Red de sobornos del Lava Jato se expandió por gran parte de América Latina
En forma general, las prácticas ilegales investigadas son la recepción de coimas para favorecer a Odebrecht en la licitación de obras públicas, así como la entrega de dinero ilícito a favor de campañas electorales.
La Operación Lava Jato, responsable de investigar una enorme red de corrupción en Brasil, salpicó también a importantes políticos de América Latina, principalmente a través de la revelación del pago de sobornos de empresas con presencia en la región como la constructora Odebrecht.
Fuera de Brasil, el país más comprometido en el escándalo fue Perú con cuatro expresidentes que se vieron involucrados con el caso: Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.
En forma general, las prácticas ilegales investigadas son la recepción de coimas para favorecer a Odebrecht en la licitación de obras públicas (delitos tipificados como cohecho, colusión, negociación Incompatible, asociación ilícita y tráfico de influencias), así como la entrega de dinero ilícito a favor de campañas electorales (lo que constituye lavado de activos).
Por este caso, Toledo fue detenido y luego puesto libertad bajo fianza en Estados Unidos, mientras que Humala, candidato nuevamente a la Presidencia este año, está libre bajo una figura que se llama comparencia restringida, que lo obliga a presentarse ante la Fiscalía cuando es citado y restringe su salida del país.
En tanto, la causa le valió a Kuczynski abandonar el Gobierno a menos de dos años de haber asumido y hoy está con arresto domiciliario, mientras que Alan García se suicidó en abril de 2019 cuando iba a ser detenido por la Policía.
El caso golpeó a dirigentes de todas las fuerzas y además de los exmandatarios quedaron involucrados exgobernadores y la titular del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori.
En Argentina, la investigación por los pagos ilegales de Odebrecht alcanzó al ex titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Gustavo Arribas, que fue sobreseído luego por el exjuez federal Rodolfo Canicoba Corral, en una decisión ratificada por la Corte Suprema que desestimó reabrir el expediente.
Arribas había sido señalado por Leonardo Meirelles, un arrepentido del Lava Jato, quien aportó copias de más de 4.000 transferencias realizadas desde una cuenta en Hong Kong; entre las que había varias a una cuenta del exfuncionario de Juntos por el Cambio en Suiza, según publicó en enero de 2017 el diario La Nación.
El arrepentido brasileño dijo en distintas oportunidades que le había realizado varias transferencias a Arribas por un total de más de medio millón de dólares, pero el titular de la AFI dijo que solo recibió una y que no fue por una coima sino por la compra de muebles.
Por su parte, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y los exsecretarios José López y Roberto Baratta están acusados de haber recibido sobornos de Odebrecht a cambio del contrato para dos plantas de la empresa estatal Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA).
Odebrecht también terminó siendo investigada por participar de un presunto pago de sobornos para la licitación del soterramiento del tren Sarmiento. En este caso, la Cámara Federal anuló los procesamientos dictados por Martínez De Giorgi a De Vido, Baratta, López, los exministros de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y también dictó la falta de mérito a empresarios como Angelo Calcaterra y Jorge Rodríguez. El Tribunal de Apelaciones ordenó profundizar la investigación y el año pasado el fiscal federal Franco Picardi ratificó la existencia de supuestas coimas.
En Ecuador, el exvicepresidente Jorge Glas está preso desde 2017 y cumple una condena de seis años por recibir millonarios sobornos de la constructora brasileña, según se definió en un muy cuestionado juicio, y terminó perdiendo su cargo en enero de 2018 por «ausencia definitiva» ya que está detenido desde la indagatoria del caso Odebrecht. Glas fue vice de Rafael Correa, sentenciado también por recibir «aportes indebidos» para la financiación de su partido político Alianza País a cambio de contratos con el Estado de varias empresas, entre ellas la constructora Odebrecht, otro caso rechazado por el correismo como parte de una estrategia de «lawfare».
Más al Norte, en México, el caso estalló luego de la declaración de Emilio Lozoya, quien fue director general de la petrolera estatal Pemex durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Lozoya involucró a ese exmandatario y a su predecesor, Felipe Calderón, dentro de una red de corrupción con la que se habría beneficiado Odebrecht a cambio de sumas millonarias de dinero.
Fuente: Télam
