Siguen las protestas contra golpe en Myanmar y desde ONU temen ola de violencia

Miles de manifestantes se concentraron en el centro de Yangón, la capital económica de Myanmar, en respuesta al llamado de protestar masivamente y exigir a la junta militar la liberación de la líder Aung San Suu Kyi y que devuelva el poder a los civiles.

«Hoy, tenemos que luchar hasta el final, mostrar nuestra unidad y nuestra fuerza para poner fin al régimen militar. La gente debe salir a la calle», declaró un estudiante en Yangón, citado por la agencia de noticias AFP.

La protesta en Yangón pareció ser la mayor hasta ahora en la ciudad desde que los militares tomaron el poder en un golpe incruento en 1 de febrero argumentando, sin mostrar pruebas, que hubo fraude en las elecciones de noviembre pasado.

En Nayipidó, miles de personas, incluyendo empleados bancarios e ingenieros, marcharon por sus anchas avenidas para reclamar la liberación de la consejera de Estado Suu Kyi, la jefa de hecho del exgobierno civil, y del presidente Win Myint.

Cientos de manifestantes salieron a las calles también en Mandalay, donde la policía reprimió el lunes pasado a unas 1.000 personas con balas de goma, gomeras y machetes.

En Yangón, para tratar de impedir el paso de las fuerzas de seguridad, los manifestantes bloquearon varias carreteras con vehículos, con la excusa de que estaban averiados.

Si bien no hubo una presencia significativa de militares ni vehículos blindados en las calles, el relator de Naciones Unidas, Tom Andrews, advirtió sobre un eventual recrudecimiento de la violencia después de haber recibido informaciones sobre el envío de tropas «desde las regiones periféricas a Yangón».

«En el pasado, estos movimientos de tropas precedíeron a las matanzas, desapariciones y detenciones masivas», alertó Andrews, que admitió estar «aterrado» por la situación.

Los militares, que vienen endureciendo el tono tras su golpe de Estado, que puso fin a una frágil transición democrática de diez años, ya impusieron la prohibición de reunirse, cortes de Internet y detenciones nocturnas.

El miedo a las represalias está en la mente de todos en Myanmar, la antigua Birmania, donde los últimos levantamientos populares de 1988 y de 2007 fueron reprimidos sangrientamente por los militares, que detentaron el poder desde 1962 a 2015.

Un policía murió ayer debido a las heridas que sufrió durante la manifestación del lunes en Mandalay, informó la junta, que calificó estas protestas de «violentas» y esgrimió repetidamente las amenazas de «sanciones».

Más de 450 personas fueron arrestadas desde el golpe, según una lista confirmada por una ONG de asistencia a los presos políticos. De ellas, 417 siguen bajo arresto.

Otros informes no confirmados aseguran que se han producido más detenciones.

Los militares justificaron el golpe alegando fraude masivo en las elecciones de noviembre en las que venció por aplastante mayoría el partido de Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia (LND).

Tras su detención el día del golpe, Suu Kyi, de 75 años, fue acusada bajo una oscura ley comercial por la importación de walkie talkies que fueron encontrados en su casa.

Ayer, fue inculpada por violar la ley sobre la gestión de catástrofes naturales, según su abogado Khin Maung Zaw, que todavía no pudo contactarla.

Aunque no está claro cómo se puede aplicar esa ley a Suu Kyi, lo cierto es que fue usada contra el depuesto presidente Myint, también detenido el 1 de febrero, en el marco de un acto electoral que, según la junta, violó las restricciones impuestas contra el coronavirus.