Correísmo y partido indígena serán clave para garantizar gobernabilidad en Ecuador
Más allá de quién gane el balotaje el próximo 11 de abril, las elecciones en Ecuador dejaron un Congreso atomizado, en el que el correísmo y el partido indígena Pachakutik (PK) serán las fuerzas mayoritarias, clave a la hora de garantizar la gobernabilidad del próximo Ejecutivo, pero cuya antigua rivalidad se presenta como un obstáculo para establecer una agenda de consenso.
Con más del 87% de actas contabilizadas, ambas fuerzas aglutinarán más del 50% del total de 137 escaños de la Asamblea Nacional: la alianza correísta Unión por la Esperanza (Unes) obtendría 49 bancas, mientras que el PK 27.
Detrás le siguen el Partido Social Cristiano y sus aliados, con 19 escaños y, muy cerca, Izquierda Democrática (ID). Por su parte, el partido de Xavier Hervas, ingeniero y sensación de TikTok que se inauguró en la política en esta elección, se instala con 17.
El movimiento CREO, del candidato de unidad de la derecha Guillermo Lasso, es el gran perdedor al obtener 12 legisladores entre propios y en alianza, ocho menos que en la legislatura saliente.
Si bien aún se desconoce quién enfrentará al correísta Andrés Arauz en la segunda vuelta -la diferencia entre Lasso y el aspirante indígena, Yaku Pérez, es de apenas unas décimas-, ya es claro que ninguna fuerza lograría la mayoría legislativa de 69 escaños, por lo que los proyectos del futuro Gobierno requerirán de una complicada ingeniería de alianzas.
«La representatividad de ideales de izquierda tiene más del 50% de la Asamblea, pero cómo se articula y gestiona eso a través de las fuerzas políticas es otra cosa», dijo a Télam Nicolás Oliva, miembro del Consejo Ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).
«No creo que haya bloques (alianzas) legislativos definidos y constantes, es muy difícil», añadió.
En el caso del correísmo y el partido indígena, el especialista destacó que ambos tienen una fuerte idea de lo «nacional popular» y comparten la «columna vertebral del progresismo», pero también hay «muchos desacuerdos» -principalmente en el modelo de desarrollo económico- y existe un «resentimiento antiguo».
Aunque en 2006 el PK aupó la candidatura de Rafael Correa y se unió a la coalición de Gobierno liderada por Alianza PAIS, en 2009 la relación se tensó tras la aprobación de una ley a favor de la minería y se quebró un año después con la validación de una normativa sobre el uso de los recursos hídricos.
El partido indígena, cuya principal lucha es la defensa ambiental del territorio, pasó entonces a ser uno de los principales opositores al Gobierno del expresidente y Pérez, su actual candidato, fue detenido cuatro veces por participar en protestas durante su gestión.
Por ello, para el historiador e investigador del Instituto de Estudios Ecuatorianos, Pablo Ospina, un acuerdo entre la Unes y el PK se presenta «bastante imposible», salvo con una marginación de Correa, que tampoco parece probable hoy en el caso de un Gobierno de Arauz.
«Es posible una cierta alianza entre el correísmo y el movimiento indígena, pero no con el Correa que conocemos ni tampoco con el poder que tiene. Si se transforma milagrosamente o logran apartarlo o algo así, tal vez se logre», dijo a Télam Ospina, quien se manifestó favorable al partido indígena.
Una opinión compartida por Oliva, quien calificó a la figura de Correa como «la tuerca y el tornillo del proceso: es el poder, pero también tiene sus límites».
En sus primeras apariciones tras ganar la primera vuelta, Arauz manifestó su intención de forjar «acuerdos legislativos y programáticos» con las fuerzas de la unidad plurinacional y la socialdemocracia, a la vez que se distanció de los cruces que tuvo su mentor con otros candidatos en Twitter: «Yo no voy a hablar en nombre de Rafael Correa, así como él no puede hablar en nombre mío».
Para el economista de Celag, Arauz podría acercarse a otros espacios si apuesta por un discurso más renovado, dejando atrás las «rémoras machistas y tan extractivistas» del modelo de la década correísta, y reencauza el proyecto retornando a los orígenes de la Constitución de 2008.
«Ese es el gran reto. Es difícil, pero si hay una estrategia clara en la interna del correísmo que defina que es momento de una apertura, que Correa podría dejar de estructurar su ataque indiscriminado y bajar un poco las armas, me parece que hay posibilidades», estimó.
También el historiador consideró que Arauz debería distanciarse y demostrar que es independiente de manera convincente para poder dar credibilidad a su mensaje conciliador, aunque advirtió que «va a tener que tensar la cuerda tan fuerte con Correa que probablemente se rompa».
De momento, es la unidad contra el correísmo la que volvió a aflorar de cara a la segunda vuelta, con el llamado del líder de ID a Lasso y Pérez a unirse en un «pacto por el Ecuador» para evitar el retorno de lo que llamó la «dictadura correísta».
Aunque Lasso aceptó la propuesta, Pérez rechazó en un principio pedir el voto para el banquero frente al correísmo, como hizo en el balotaje de 2017, pero luego se dijo abierto a dialogar para hacer «un frente a la corrupción» si se hacía un recuento de los votos para evitar el «fraude» que lleva días denunciando.
Incluso si el PK decide no apoyar a ningún candidato en la segunda vuelta, Ospina recordó que su electorado es «históricamente» el que menos votó a favor de Correa y, de hecho, en los comicios de 2013 y 2017, una parte importante lo hizo por Lasso.
«Correa es el principal activo político en la primera vuelta, pero en la segunda es el principal pasivo político porque no importa quién te quiere, sino quién no te odia», explicó y agregó: «En las bases de PK hay bastante división, pero al final votan contra Correa».
Si bien ambos expertos creen que el escenario político se definirá cuando se conozca el nuevo Gobierno, coincidieron en que los acuerdos legislativos dependerán de agendas específicas y de la capacidad que tenga el próximo presidente de convencer a diputados menores de desligarse de sus grupos.
No obstante, Ospina indicó que si la atomización del Congreso dificulta la gobernabilidad, el presidente siempre tiene la opción de disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones: «una herramienta que quizás privilegiaría Correa, ya que sería una especie de reedición de su estrategia en 2006», concluyó.
