Justicia rusa rechaza apelación del líder opositor Navalny contra su condena a prisión
"Nuestro país se apoya en la injusticia", dijo Navalny tras escuchar la sentencia, antes de citar la Biblia: "Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia porque se verán saciados". (Télam)
Un tribunal de apelación ruso rechazó hoy un recurso del líder opositor Alexey Navalny contra su condena a prisión, pese a que la máxima corte europea de derechos humanos exige la liberación del principal crítico del Kremlin.
El juez del tribunal de Moscú disminuyó, no obstante, en un mes y medio la condena del activista anticorrupción, que finalmente deberá pasar en la cárcel dos años y medio, por no haber cumplido con un control judicial.
Navalny, que podría cumplir su condena en un campo de trabajo, fue encarcelado el mes pasado cuando regresó a su país después de pasar meses de convalecencia en Alemania tras sufrir un envenenamiento que casi le cuesta la vida y del que acusa al Kremlin.
En ese momento, la Justicia transformó una sentencia por fraude que data de 2014 y que podía cumplir en libertad, en una condena con cumplimiento de la pena en prisión, debido a que el activista violó el control judicial durante su convalecencia en Alemania.
Esta es la primera pena de cárcel de larga duración confirmada contra el activista tras una apelación en la decena de asuntos judiciales que tiene pendientes en su país.
Presente en la audiencia, Navalny, con gesto sonriente, rechazó la condena y aseguró que su intención, al ir a Alemania, no era librarse de las autoridades rusas, a las cuales advirtió de su retorno a Rusia.
«Compré un billete y dije a todo el mundo que regresaba a casa. Esto es absurdo», dijo al juez el líder opositor, de 44 años.
El fiscal le respondió que había quebrantado la ley «abiertamente» y que se comportaba como si estuviera por encima de las normas, informó la agencia de noticias AFP.
«Nuestro país se apoya en la injusticia», dijo Navalny tras escuchar la sentencia, antes de citar la Biblia: «Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia porque se verán saciados».
El activista instó a los rusos a actuar y a convertir al país en un lugar mejor. «Rusia no debería ser solo libre, debería ser feliz», dijo.
Uliana Solopova, portavoz del palacio de justicia de Moscú, dijo ayer que los servicios penitenciarios podrán transferir al opositor a alguno de los numerosos campos de trabajo de Rusia si su condena era confirmada.
Herencia de la Unión Soviética, la mayor parte de las penas de cárcel en Rusia se efectúan en campos de trabajo penitenciarios situados a menudo lejos de todo.
El trabajo de los detenidos, habitualmente en talleres de costura o de fabricación de muebles, es obligatorio.
Las condiciones de detención suelen ser motivo de denuncias frecuentes de los defensores de los derechos humanos.
Navalny comparecerá mañana ante otro juez en un juicio por «difamación» contra un veterano de la Segunda Guerra Mundial.
La Fiscalía pide por este caso una multa de 950.000 rublos (unos 10.600 euros, 12.500 dólares) y que la suspensión de pena se convierta en prisión firme.
Las dos audiencias tendrán lugar después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) reclamara esta semana la liberación de Navalny, alegando que existe un riesgo para su vida.
Moscú refutó el pedido de la TEDH como ya hizo con los llamados en este sentido de la Unión Europea (UE), pese a la amenaza de nuevas sanciones.
Navalny, cuya encarcelación en enero provocó tres jornadas de manifestaciones reprimidas por la policía, denuncia que estos trámites judiciales son un montaje.
Según él, el Kremlin quiere meterlo en la cárcel para silenciarlo tras fracasar en su intento de asesinarlo por envenenamiento. Moscú refuta estas acusaciones.
Navalny es objeto también de otros juicios. Por ejemplo, la justicia lo investiga por estafa y si es declarado culpable, podría pasar 10 años de cárcel.
La UE y Estados Unidos han multiplicado los llamados para su liberación, mientras que los colaboradores del opositor exhortaron a Occidente a que imponga sanciones a los altos responsables rusos y allegados al presidente Vladimir Putin.
Moscú ve en ello una «injerencia» en sus asuntos y amenazó a los europeos con represalias.