Un Intendente marioneta de un poder fáctico

Como cuestión previa señalamos que, en nuestro ordenamiento legal, los representantes del Presidente de la República en las 16 regiones que tiene el país son los denominados intendentes, quienes próximamente no existirán pues se creó la figura del delegado presidencial regional con limitadas atribuciones. Los mandamases, elegidos por votaciones populares, serán los gobernadores regionales y ya hay varios personajes que están en la pelea para ejercer dichos cargos.

El Plan Regulador Intercomunal (PRI) de la 2a. región de Tarapacá, después de una prologada tramitación en los estamentos sectoriales, cumpliendo con todas las exigencias legales, incluyendo entre otras, las consultas a los municipios involucrados, la democrática y necesaria participación ciudadana y la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), fue ingresado por el Gobierno Regional respectivo en la sede local de la Contraloría General de la Republica para su toma de razón, con lo cual, publicado en el Diario Oficial, debía empezar a operar en todos los territorios de las comunas de Iquique, Alto Hospicio y Huara, lo que lamentablemente no ha sido posible por una discrecional y arbitraria decisión del intendente UDI Miguel Ángel Quezada.

Este funcionario público, hombre de absoluta confianza de Piñera en dicha región, aceptó de buenas a primeras la indebida presión de los empresarios locales que explotan comercialmente el recurso suelo, liderados por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y motu proprio, el 21 de diciembre de 2020, retiró dicho instrumento de planificación territorial de la Contraloría. Esta mala práctica que linda con la corrupción, nos fue informada por el abogado Enzo Morales candidato independiente al cargo de gobernador regional, a quien le agradecemos que haya tomado contacto con nosotros, pues estas obscenas situaciones deben ser divulgadas masivamente por los medios de prensa que cultivan la libertad de expresión.

Bajo ciertos supuestos, esa autoridad regional podía realizar esa gestión administrativa, pero cuando la adoptó no existía información oficial sobre las fundadas razones que debían justificar esa decisión. Hemos sabido que la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo, organismo técnico encargado de la elaboración del PRI, tampoco tenía información sobre cuáles eran los argumentos técnicos que avalaban esa gestión del intendente, pues las observaciones que había formulado la Contraloría Regional en la etapa final de la elaboración del PRI estaban todas resueltas, restando solamente su toma de razón. El 6 de enero de 2021 hubo una sesión digital de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Gobierno Regional de Tarapacá, en la cual se evidenciaron las irregularidades, las que quedaron refrendadas en Certificado N°007/2021 del 15 de enero de 2021 firmado por el abogado William Miles, ministro de fe Secretario Ejecutivo del Consejo Regional Tarapacá.

El intendente Quezada retiró el PRI desde la Contraloría Regional porque la senadora también UDI, Luz Ebensperger, había convenido con la directiva regional de la CChC que ese instrumento no resguardaba los intereses de la industria inmobiliaria, pero expresando eufemísticamente en una nota de prensa que ese instrumento normativo «no respondía a las reales necesidades de los iquiqueños». Vaya, vaya, ahora esta asociación gremial empresarial muestra tanta preocupación por la ciudadanía.

Frente a esta irregular situación, el 14/01/21 nos dirigimos al Intendente Quezada solicitándole el pronto reingreso del PRI a la Contraloría, nota sin respuesta a la fecha (Ver aquí).

Debido a lo anterior, nos vimos compelidos a denunciar el hecho en la sede central de la Contraloría, dirigiéndonos por lo tanto a su titular, Jorge Bermúdez, pues ante la falta de un pronunciamiento del intendente que justificara fundadamente la interrupción del proceso de aprobación del PRI, luego de haber cumplido ese instrumento todas las exigencias administrativas y técnicas y la constatación de gestiones de una organización gremial empresarial interesada en la materia, hacían suponer que la desatinada decisión del Intendente no cumplía el artículo 28 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) donde se indica que «La planificación urbana es una función pública cuyo objetivo es organizar y definir el uso del suelo y las demás normas urbanísticas de acuerdo con el interés general».

Nótese que la ley habla de «interés general» y no del «interés privado» de quienes lucran con este tipo de negocios. Tampoco la iniciativa del intendente respetó los artículos 3º y 4º de la ley Nº 20.285 de Transparencia.

Sabemos que los alcaldes de las 3 mencionadas comunas y el Colegio de Arquitectos de esa región están preocupados por lo acontecido y así lo han manifestado públicamente, debido entre otros motivos, a que, si se llegara a convalidar la decisión de Quezada, tendrá que haber una nueva y larga tramitación del PRI solo para que se incorporen allí las normas urbanísticas que sean del agrado de la CChC y sus asociaciones adláteres.

Este columnista tiene confianza en lo que dirá la Contraloría, pues este órgano fiscalizador ha dado muestras palpables en su lucha contra la corrupción y siendo así, seguramente dentro de las próximas semanas, con la respectiva toma de razón del PRI, todo volverá a la normalidad en el territorio urbano y rural de la 2a. región de Tarapacá.

Está bien que la senadora UDI Ebensperger sea promotora del sector inmobiliario, pero estuvo muy mal lo que hizo el intendente Quezada, quien campante continuará ejerciendo su cargo, pues contando con el apoyo de Piñera, este episodio será solo una simple anécdota para él. En todo caso, si Quezada hubiera sido gobernador regional no podría haber actuado como un emisario de un poder fáctico, ya que aquellos próximamente le rendirán cuenta a la ciudadanía.