Transparencia Internacional posiciona a Chile como el segundo país menos corrupto de Latinoamérica
A pesar de la positiva evaluación, la organización dio aviso de los patrones que ha seguido el país desde el 2017 y en base a ello alertó un futuro estancamiento.
Por Javiera Escudero
De acuerdo al último informe sobre Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) del año 2020, que emitió ayer Transparencia Nacional, Chile se evalúa como el segundo mejor país de Latinoamérica, después de Uruguay y el tercero de todo el continente junto a Estados Unidos.
El ranking estudia y posiciona a 180 países y analiza puntos como la recepción de sobornos, escándalos políticos, la asignación de fondos, los gastos públicos, la malversación, la sub e hipervaluación de precios, entre otras aristas relevantes para la medición.
A pesar de que Chile pasó el lugar 26 al 25, lo que indica una mejora a nivel global, la entidad dio advertencia de un próximo estancamiento, puesto que el país se ha mantenido, desde 2017, con una valoración de 67 puntos de un total posible de 100.
«Durante los últimos seis años han estallado una serie de escándalos que han influido, con mucha razón, en la percepción de las ciudadanía en materia de corrupción. Simultáneamente se han ido tomando medidas, lo que es valorable, pero insuficiente» afirmó Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente y miembro del directorio de Transparencia Internacional.
Según las cifras del ranking, los países que figuran como los más corruptos de América Latina son Venezuela (173), Haití (168), Nicaragua (161), Guatemala (146), Honduras (146) y Paraguay (137). Mientras Somalia (9 ptos.), Sudán del Sur (12 ptos.), Siria (13ptos.), Yemen (15 ptos.) y Afganistán (16 ptos.) son indicados como los países con mayor índice de corrupción del mundo. Y por el contrario, aquellos que lideran la lista mundial son Nueva Zelanda (87 ptos.) y Dinamarca (100 ptos).
Respecto al futuro de Chile y los resultados del informe, Precht afirmó que a nivel nacional «tenemos grandes desafíos, como vigilar los diversos procesos electorales que se efectuarán este año y gestionar los riesgos presentes en cada uno de ellos; transparentar las decisiones en inversiones que se realicen para luchar contra el coronavirus; y garantizar una recuperación económica libre de corrupción».
