Cambian Código Procesal en Nicaragua y ahora detenciones preventivas pueden ser de hasta 90 días
Las detenciones preventivas en Nicaragua podrán extenderse hasta por 90 días, según una reforma que aprobó hoy el Congreso, de mayoría oficialista, en una decisión que independientes y opositores consideran "persecutoria".(Télam)
La iniciativa señala que 48 horas después de la detención de un acusado, el Ministerio Público (Fiscalía) podrá pedir al juez que amplíe el plazo para investigar y mantener detenido a un imputado, si considera que necesita más tiempo para completar información.
La reforma fue aprobada por los 70 diputados del gobernante Frente Sandinista (FSLN) y sus aliados, con 16 votos en contra.
Con esta nueva norma, que implica la reforma de los artículos 253 y 256 del Código Procesal Penal, el juez podrá otorgar a la Fiscalía un «plazo razonable» de investigación, el cual «no podrá ser menor de 15 días ni mayor de 90».
Hasta hoy, en 48 horas un detenido debía ser presentado ante un juez para la realización de una audiencia preliminar.
«Si no le caes bien a la pareja presidencial, te pueden mandar a la cárcel sin mérito alguno entre 15 y 90 días», advirtió el diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) Maximino Rodríguez, a la agencia AFP.
Sectores independientes de la sociedad civil y de organizaciones de oposición denunciaron hostigamiento por parte del gobierno del presidente Daniel Ortega, en el poder desde 2007, y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, sobre todo después de las protestas contra el gobierno ocurridas en 2018.
Para la dirigente del no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) Vilma Núñez, la nueva norma «se presta a una ampliación discrecional terrible y por eso es persecutoria».
El oficialismo, en cambio, argumentó que Nicaragua era “el único país que restrictivamente tiene que presentar la acusación en el corto plazo de 48 horas cuando la persona está detenida, lo que limita realizar una investigación exhaustiva».
La reforma «garantiza la protección de los derechos de las personas acusadas» y permite «emitir sentencias judiciales sustentadas», evaluó el diputado sandinista Emilio López en el debate.
Para el diario La Prensa, la reforma votada hoy no hace más que legalizar “la forma en que viene operando la Policía Orteguista, que arbitrariamente detiene a cualquier ciudadano, sobre todo opositores, manteniéndolo semanas e incluso meses preso”.
Los votos en contra fueron 14 del PLC, uno del partido indígena Yatama, uno del Partido Liberal Independiente y uno de la Alianza Liberal Independiente.
En septiembre del año pasado el Consejo de Derechos Humanos de la ONU cuestionó la situación en la materia de Nicaragua, que dos años antes expulsó a diplomáticos de la organización al acusarlos de parcialidad.
La Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, criticó varias veces la situación del país y la inacción oficial para superar las causas de una ola de protestas antigubernamentales de abril de 2018, después de la cual se multiplicaron las denuncias.
