La institucionalidad ambiental es una calamidad
Por Patricio Herman, presidente Fundación Defendamos la ciudad.
Hace unos días la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) anunció con bombos y platillos que ponía en marcha el «Portal Ciudadano de Denuncias», un nuevo mecanismo para que las personas reclamen por incumplimientos de la normativa ambiental
La ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, al respecto señaló “esta iniciativa, es sin duda, una extraordinaria herramienta ciudadana que permitirá que todos los chilenos y chilenas, desde cualquier punto del país, que necesiten realizar una denuncia ambiental puedan hacerlo de manera online, con su clave única, desde su celular o computador”.
Dicha ministra también destacó que el nuevo sistema no solo permitirá una mayor transparencia en los procesos y acercar la justicia ambiental a las personas, sino también la posibilidad de que los ciudadanos hagan seguimiento de las actividades realizadas por la Entidad Ambiental ante sus denuncias, ya sea fiscalización, sanción, requerimiento o archivo, entre otras. Bonita y engrupidora declaración pública de esa persona de confianza del venido a menos presidente Piñera.
A propósito de lo anterior, debemos informar a la mencionada ministra y al Superintendente del Medio Ambiente, Cristóbal de la Maza, que estos nuevos mecanismos de denuncia solo podrán tener efecto si los funcionarios y autoridades de turno llegaran a cumplir correcta y oportunamente las funciones que les asigna la ley, lo que hasta ahora está muy lejos de ocurrir en demasiados casos.
Como este columnista siempre expresa opiniones duras teniendo completa evidencia que las respaldan, presentamos a continuación algunos ejemplos de denuncias ciudadanas cuyos plazos de tramitación en la SMA se acercan a los 4 años, sí amigos lectores, ¡casi 48 meses!
El primer ejemplo es la denuncia interpuesta por la fundación Defendamos la Ciudad en abril de 2017 por el fraccionamiento del loteo industrial-residencial denominado «Ciudad de Los Valles» en la comuna de Pudahuel, autorizado de una vez en 1994 a una empresa inmobiliaria que hizo una tremenda fortuna con ese loteo y otro denominado Lomas de Lo Aguirre. Esos terrenos eran rurales y de la ex Corporación de la Reforma Agraria (CORA) y, en dictadura, el Estado los vendió y el Minvu los transformó después en urbanos. Es lo mismo que ahora esa empresa en parte está replicando en el sector de Chicureo, comuna de Colina, en terrenos que originalmente eran rurales, pero que se definieron por la autoridad como de equipamiento.
El gobierno anterior de Bachelet recibió la denuncia ambiental e inició la tramitación de la misma, pidiendo el 22 de agosto de 2017 al alcalde Johnny Carrasco, a través del oficio Ord. Nº 1.953, información sobre las autorizaciones entregadas al titular del loteo para analizar la posible infracción al artículo 11 bis de la ley Nº 19.300 de Bases del Medio Ambiente. El alcalde no informó a sus vecinos sobre esta denuncia, como era su deber, más todavía si él vive en ese lugar desde 2005 junto a otros miembros de su familia. La municipalidad tampoco se hizo parte de la denuncia.
La última gestión conocida públicamente ocurrió el 21 de noviembre de 2019 cuando la SMA volvió a requerir información a la inmobiliaria, pero esta vez mucho más detallada mediante la Resolución Exenta Nº 1.626, producto del evidente fraccionamiento del loteo hecho a vista y paciencia de la municipalidad, del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), de la SMA y de todos los «honorables» y autoridades de turno que circulan raudos por la autopista concesionada Ruta 68 en dirección al Congreso Nacional en Valparaíso. El 20 de noviembre de 2019, la SMA había solicitado la misma información al titular de Lomas de Lo Aguirre a través de la Resolución Exenta Nº 1.616. Ese proyecto había sido denunciado por fraccionamiento en 2018 por la concejala de esa comuna, Gisela Vila. Como ya mencionamos, ese titular es el mismo de Ciudad de Los Valles.
En vista de lo anterior, rápidamente la empresa inmobiliaria buscó ayuda y ahora está asesorada por conspicuos y muy formales abogados, que entregaron sesudos argumentos a la SMA para evitar que su cliente sea obligado a mitigar los impactos ambientales ocasionados desde el año 2004. Esos mismos abogados fueron contratados por otra inmobiliaria que ha desarrollado y sigue comercializando condominios habitacionales en un área agroindustrial en el loteo Izarra de Lo Aguirre, al lado de Ciudad de Los Valles, conformando un grupo de proyectos inmobiliarios que también eludieron su ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Esos mismos asesores jurídicos brindan sus estimados servicios profesionales a los dueños del proyecto inmobiliario de parcelas de agrado denominado «Chaguay» en el Área de Preservación Ecológica de la comuna de Lo Barnechea: este mismo proyecto fue denunciado en la SMA, junto a otros tres de similares características en la comuna de Colina, hace más de un año debido a que los cuatro estaban produciendo daños ambientales de proporciones en esas zonas protegidas oficialmente por el Estado, sin que ese organismo «especializado» hasta la fecha asuma su rol.
El segundo ejemplo corresponde a otras denuncias de la concejala Gisela Vila, referidas a varios proyectos industriales de Pudahuel que también eludieron el SEIA. Esas denuncias se hicieron el 28 de mayo de 2018 y solo recientemente la SMA inició los procedimientos para, eventualmente, exigir que se hagan los análisis de impacto ambiental, todos los antecedentes están disponibles en https://snifa.sma.gob.cl/RequerimientoIngreso.
En estos casos, además, el SEA ha incumplido y sigue incumpliendo el plazo legal que tiene para evacuar los informes que le solicitó la SMA. El asunto fue denunciado en la Contraloría General de la República, la que pronto debería emitir un completo dictamen en el cual posiblemente volarán cabezas y esperamos que generará jurisprudencia administrativa sobre dicho plazo en base al artículo 62 de la ley orgánica de la SMA y lo indicado en los artículos 37 bis y 38 de la ley Nº 19.880.
Vale recordar que en marzo de 2020 ocurrió una explosión en uno de los proyectos denunciados en 2018 por la concejala Vila donde lamentablemente fallecieron cuatro personas. Nadie sabe lo que ocurre en esos enormes recintos de bodegaje porque han operado durante muchos años sin ninguna fiscalización municipal o sectorial. La municipalidad tampoco se hizo parte de las denuncias ambientales de la concejala, por el contrario, hasta esta fecha el DOM y el alcalde declaran que no hay irregularidades en ese ámbito.
Por último, debemos señalar que la municipalidad de Pudahuel no ha realizado acciones en contra de las empresas de la comuna que han provocado daño ambiental, como lo faculta el artículo 54 de la ley Nº 19.300. Esa falta de reacción, según ese mismo artículo, haría solidariamente responsable a la municipalidad de los perjuicios ocasionados por los proyectos. ¿Qué pensarán ahora los candidatos a alcalde de esa comuna al saber que la justicia ambiental podría obligar a reparar con el patrimonio municipal el daño ambiental ocasionado por empresas privadas?
En todos estos casos es evidente, para cualquiera que conozca del tema, que los proyectos en Pudahuel debieron someterse hace mucho tiempo al SEIA, dado el tamaño y/o cantidad de viviendas que tienen, pero la municipalidad, el SEA y la SMA optaron por el camino fácil de no «hacer sus pegas» oportunamente, por las cuales reciben mensualmente ingentes sumas de dinero por parte del papito Estado. La duda que tenemos es si fueron negligentes o bien con sus inacciones intentaron favorecer los intereses de los inversionistas.
En vista de estos ejemplos nos planteamos las siguientes preguntas: ¿qué pasará a partir de ahora con este bullanguero anuncio ministerial si los ciudadanos hacen uso del nuevo sistema online de la SMA y aumenta notoriamente el número de denuncias? y ¿quién les garantizará a esos ciudadanos que sus denuncias serán atendidas dentro de plazos razonables? Esperamos con ansias un milagro para que estas instituciones ambientales se pongan a trabajar como Dios manda, pues si continúan con las demoras indicadas, el presidente Piñera tendrá que ejercer sus amplias atribuciones para, vía una completa reingeniería, como decía su colega Lagos, las instituciones funcionen.
Parte de esa «reingeniería» está discutiéndose desde mayo de 2018 en el marco de la ley conocida como «Proyecto Pro Inversión» (Boletín 11747-03 Cámara de Diputados), cuyo objetivo es perfeccionar nuestro ordenamiento jurídico para “equilibrar debidamente la certeza jurídica que éste provee, por un lado, con la agilidad y rapidez que demanda la ejecución de proyectos productivos complejos y de crucial importancia para nuestro país”, teniendo como objetivos específicos disminuir los plazos de tramitación, eliminar incertezas jurídicas y mejorar la información disponible para los inversionistas mineros.
Uno de esos perfeccionamientos era establecer “el carácter vinculante de las respuestas a las consultas de pertinencia de los interesados en presentar un proyecto a evaluación de impacto ambiental, o las modificaciones a proyectos en ejecución”, pero los parlamentarios modificaron correctamente esa propuesta y optaron por no hacerlas vinculantes, pues todos saben que el SEA es un organismo cautivo del gobierno. Pero, ¡era qué no! Piñera, utilizó el artículo 73 de la Constitución para ingresar un veto al texto de la ley aprobado por los parlamentarios, buscando insistir en que las respuestas del SEA sí sean vinculantes. Ahora los parlamentarios deben discutir nuevamente el asunto y si prospera el veto presidencial, el resultado será sin duda que muy pocos proyectos ingresarán al SEIA, con lo cual se evidencia que, por lo menos en el ámbito ambiental, este gobierno no tiene dedos para el piano.
