Corporación de Asistencia Judicial advierte por nueva Defensoría de Víctimas: “Sin financiamiento y ni condiciones laborales es letra muerta”
Dirigentes advirtieron que en un año normal atienden 660 mil personas con $72.000 por persona, lo que no es suficiente para la atención multidisciplinaria que se requiere.
Durante esta semana, el presidente Sebastián Piñera firmó un proyecto de ley para crear el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia (FENADAJ) y la Defensoría de las Víctimas de Delitos para unificar las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ) en programas de defensa integral y de apoyo que maneja el ministerio del Interior, que hasta ahora se encuentran por separado. A raíz de esto, nace la preocupación de los trabajadores de los CAJ, advirtiendo que “un proyecto que no cuente con el financiamiento ni garantice condiciones dignas de trabajo es sólo una declaración de buenas intenciones que no asegura su concreción en la práctica. Es letra muerta”.
Las CAJs, que entregan estas asesorías judiciales en lo penal, laboral, familiar e infancia, tienen un presupuesto de menos de $48 mil millones anuales, “lo que significa que cada atención cuenta apenas con un presupuesto promedio de $72.000 anuales por víctima, muchas de estas multidisciplinarias y de largo plazo que superan con creces este monto”, explicó la dirigente de FENADAJ Claudia Fachinetti, quien además protestó por no haber sido considerados en el trabajo de la iniciativa, pese a las insistencias.
“El Ministerio de Justicia y DDHH trabajó este proyecto a espalda de los trabajadores. La FENADAJ ha impulsado de manera permanente un nuevo servicio que garantice el Acceso a la Justicia a los grupos vulnerables de forma integral, y así lo hicimos saber a las autoridades en enero del 2020 cuando nos enteramos por la prensa de la intención de trabajar en este proyecto”, dijo Fachinetti antes de agregar que, a la fecha, las autoridades del ministerio “no han querido darnos a conocer el proyecto siendo que atendemos a víctimas en 368 centros de Arica a Punta Arenas”, agregó la presidenta de la FENADAJ.
“En el 2018 nos felicitaron por lograr 77% de resultados favorables en tribunales, mismo año que la Defensoría Penal Pública atendió 319.738 imputados de delitos, con un presupuesto de $60 mil millones anual. Nosotros, con $46 mil millones atendimos ese año 661.244 usuarios”, agregó Fachinetti al precisar, además, que “estos últimos años hemos perdido anualmente el 5% de nuestro exiguo presupuesto, lo que significa menos personal, mayor deterioro informático y falta de infraestructura para la atención digna y profesional”.
En 2019, la federación llegó incluso hasta los medios de comunicación para dar cuenta de la precariedad en la que trabajaban: sin internet, computadores ni mobiliario para atención, baños sin agua potable, sistemas eléctricos peligrosos, hacinamiento y falta de espacios dignos para atención y toma de testimonios de víctimas.
