Expertos de la CIDH investigarán masacres de Sacaba y Senkata en Bolivia

El ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, anunció que cinco expertos del «más alto nivel» y el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández, viajarán al país andino para investigar las muertes de Sacaba y Senkata, en el marco de las protestas contra la rebelión militar de noviembre de 2019.

Así lo señaló Lima en una rueda de prensa en la que explicó que las autoridades competentes quieren poner a disposición de la CIDH «todos» los expedientes de la Policía de Bolivia, las Fuerzas Armadas y la Fiscalía.

«Abrimos las puertas a que la comunidad internacional investigue, evalúe y emita un informe. La palabra final sobre los hechos de Sacaba y Senkata la va a tener nuestro Ministerio Público y los jueces de este país», señaló antes de indicar que la CIDH dará a Bolivia «una garantía de paz, un encuentro, una reconciliación».

El 15 de noviembre de 20198, al menos 11 civiles fueron muertos y otros 120 resultaron heridos en la localidad de Sacaba, capital de la provincia del Chapare y la segunda ciudad más poblada del departamento de Cochabamba.

El 19 de noviembre, en cercanías de Senkata, una zona de El Alto, la segunda ciudad más poblada de Bolivia, otros 11 civiles fueron muertos y 78 heridos.

Se conocen como «masacres de Sacaba y Senkata» a los hechos sucedidos en dichas localidades durante la feroz represión militar ante las protestas sociales emergidas luego de la asunción de la presidenta de facto, Jeanine Áñez, en noviembre de 2019, quien asumió luego que una rebelión militar obligara a renunciar el presidente recientemente reelecto, Evo Morales.​

«Estamos esperando que la comisión nos entregue un elemento más para que el Ministerio Público y el Órgano Judicial le den verdad a los bolivianos», reiteró Lima, haciendo hincapié en que la investigación no implica que Bolivia «ceda soberanía», según informó el diario local La Razón.

De forma paralela, el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Freddy Bobaryn, acusó al Gobierno de Áñez de obstaculizar la investigación sobre los hechos acaecidos.

«Ha habido mucha opacidad, ha habido incluso una obstaculización por parte del anterior gobierno en los procesos investigativos», dijo en una entrevista concedida a Red Unitel y recogida por la agencia de noticias boliviana ABI.

En cuanto a la comitiva de expertos de la CIDH, Bobaryn señaló que las autoridades bolivianas tienen que «facilitar y coadyuvar» al organismo el «acceso a la información».

A su juicio, la CIDH se desplaza hasta Bolivia «a poder esclarecer cuál ha sido la verdad material de los hechos».

Por los sucesos de Sacaba y Senkata, la anterior Asamblea Legislativa sugirió la instalación de un juicio de responsabilidades contra Áñez y sus ministros de Estado, además de otras autoridades.

En su informe, una comisión legislativa explicó que, bajo evaluación del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), se estableció que las muertes en ambas movilizaciones fueron causadas por armas de reglamento de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas.

El anterior gobierno dispuso un resarcimiento de 100.000 bolivianos, en el caso de las familias de las víctimas mortales, y entre 50.000 y 10.000, en el caso de los heridos.

Fuente: Telam