Centro de DDHH UDP: La desigualdad estructural alimenta el descontento y el desprestigio de las instituciones

Las masivas movilizaciones sociales, la violencia de agentes de orden y seguridad y la pandemia del Covid-19 hicieron de 2020 un año excepcional, particularmente en lo que respecta a los Derechos Humanos. El Estado de Chile enfrenta nuevos desafíos, que se suman a otros de larga data.

Todo ello es parte del análisis que expone el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile de la Universidad Diego Portales 2020, dado a conocer este jueves 3 de diciembre. El reporte recoge los hechos ocurridos desde el preámbulo del llamado “estallido social”, las demandas sociales que impulsaron las protestas y algunos aspectos relacionados a la respuesta del Estado a la crisis del Coronavirus.

“Nuestra preocupación es que el ejercicio de los derechos humanos se materialice de mejor manera en una democracia, y por ello es fundamental que la sociedad, y en especial todo el aparato del Estado, asegure las condiciones para su robustecimiento”, señala el Informe, elaborado por el Centro de Derechos Humanos UDP. “Ello difícilmente sucederá si se mantienen condiciones de desigualdad estructural que alimentan el descontento y el desprestigio de las instituciones”.

En una primera sección, el documento analiza la respuesta de diversas instituciones del Estado de Chile al estallido social. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, enfrentó fuertes limitaciones institucionales y financieras frente al aumento de la carga de trabajo, además de tensiones internas que complicaron su labor. Las fuerzas armadas y policiales, por su parte, incumplieron gravemente principios básicos de utilización de la fuerza sobre los ciudadanos, mostrando la dificultad del Estado para garantizar el derecho de reunión y controlar el orden público. Ello llevó a incumplimientos en la labor estatal de proteger la salud de los chilenos. En tanto, el Poder Judicial fue capaz de garantizar las condiciones mínimas, pero no logró garantizar los estándares de protección de DDHH. El Estado también tuvo graves falencias en la protección a activistas que sufrieron amenazas.

El Informe también repasa la agenda de demandas de derechos económicos, sociales y culturales que están en la base del estallido. Así, constata la desproporcionada violencia que sufren los Pueblos Originarios frente a la persistencia del gobierno en enfrentar el problema como uno de seguridad. También muestra la creciente desprotección de los trabajadores, particularmente frente a los efectos económicos de la pandemia, en un modelo de relaciones laborales que ha generado desigualdad. Otras deudas persisten en el acceso a la Educación y Salud. En tanto, las vulneraciones que sufren niñas, niños y adolescentes se agravaron en la pandemia.

Finalmente, el documento actualiza la situación de víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura en su búsqueda de la verdad, justicia y memoria, y en particular de las obligaciones de no repetición.

Todos estos hallazgos pueden alimentar el debate sobre una nueva Constitución en el país. “Los derechos humanos están reconocidos en tratados internacionales que Chile ha ratificado. Existe un compromiso internacional que una nueva Constitución no puede ignorar”, señala el texto. “El proceso constituyente da una oportunidad al país para finalmente otorgarles a los derechos humanos −particularmente, a derechos sociales hasta ahora no reconocidos como el derecho humano al agua y saneamiento o a la vivienda, pero también derechos solo parcialmente reconocidos como el derecho a la educación, a la seguridad social o a la salud− la importancia que se merecen”, concluye.

El Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile UDP 2020 está disponible en http://www.derechoshumanos.udp.cl/