Presidente de Ecuador lanza última apuesta económica para garantizar continuidad de su modelo

En medio de la incertidumbre poselectoral sobre quién pasará al balotaje con el correísmo, el presidente saliente de Ecuador, Lenin Moreno, presentó esta semana su última gran apuesta económica, un proyecto de ley para hacer independiente al Banco Central de Ecuador (BCE), una medida que algunos especialistas advierten condicionaría al próximo Gobierno y que ya fue denunciada por el ganador de la primera vuelta, Andrés Arauz, como «una privatización».

Apenas un día después de los comicios, Moreno envío el denominado Proyecto de Ley para la Defensa de la Dolarización a la Asamblea Legislativa «con carácter económico urgente», por lo que si no logra tratarse en un mes, la medida podría ser adoptada por decreto.

La iniciativa, que contempla 84 reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero, forma parte de las metas incluidas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de agosto de 2020 y su aprobación permitiría el desembolso en mayo próximo de otros 400 millones dólares al país.

Según afirmó el Gobierno, uno de los objetivos del proyecto es dotar de autonomía al BCE para «evitar manejos políticos e irresponsables que busquen utilizar las reservas internacionales para financiar el gasto del Estado».

No obstante, hay expertos que advierten sobre la «mal llamada» independencia del BCE y sus consecuencias en la maltrecha economía ecuatoriana, cuya situación ha empeorado drásticamente con la pandemia.

«Es una reforma que busca entregarle el directorio central al sector privado. No es una independencia, sino una dependencia de los grandes grupos económicos del país», dijo a Telám el especialista en sociología económica y mercados ecuatorianos, Andrés Chiriboga.

Para el analista, el proyecto supone «atar de manos» a la entidad y generar una «regulación mínima», con la liberalización de la tasas de interés y una reducción de los controles al sistema financiero, además de otros mecanismos polémicos de «subsidio y salvataje bancario» y el uso de la reserva internacional.

«Es un gran peligro para cualquier tipo de economía y más aún para una economía sin moneda propia», sentenció.

Una opinión distinta manifestó Alberto Acosta, editor de la publicación Análisis Semanal, quien consideró que una economía dolarizada no necesita de un Banco Central.

«Correa eliminó (en 2014) la autonomía del BCE con el objetivo de utilizarlo para financiar gasto público», explicó y agregó: «El desafío de esta reforma es devolver la liquidez al BCE y cerrar esa brecha que tiene actualmente tan grande para que pueda responder frente a todos los depositantes».

Pese a estas diferencias conceptuales, la reforma genera también controversia por darse en un contexto de transición de poder, en el que el Gobierno de Moreno -con la popularidad por el suelo y tras una derrota total de su partido en las elecciones- busca garantizar la continuidad de sus políticas económicas más allá de su mandato presidencial y de quién lo suceda.

«A Guillermo Lasso le viene muy bien, es un marco regulatorio que le conviene, pero a Arauz le pone un ancla a su programa económico», señaló Chiriboga, doctorando y profesor en el Instituto de Estudios Políticos de París.

En lo inmediato, la validación de la reforma supondría que Arauz renuncie a su promesa de campaña de entregar en la primera semana de Gobierno un subsidio de 1.000 dólares a un millón de familias afectadas por la pandemia, que pretendía financiar con dinero de la reserva internacional.

El candidato correísta fue el primero en denunciar este martes la maniobra del Gobierno y pidió a los legisladores archivar la iniciativa.

«Manifestamos nuestra abierta oposición a la ley de privatización del BCE enviada por el presidente saliente a pocos días de dejar su Gobierno», dijo Arauz en una conferencia de prensa desde Quito.

«No es admisible que se quiera privatizar la gobernanza del BCE para que los banqueros puedan seguir en el ejercicio del poder, independientemente de la voluntad democrática del pueblo», añadió.

El economista, de 36 años, advirtió que, de lograr su aprobación, la normativa dejaría al siguiente Gobierno «sin instrumentos efectivos» para poder aliviar la «enorme carga de endeudamiento» que están sufriendo «las familias ecuatorianas y los empresarios honestos».

Por ello, instó a los asambleístas actuales y venideros a mantenerse «firmes y alertas» con este texto y les pidió alcanzar «un acuerdo programático» para poder garantizar los derechos de los ecuatorianos y evitar la «profundización de la agenda neoliberal» en estos últimos meses de Gobierno de Moreno.

En ese sentido, recordó que la Asamblea Nacional ya rechazó un «texto idéntico» en noviembre de 2019 y aseguró que su movimiento ya está trabajando para lograr la mayoría legislativa necesaria para evitar que el proyecto salga en las próximas semanas.

«Creemos que hay condiciones en la Asamblea, condiciones históricas además, para que esto no prospere», expresó y sentenció: «No podemos abrir las puertas a un proyecto de ley que da superpoderes a un directorio que permitiría un nuevo salvataje. Tenemos que archivar la ley de privatización del BCE».

De momento, el Consejo de Administración Legislativa decidió hoy devolver el proyecto al Ejecutivo por problemas de forma, por lo que el Gobierno deberá corregir los errores y remitir el nuevo texto entre hoy y mañana, según reportó el diario El Comercio.

Pero si Moreno llegará a imponerlo por decreto, Arauz fue lapidario en que su derogación debería ser una prioridad para las futuras autoridades electas: «Propuesta por un Gobierno saliente, sin apoyo democrático, por el Ministerio de la Ley y abiertamente inconstitucional, eso tendrá que ser derogado apenas lleguemos a la Asamblea Nacional».

El próximo Parlamento asumirá en mayo sin mayoría clara, pero con dos minorías fuertes: el correísmo y el partido indígena Pachakutik.