Justicia colombiana triplica la cifra de civiles asesinados ilegalmente por militares
El mecanismo de Justicia colombiano que investiga los crímenes cometidos en el conflicto entre el Estado y grupos armados elevó hoy a 6.402 el número de civiles asesinados por militares y presentados como combatientes entre 2002 y 2008, casi el triple de lo que se creía.
Los asesinatos de los llamados «falsos positivos», uno de los capítulos más oscuros del conflicto interno que Colombia arrastra desde la década de 1960, involucran a unos 1.500 militares.
Estos engañaban a los civiles para asesinarlos y presentar mejores resultados a sus superiores y de esta forma obtener permisos, premios y otros beneficios.
Al comenzar a indagar en esta cuestión tras su creación en 2015, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia recibió un informe de la Fiscalía General que cifraba en 2.248 los «falsos positivos» entre 1988 y 2014, concentrándose el 59,3% de las víctimas entre 2006 y 2008.
Sin embargo, este mecanismo especial de justicia dijo hoy que hubo 4.154 víctimas más de estas ejecuciones extrajudiciales, informó el diario El Espectador.
«La JEP establece que por lo menos 6.402 personas fueron asesinadas para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008», dijo la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del tribunal.
La cifra que podría aumentar, ya que estos asesinatos ilegales datan desde los años 80 y serán indagados hasta 2016 -año del acuerdo de paz-, pero el tribunal decidió priorizar en esta primera fase de la investigación el período comprendido entre 2002 y 2008 por ser el de mayor número de víctimas.
Si bien hay discrepancias sobre la magnitud de este fenómeno, la JEP afirmó que los distintas fuentes oficiales y no gubernamentales identificaron a esta etapa como la más mortífera, con el 78% del total de la victimización histórica.
Durante esos años estaba vigente la llamada política de seguridad democrática del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010), quien propuso un papel más activo de la sociedad dentro de la lucha del Gobierno contra los grupos guerrilleros.
Según el informe del tribunal especial, en 2001 se registraron 74 «falsos positivos», mientras que en 2002 pasaron a ser 473, más de seis veces más a los reportados el año anterior.
En tanto, las fuentes también coinciden en que estos crímenes cayeron drásticamente en el 2009, al pasar de 792 víctimas en 2008 a 122 casos reportados en 2009.
Los departamentos (provincias) de Antioquia, la Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta son las seis regiones catalogadas como «críticas» y priorizadas por la Sala de Reconocimiento en la primera fase de la investigación del Caso 03, denominado «Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado».
La decisión de priorizar estas zonas, explicó la JEP, se tomó tras un exhaustivo proceso de contrastación de información que, entre otras cosas, incluyó cuatro bases de datos que permitieron a la jurisdicción determinar la dimensión del fenómeno macrocriminal, informó el periódico colombiano El Tiempo.
De su estudio, el tribunal determinó que el 25% del total de «falsos positivos» ocurridos en el país entre 2002 y 2008 ocurrieron en el departamento noroccidental de Antioquía, donde la IV Brigada del Ejército, con jurisdicción en la zona, podría ser la responsable del 73% de las muertes entre 2000 y 2013.
Justamente, en dicha región la JEP descubrió a fines de 2019 una fosa común con más de 50 supuestas víctimas de ejecuciones, de la que brindaron información 14 miembros de la fuerza pública de distinto rango, que en su mayoría no habían sido investigados por la justicia ordinaria.
En una segunda fase de la investigación del caso, la Sala abordará los hechos ocurridos en al menos otros siete departamentos y continuará con su estrategia «de abajo hacia arriba» para identificar a los militares involucrados.
En ese sentido, la JEP priorizó seis subcasos que le permitirán esclarecer el fenómeno, primero, a nivel local, para después subir al nivel regional y nacional de responsabilidad.
Tras imputar el mes pasado a ocho altos mandos de la disuelta guerrilla FARC por el delito de toma de rehenes o secuestro, el tribunal especial concentra ahora sus esfuerzos en esclarecer la investigación sobre los «falsos positivos», uno de los siete macrocasos que investiga sobre el conflicto colombiano.
Según el hebdomadario La Semana, la imputación del Caso 03 podría estar lista en aproximadamente tres meses.
Mientras que en el caso sobre las FARC la investigación se hizo por bloque, en el de los militares se desarrolla por batallón y, aunque las imputaciones serán individualizadas, será determinante la cadena de mando.
Según afirmó el alto tribunal, está claro que hubo “un aparato” de muerte detrás de las ejecuciones.
De momento, los magistrados al frente del caso recogieron más de 220 versiones para esclarecer una práctica, que impactará en las fuerzas armadas colombianas, especialmente en el Ejército Nacional.
La normativa de la JEP determina que si los responsables imputados no aceptan sus delitos, estos pasarán a la justicia ordinaria y podrán enfrentar penas de más de 20 años.
En caso contrario, tendrán entre 5 y 8 años de restricción territorial y serán sometidos a las llamadas penas propias, así como también ocurrirá a los exguerrilleros imputados por delitos de lesa humanidad.
