso laboral y maltratos en perjuicio de algún funcionario de la institución, debe ser investigada en un proceso justo que otorgue garantías a todos los intervinientes, respetando el derecho a defensa, ponderando el mérito de los antecedentes, determinando las responsabilidades y sancionando en definitiva a quienes resulten responsables».

Para la asociación «cualquier acción que impida una investigación en derecho y moralmente validada sobre hechos de tanta gravedad, solo puede contribuir a enlodar la imagen del Tribunal de cara a la ciudadanía, cubriendo con un manto de dudas la veracidad sobre la ocurrencia o no de los hechos denunciados y generando un escenario de impunidad del Pleno de Ministros frente a los funcionarios y a todos los chilenos que nos observan con recelo. Todos quienes conformamos la institución, incluyendo a los ministros, tenemos el deber moral y el derecho de que las investigaciones sigan su curso definido y se pronuncien sobre el fondo del asunto».

«No respetar las normas y regulaciones, que ellos mismo exigen respetar al resto de chilenos, es moralmente reprochable. Este auto acordado, que la defensa de la ministra presidenta Sra. Brahm pide sea desconocido por los propios ministros que lo crearon, se convertirá en el símbolo de lo que el TC representa para la ciudadanía», señala la carta insta a cada ministro «que tiene en sus manos la esperanza de justicia para quienes fueron maltratados», que actúen en consecuencia.

La carta finaliza con dos preguntas a los integrantes del TC:

«¿Es moralmente aceptado por usted que todos los ciudadanos de este país, incluyendo a nuestras altas autoridades de la República, puedan ser sumariados o lo que corresponda, y un ministro del Tribunal Constitucional no?

¿Permitirá que una acción tan grave, como es el mal trato laboral, quede impune solo por un supuesto error respecto a que usted como ministro del Tribunal Constitucional no puede ser tocado?
La ciudadanía y nosotros esperaremos atentos los acontecimientos y resultados de la votación de nuestro Pleno de Ministros».