Biopolítica y cultura policial en la sociedad chilena

En Chile hemos aprendido, con el miedo al coronavirus, que todos podemos llegar a ser policías y jueces en nombre de cuidar la salud pública. Estamos en la cultura policial donde cualquiera puede ser una amenaza a nuestra seguridad. Recientemente unos parlamentarios pretenden que la vacunación en Chile sea obligatoria con penas y castigos a los rebeldes. Es una clara expresión basada en que el Estado tiene más derechos y saberes que las personas. Es un brutal retroceso en materia de Derechos Humanos.

Las continuas prohibiciones, los confinamientos, las detenciones, multas y amenazas a la población, al ser hechas en nombre de combatir el virus, parecen justificarse por sí solas. La televisión abierta, todos los días, llena horas y horas de matinales y de noticieros mostrando la eficiente y la dura tarea de las autoridades sanitarias, policiales y militares por hacer respetar el código sanitario, el orden privado y público. Estos discursos oficiales y mediales apuntan a naturalizar el control, el castigo, la represión y a fomentar el espíritu de desconfianza en los demás.

El presidente del país, con 7% de apoyo, sigue decretando “estado de excepción constitucional en tiempo de catástrofe”. A nadie de la real o de la supuesta oposición política le parece importar que el gobierno legalice el término de las libertades públicas e individuales, incluidas el derecho al trabajo y a la libre circulación. Ningún parlamentario o presidente de partido se ha molestado en pedir cuenta al gobierno de lo hecho durante un año de facultades extraordinarias. En Ecuador, al menos, la Corte Suprema declaró inconstitucional los reiterados decretos de excepción del presidente.

En cambio, en Chile, la excepcionalidad del Estado de derecho parece natural. El portero del edificio pide identidades y documentos sanitarios. El guardia del supermercado, de la vega central, del banco, del terminal de buses, del almacén o del restaurant… se apresuran a controlar nuestra temperatura y los permisos. Los alcaldes piden nuevas restricciones y más controles sanitarios. El transeúnte culpabiliza a los otros, a la gente indisciplinada de las aglomeraciones y de las fiestas clandestinas. Policías y militares generan enormes tacos en las carreteras para controlar los millones de permisos que otorga diariamente la comisaría virtual.

Sorpresivamente, con el Covid 19, el gobierno se ocupa celosamente o dice hacerlo, de la salud de todos y de cada uno de los chilenos. Sostienen que todas las restricciones a nuestras libertades son para nuestro bienestar. Sin embargo, le destina presupuestos miserables al sistema de salud pública. Los servicios de salud privada siguen siendo descaradamente caros. En cambio, los presupuestos militares y policiales crecen.

El sociólogo y filósofo Michele Foucault, acuñó el concepto de “biopolítica” para mostrar que el poder político y cultural navegan hacia la invasión y el control de nuestros cuerpos y nuestras mentes. Las autoridades invaden nuestra privacidad. Pero esta invasión viene no solo del autoritarismo estatal, sino también de la dictadura de lo popularmente mediocre. De alguna manera la privación en Chile de nuestras libertades y la permanente amenaza de ser castigados por no cuidar de nuestra propia salud, proviene de las voces populares. Estamos metidos en una cultura policial donde vemos transgresores en nuestros vecinos, colegas o personas anónimas y deseamos que sean castigados.

Ya estamos viviendo en la biopolítica donde la represión y la privación de las libertades resulta legitimada. Las abundantes expresiones populares de castigar a los desobedientes o porfiados, son testimonio de la reapropiación en las mentes populares de la conciencia dominante coercitiva. Los discursos reiterativos de la necesidad de controlar y castigar de los medios hegemónicos están haciendo el efecto deseado por las clases dominantes.

Para Foucault, los gobernantes y gobernados, tienden a ampliar el campo de los excluidos o de los que huyen de la racionalidad cotidiana hegemónica. En las monarquías eran los reyes los que imponían las reglas sociales. Hoy los ciudadanos participan de la construcción del poder siguiendo una racionalidad compartida entre elite y ciudadanos. En nuestras sociedades no cesan de aumentar las cárceles, los hospitales, los sename, los regimientos, los cuarteles, los asilos de ancianos y las escuelas. Las escuelas son lugares, según Foucault, especializados en la legitimación de la violencia institucionalizada. La biopolítica y la práctica de violencia social se consolidaron con la ilustración, (desde el siglo XVIII) Es el triunfo de la dictadura de una sola racionalidad. La racionalidad supremacista de lo correcto y de lo incorrecto, de lo civilizado y de lo retrasado, de lo admisible y de lo inadmisible, de lo sano y de lo enfermo, de la locura y de la ausencia de ella.

La invasión a la privacidad de los sujetos por parte de las autoridades, la captura de los cuerpos en el trabajo o fuera de él en la democracia moderna, genera también resistencias. Así surgen los movimientos de protesta al patriarcado, a la homofobia, a la violencia de género, la resistencia a la destrucción de los ecosistemas naturales. Surge el grito de las embarazadas de disponer de su cuerpo, el reconocimiento de los pueblos originarios, la defensa de los migrantes e indocumentados, la lucha de los pobres que comienzan por perder el empleo antes de ir a la cárcel o al psiquiátrico.

Dentro de este proceso de protesta, nace la violencia del “agazapado”, del que siente que su persona no tiene cabida en la racionalidad nacional, ni en la política, ni en el consumo, ni en las instituciones democráticas. Esta acción sería parte del caso de los destructores de torniquetes del metro, de los que no le temen a los castigos, ni a las policías, ni a los militares. Ni a su propia muerte… Ellos tuvieron un protagonismo innegable en el octubre rojo de Chile el año 2019 y que dio paso a un Plebiscito constituyente.

No sé a que temerle más. A un Estado que invade nuestra privacidad, que suspende el estado de derecho y toma decisiones en nombre de la población .O a una sociedad que cree vivir en democracia, pero que practica la solución policial colectivista por sobre la autonomía de las personas. No creo que nadie pueda cuidar mi salud mejor que yo mismo, menos este gobierno dirigido por Piñera. No serán los militares con toque de queda patrullando las calles con metralleta al hombro los que detendrán el contagio viral.

Es el autocuidado, la trazabilidad, el aislamiento y el tratamiento efectivo de los enfermos, y eventualmente la vacuna, lo que puede atenuar el virus. Y esto se hace con recursos, responsabilidad individual y conciencia colectiva y no con estados y sociedades de lógica represiva bañada por la ideología de la biopolítica.

Dejemos los chilenos de ser policías y jueces y apostemos a la capacidad de cada uno de tomar los resguardos del autocuidado. Debemos dejar de culpabilizar a la población de las ineficiencias del Estado y de ocultar las hipocresías de los gobernantes que dicen protegernos pero que no dan los recursos a la salud. Desconfiemos de los que simulan protegernos y confiemos en nuestros propios intereses y deseos. Desconfiemos de las autoridades que disponen medidas que ellos mismos transgreden y confiemos en el cambio social.

Es momento de terminar con la democracia suspendida. Pidamos cuenta a los gobernantes de lo obrado y empecemos un debate abierto sobre la manera de enfrentar la realidad y los desafíos del futuro pensando en los estímulos más que en los castigos. Esperemos que las futuras elecciones y la nueva Constitución despierten las libertades dormidas o confiscadas por el miedo social construido por la elite y de alguna manera, aceptada por el pueblo. Y todo esto comienza por reconocer nuestras propias contradicciones como sociedad.