Del roaming al nacionalismo escocés, efectos del acuerdo posbrexit entre el Reino Unido y la UE
Las consecuencias del acuerdo comercial posbrexit entre la Unión Europa (UE) y el Reino Unido que rige desde hoy son muy variadas y, aunque ambas partes se mostraron victoriosas tras una larga negociación, no todos se sienten de esa forma. (Télam)
«El acuerdo muestra que al final del día ambas partes estaban bastantes interesados en alcanzarlo. Había líneas rojas que ambos lados no estaban dispuestos a cruzar: el Reino Unido acepta fricciones en el comercio para proteger su soberanía y priorizar los controles; mientras que la UE estaba interesada en proteger el mercado único y su sistema de regulación», afirmó a Télam la analista política británica Jill Rutter.
«Ambas partes se pueden declarar como satisfechas con los términos», añadió la académica, exfuncionaria y miembro del instituto de investigación independiente The UK in a Changing Europe (Reino Unido en una Europa en Cambio), en referencia a la reacción de los líderes políticos a ambos lados del Canal de la Mancha.
El primer ministro británico Boris Johnson celebró el acuerdo repitiendo tantas veces como pudo «soberanía», la palabra favorita de los partidarios del Brexit: «Trabajaremos con la UE mano a mano siempre que nuestros valores e intereses coincidan, mientras se cumple el deseo soberano del pueblo de vivir bajo sus propias leyes soberanas hechas por su propio parlamento soberano».
Claro que no todos coinciden: los pescadores acusan al premier de «traición» porque Londres permitió que barcos con bandera de la UE naveguen las ricas aguas británicas y, más importante para la economía, las empresas de servicios financieros se vieron desilusionadas de no estar mencionadas en el acuerdo, lo que genera incertidumbre sobre el acceso que tendrán a otros mercados y las regulaciones que deberán cumplir.
«Si la preocupación fuese la economía, el Reino Unido no se estaría yendo de la UE en primer lugar», indicó Rutter y recordó que los argumentos principales de los partidarios del Brexit en el referendo de 2016 que inició este largo divorcio apuntaron a «retomar el control sobre las fronteras y las leyes».
Esas dos promesas si fueron cumplidas por el Gobierno británico: ya no existe el libre movimiento de personas y los turistas británicos solamente podrán permanecer como máximo 90 días dentro de un período de seis meses en algún país de la UE, sin necesidad de una visa, y viceversa.
Se termina además la gratuidad del roaming de telefonía celular, la validación de los títulos profesionales deja a priori de ser automática y los ciudadanos comunitarios que quieran iniciar estudios en Reino Unido requerirán una visa, al igual que los británicos que deseen hacerlo en una institución de la UE.
Se complejizan también los documentos de importación y exportación para transportar mercaderías, lo que prevé que durante las primeras semanas y hasta que las empresas tengan más clara la reglamentación, se acumulen camiones en las dos ciudades que une el Eurotúnel: Calais del lado francés y Dover del inglés.
«Empezamos a ver las largas filas cuando Francia cerró la frontera (ante la aparición de una nueva cepa del coronavirus en Reino Unido) y esto se podría repetir por el nuevo papeleo», manifestó Rutter, aunque recordó que Londres repitió que esto iba a ocurrir con o sin acuerdo con el bloque.
La analista, experta en políticas públicas y con experiencia en distintos sectores como el Tesoro y la oficina del primer ministro, diferenció lo que serán los problemas a corto plazo «que con el tiempo la gente se acostumbrará» y los de largo plazo que «harán más difícil los negocios con la UE y tendrán un gran costo económico».
En términos políticos, un efecto secundario que producirá el acuerdo es el crecimiento del descontento en Escocia e Irlanda del Norte, territorios que en el referendo de hace cuatro años apoyaron masivamente la opción de permanecer en la UE.
El 6 de mayo próximo hay elecciones para el parlamento local y el Partido Nacional Escocés buscará ampliar su poder con la promesa de un nuevo plebiscito para independizarse del Reino Unido, que a diferencia del realizado en 2014, hoy obtendría una mayoría según distintos sondeos.
El caso de Irlanda del Norte tiene sus particularidades ya que, para evitar reinstaurar una frontera dura con la República de Irlanda que reviva las décadas de conflicto armado, se estableció que esa provincia seguirá siendo parte del mercado común europeo y se mantendrá el libre movimiento de personas.
Para los unionistas y protestantes del partido DUP esto es un problema, ya que si bien preserva la frontera con sus vecinos católicos, concede a la región un estatus diferente que pone en peligro su relación con la Corona británica; mientras que los republicanos de la agrupación Sinn Féin ven esta unión especial con Dublín como una posibilidad de avanzar en su histórico objetivo de la reunificación de Irlanda.
