Corte de Apelaciones decretó prisión preventiva para todos los imputados de amenazar a la fiscal Chong

En primera instancia, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago había dejado a 7 de ellos con firma mensual y prohibición de acercarse a víctima y sólo 1 quedó detenido porque tenía una subametralladora UZI.

Según la investigación del fiscal Francisco Jacir, los 8 imputados amenazaron a la fiscal mediante una carta entregada en su domicilio, en la que criticaban su actuar tras la audiencia de formalización de un Carabinero por homicidio frustrado en Puente Pío Nono.

Durante dicha audiencia de formalización se realizaron publicaciones en las redes en que se amenazaba a la fiscal y a la vez se difundía la dirección de su domicilio.

Dos días más tarde, 7 de los imputados se reunieron y coordinaron en un departamento de Las Condes, para dirigirse luego hacia el domicilio de la fiscal Chong. En el sector se juntaron con la octava imputada.

Luego de realizar una vigilancia del lugar, dos de los imputados entregaron una carta dirigida a la fiscal que recibió su hijo. Esta decía “usted no tiene cabida en nuestra nación” y “tomaremos las medidas que consideremos necesarias, sean cuales sean, para defender a nuestro país. Si usted considera que esta carta constituye una amenaza seria hacia su integridad psicológica y física, entonces está en lo correcto”, señalaba el documento que la instaba a “corregir su actuar a la brevedad”.

Durante las entradas y registros realizados a los domicilios de los imputados, la Bipe de la Policía de Investigaciones encontró una subametralladora Uzi, apta para el disparo y con municiones. Además, encontró armas de fantasía, cascos, chalecos anti balas, entre otras cosas.

Tras formalizar a todos los imputados por el delito de amenaza a fiscal y a uno de ellos además por tenencia de arma prohibida y municiones, el fiscal Francisco Jacir solicitó a la magistrada del Tatiana Escobar, del 7mo Juzgado de Garantía, la prisión preventiva de todos los imputados, por considerar que la libertad de estos constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

La magistrada dio por acreditado el delito de amenaza, así como la participación de todos los imputados. Si bien indicó que se trata de un hecho de la mayor gravedad, señaló que en caso de ser condenados, cumplirán la pena en libertad, por lo que desechó la solicitud de prisión preventiva. Siete de los imputados quedaron con firma mensual y prohibición de acercamiento a la fiscal y su familia. El octavo imputado, que mantenía armamento en su poder, quedó en prisión preventiva. El plazo de investigación se fijó en 90 días.

La apelación de la fiscalía, sin embargo, tuvo eco en la Corte y ahora los 8 acusados quedan en prisión preventiva.

Los formalizados, que pertenecerían a una agrupación de ultraderecha autodenominada La Vanguardia, son Pablo Elías Martínez Castro, Fernando Javier Hasler Martínez, Gabriel Orlando Jara Vivanco, Daniel Philippe Goldberger Garcés, Solange Andrea Aravena Méndez, Paula Andrea Narváez, Orrego, Osvaldo Máximo Urcola Díaz-Valdés y Benjamín Morelos Zaragoza Wotherspoon.

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