Estudio Vida en Pandemia: 64% plantea la vacuna como condición para regreso a clases presenciales

A pocos días del inicio de clases anunciado por la autoridad para el próximo lunes 1 de marzo, existe gran incertidumbre sobre la modalidad que tendrá este proceso. El rechazo a esta medida por parte del Colegio de Profesores, la campaña de vacunación en marcha y el anuncio del Presidente Sebastián Piñera sobre un regreso voluntario, gradual, flexible y seguro son algunos de los factores que generan dudas frente a este regreso a clases, a lo que se suma la disposición de apoderados y apoderadas.

Este último aspecto fue analizado por Vida en Pandemia, estudio longitudinal de la Universidad de Chile sobre el impacto de la crisis sanitaria en la población. La investigación, financiada en esta etapa por Unesco, indica en su informe N°8 que un 64% de los padres, madres y cuidadores/as manifiestan que el regreso a clases debe estar asociado a la vacuna y señalan que “Enviaría a sus hijos/as a clases presenciales cuando exista una vacuna; no antes”.

Las diferencias más significativas por grupo de análisis se presentaron según el tipo de establecimiento educacional. El 67% en escuelas municipales, 68% en las particulares subvencionadas y 52% entre los recintos pagados. También se registró una distinción por rango etario: 67% y 68% de los más jóvenes, entre los entre los 20 y 29 años y entre los 30 y 39 años, respectivamente, se inclinaron por esta afirmación; mientras que los grupos mayores, entre 40 y 49 y mayores de 50, lo hicieron en un 59%.

La condición que obtuvo el segundo lugar de preferencias, con un 37%, fue “Cuando el establecimiento implemente las medidas sanitarias que ordena la autoridad”. Las personas que se inclinaron más por esta respuesta fueron las del segmento entre 40 y 49 años.

Irma Palma, académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la U. de Chile e investigadora principal de Vida en Pandemia, sostiene que en el momento de aplicación de la encuesta “la apertura de las escuelas aparecía como contradictoria con el distanciamiento social. Si se debía tener un distanciamiento físico, se preguntaba entonces cómo hacer en sentido exactamente contrario: mover y reunir a grupos, justamente a niños/as, quienes no podrían cumplir las normas del distanciamiento. Lo anterior, a pesar que la estrategia gubernamental aseguraba que era compatible asegurar protección a las personas y viabilizar el funcionamiento de las escuelas”.

Confianza en la autoridad

La encuesta aplicada a padres, madres y cuidadores de niños, niñas y adolescentes entre cero y 18 años de distintas partes del país, reveló además una baja confianza en el gobierno, principalmente entre los más jóvenes, grupos de menores ingresos, y personas tanto en el sistema municipal como en el particular subvencionado.

Solamente el 28% comparte “totalmente” o “en gran medida” la afirmación “Abriendo de nuevo las escuelas, el Gobierno busca que no se afecte negativamente el aprendizaje de los/as estudiantes”. En el otro extremo, quienes comparten “nada” o “poco” esta sentencia alcanza al 45%. Por otra parte, sólo 25% comparte “totalmente” o “en gran medida” la afirmación “Al Gobierno le preocupa que los/as estudiantes más pobres sean más perjudicados si se prolonga la educación a distancia”. Quienes comparten “nada” o “poco” esta sentencia, en tanto, alcanzan al 55%.

Ante la expresión “El Gobierno piensa normalizar la vuelta al trabajo de los padres y madres, a costa de exponer a los/as niños/as al contagio del COVID-19”, el 57% de las personas está de acuerdo “en gran medida” o “totalmente” con la expresión, mientras que aquellas que responden “poco” y “nada” sólo llegan al 24%.

Por otra parte, un 19% adscribe “en gran medida” o “totalmente” a la afirmación “El Gobierno está adecuando las escuelas en el sistema público para que los/as estudiantes retomen las clases y al mismo tiempo evitar que se contagien”. Quienes comparten “poco” o “nada” este juicio, en tanto, alcanzan el 57%.

Finalmente, sólo 9% participa “en gran medida” o “totalmente” del juicio “El Gobierno ha tomado en cuenta la opinión de los padres, madres y apoderados/as”; mientras un 73% lo comparte “nada” o “poco”. Las principales diferencias frente a esta afirmación están asociadas a las edades y a los niveles de ingresos. Si bien el rechazo a esta sentencia es alto y homogéneo, los jóvenes y personas de menores ingresos son los más críticos.

El proceso del retorno

Frente a estos resultados y el regreso a clases presenciales, Irma Palma señala que “serán aproximadamente cinco millones de estudiantes y miles los integrantes de los equipos educacionales que abandonarán la desestabilización de la vida cotidiana. El mundo del trabajo y el de la educación constituyen dos ámbitos principales de esa desestabilización. Por una parte, porque la crisis del mundo del trabajo está asociada a la crisis económica. Por otra parte, porque la vida cotidiana se encuentra estructurada en torno al domicilio y el trabajo, y esto ha sido una de las pérdidas más fundamentales del encierro”.

Respecto a las actuales diferencias sobre las condiciones de apertura, comenta que “el cierre de las escuelas fue una decisión presionada por la sociedad, y la apertura tendría que ser una decisión consensuada entre Gobierno y sociedad y, del mismo modo que hicimos en marzo de 2020, debiésemos hacer del paso a la educación presencial un proceso. Si el paso a la educación que tuvimos en 2020 fue inédito en la historia de la educación, el que vendrá también lo será”.