Nuevo video sobre el crimen de Francisco Martínez complica la versión de Carabineros

La aparición de un nuevo video relacionado con el asesinato por disparos policiales de un malabarista en la ciudad sureña de Panguipulli sacudió hoy nuevamente el caso, que desató una ola de protestas, quemas de edificios estatales y comisarías, además de profundizar la crisis de Carabineros, institución envuelta en una catarata de denuncias de abusos y violaciones de Derechos Humanos.

El hecho es investigado como asesinato y en las últimas horas apareció un video nuevo, captado desde desde otro ángulo que el conocido hasta ahora, donde se observa cómo un segundo policía le dispararía al artista callejero cuando este ya se encontraba inmovilizado y herido en el suelo.

Carabineros asegura que la muerte de Francisco Martínez fue «en legítima defensa» y el agente -cuya identidad se mantenía en reserva- continuaba hoy en prisión  y a la espera de la audiencia de formalización, la que se ha suspendido esta mañana por problemas técnicos del tribunal.

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, hizo un llamado a «no especular» e indicó que las autoridades tienen «la convicción de que aquí más que seguir especulando respecto de los videos o imágenes que pudieron aparecer en redes sociales, lo que hay que hacer es esperar la investigación que lleva adelante la Fiscalía».

«Carabineros solo utiliza su arma de fuego como último recurso frente a una amenaza a su integridad física o su vida, o la de un tercero. Y, por lo tanto, lo que hay que determinar aquí es si es que concurren esas circunstancias en este caso», indicó Galli.

Recalcó que «la verdad judicial se forma en base a todos los antecedentes que se allegan a la investigación», y en ese sentido sostuvo que «dar una opinión, y sobre todo desde el Gobierno, con información parcial -porque yo no tengo toda la información que está en la carpeta investigativa- puede ser inconveniente».

El fiscal del caso, Marcelo Leal, aseguró en tanto que en la audiencia de control no se tenían todos los antecedentes que se requerían para formalizar la investigación, entre ellos el informe de la autopsia.

La muerte del joven, en el marco de un «control preventivo de identidad» un polémico mecanismo aprobado en 2019 que permite a los uniformados controlar a cualquier persona sin ningún tipo de justificación, desató una ola de protestas que incluyó ataques a comisarías en varias ciudades, enfrentamientos con la policía y la quema de una decena de edificios públicos en Panguipulli.

Los restos del joven fueron trasladados ayer hasta el cementerio capitalino El Prado, hasta donde llegó tras un recorrido desde el hogar de la víctima.

Todo el proceso fue escoltado por Carabineros, que estaba en el lugar con personal de Control de Orden Público y con carros hidrantes y lanzagases.

Ayer, la organización Human Rights Watch (HRW) reclamó una urgente «reforma seria y rigurosa» de Carabineros y agregó que «Chile debe avanzar urgentemente con una reforma seria y rigurosa a Carabineros».

Así lo afirmó el director para las Américas de HRW, el chileno José Miguel Vivanco, en Twitter, para quien «la policía no puede matar a una persona porque se resiste a un control de identidad», por lo que «urge una investigación exhaustiva y pronta sobre estos graves hechos».