Trump recluta «ejército de observadores» y crece temor por unas elecciones tensas
La campaña del actual mandatario recluta y entrena a 50.000 voluntarios para formar un "ejército de observadores" que "pelee" junto al mandatario en los comicios del 3 de noviembre. (Télam)
El presidente de Estados Unidos y candidato a la reelección, Donald Trump, primero denunció preventivamente un fraude electoral, luego prometió enviar «sheriffs y fuerzas de seguridad» a los centros de votación y, ahora, su campaña recluta y entrena a 50.000 voluntarios para formar un «ejército de observadores» que «pelee» junto al mandatario en los comicios del 3 de noviembre.
La retórica belicista, las versiones de que algunos de los observadores voluntarios son miembros retirados de las fuerzas de seguridad y los recientes ejemplos de seguidores del mandatario que respondieron -muchos armados- a su llamado a «imponer ley y orden» frente a las protestas y provocaron muertes y heridos, están alimentando el temor a una jornada electoral marcada por la tensión y el miedo.
De los 50 estados, solo seis -y la capital- prohíben explícitamente llevar armas a un centro de votación, mientras que otros cuatro no permiten que las armas estén escondidas, deben estar a la vista. El resto no pone restricciones a la tenencia, excepto que sean escuelas.
«Una de las mayores preocupaciones de la observación electoral es que lleve, intencionalmente o no, a intimidar a votantes», advirtió Sean Morales-Doyle, el vicedirector de los Programas electorales y derechos de los votantes del Centro por la Justicia Brennan.
«Un ‘ejército’ no suena a personas que están ahí solo para observar. Un ‘ejército’ suena a que la gente está ahí para combatir en una guerra contra un enemigo», agregó en dialogo con el canal de noticias ABC.
Según David Levine, experto de la Alianza para Asegurar la Democracia, una iniciativa bipartidista, el voto por correo, que puso en duda Trump y que disparó esta urgencia por decenas de miles de observadores, «es un proceso seguro».
En una columna publicada en el portal The Hill, Amber McReynold, CEO del Instituto Nacional Vote en Casa, y Charles Stewart, director del Laboratorio de Datos y Ciencia Electoral de la universidad MIT, recordaron que en los últimos 20 años, más de 250 millones de boletas fueron emitidas por correo, con solo 143 condenas vinculadas a fraude.
Solo en 2016, cuando Trump ganó, alrededor de un cuarto de los votos fueron emitidos así.
«Se me complica encontrar ejemplos de cómo cometer un fraude masivo con el voto por correo. Nada es imposible, pero lo veo muy improbable», explicó Levine, un exfuncionario y observador electoral.
Pese a que esta es la opinión generalizada de los especialistas en seguridad electoral, los demócratas también comenzaron a reclutar a miles de observadores, en lo que un profesor de Ciencia Política en la Universidad Western Michigan, John Clark, calificó esta semana en la prensa como «una carrera armamentista».
El temor a posibles agresiones o intimidación en los centros de votación el día de las elecciones ya impregna los espacios de poder estadounidenses.
Hace una semana, en un acto de campaña en uno de estos estados, Pensilvania, el candidato presidencial opositor, Joe Biden, lanzó una advertencia que no pasó desapercibida en un momento en que las encuestas proyectan una brecha cada vez más amplia a su favor: «La única manera que perdamos esto es con las artimañas de ahora con respecto a los centros de votación.»
Apenas unos días después, en el Senado, en la segunda audiencia para la confirmación de la nominada de Trump para la Corte Suprema, la jueza conservadora Amy Coney Barrett, la senadora y exprecandidata presidencial demócrata Amy Klobuchar le preguntó a la magistrada si la intimidación electoral era ilegal.
Barrett se negó a contestar -«No puedo caracterizar hechos en una situación hipotética»- y Klobuchar le citó palabra por palabra el artículo del Código Penal federal que lo prohíbe de manera explícita.
Ya el mes pasado, luego que una manifestación pro Trump bloqueara el ingreso a un centro de votación temprana en Virginia hasta que la Policía los obligó a moverse, el fiscal general de ese estado, Mark Herring, tuvo que recordar públicamente que la intimidación electoral está prohibida.
En paralelo, el director de la Coalición para Detener la Violencia Armada, Josh Horwitz advirtió en ese momento sobre la creciente actividad política de milicias en Virginia y en otras partes del país.
Estados Unidos ha atravesado otras épocas marcadas por un clima similar de violencia política, incluso algunas mucho más sangrientas y turbulentas.
Sin embargo, este proceso electoral tiene una característica especial: por primera vez en casi 40 años, el Partido Republicano está autorizado a organizar a nivel nacional su propia operación de observación electoral para unos comicios presidenciales.
El interés no es nuevo, simplemente la Justicia se lo había prohibido.
En 1981, el Partido Republicano creó en el estado de Nueva Jersey la Fuerza de Tareas de Seguridad Electoral Nacional para movilizar a policías de franco, algunos con sus armas reglamentarias y todos con bandas distintivas en sus brazos, para evitar un supuesto fraude en centros de votación en comunidades de mayoría negra o latina.
Ese año, una corte federal falló que el Partido Republicano trató de intimidar a los votantes de esas minorías y le prohibió organizar a operaciones de observación electoral por 37 años.
A lo largo de ese período, los republicanos fueron condenados varias veces por violar esa prohibición, especialmente en distritos con muchos votantes negros; sin embargo, la Justicia federal finalmente levantó ese veto en enero de 2018.
