Justicia británica revoca decisión favorable a Guaidó sobre oro venezolano en el Reino Unido

La Justicia británica anuló hoy una decisión previa que otorgaba al líder opositor venezolano Juan Guaidó el control de decenas de toneladas de oro depositadas por Venezuela en el Banco de Inglaterra, pero desistió de entregárselo al presidente, Nicolás Maduro, hasta resolver la cuestión de fondo de quién de los dos tiene el poder real.

La decisión fue celebrada por el entorno de Maduro como una «derrota» del líder opositor, aunque marcando el hecho de que el Gobierno bolivariano no puede todavía acceder a esos fondos

«La decisión de la justicia británica constituye una derrota más» para «la banda ilegal que encabeza» Guaidó y «sus ambiciones de hacerse con las riquezas de Venezuela», escribió en Twitter el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñañez.

Sin embargo, como el Reino Unido también desistió de entregárselo a Maduro hasta resolver la cuestión de fondo de quién de los dos tiene el poder real, por lo que la oficina de Guaidó reivindicó en un comunicado que la administración de Maduro «sigue sin tener acceso al oro de los venezolanos», informó a agencia de noticias AFP.

Según Ñañez, «sigue cayendo la farsa de la autoproclamación» de Guaidó, líder parlamentario opositor que en enero de 2019 se juramentó como presidente encargado de Venezuela con reconocimiento de Washington y medio centenar de gobiernos. Ello después de que la mayoría opositora legislativa declarara «usurpador» a Maduro acusándolo de haber sido reelecto en votaciones fraudulentos.

Una corte comercial de Londres había estimado en julio que Guaidó fue «reconocido inequívocamente» como jefe de Estado con todos los poderes por el Reino Unido, cuando junto a medio centenar de países y el voto del Parlamento lo consideró en febrero 2019 «presidente constitucional interino» hasta que pudieran celebrarse «elecciones presidenciales creíbles».

Esto le confería el control del oro de la reserva nacional venezolana guardado en las cámaras del Banco de Inglaterra e impidió al Gobierno recuperar una parte de los fondos, valorada en 1.000 millones de dólares, que Maduro reclama para combatir el coronavirus.

Denunciando un «descarado robo de piratería», el Ejecutivo venezolano recurrió la decisión ante el Tribunal de Apelación de Londres, que determinó hoy que el caso es de alta complejidad de resolución.

En opinión de los jueces, la declaración del entonces canciller británico, Jeremy Hunt, de reconocer a Guaidó fue ambigua, y consideraron que antes de continuar con la causa, de fuertes implicancias diplomáticas y financieras, debe aclararse si se le otorgó en realidad algún poder y cuál.

En la estatal Venezolana de Televisión (VTV) tachan la decisión como una «victoria» frente a «usurpadores» liderados por Guaidó.

«El juicio continúa. El Gobierno Interino de Venezuela seguirá luchando y participando en cada paso del proceso legal para proteger al pueblo venezolano», apuntó, en contraste, la oficina de Guaidó.

«Será necesario determinar si el gobierno de Su Majestad reconoce al señor Guaidó como presidente de Venezuela a todos los efectos y, por consiguiente, no reconoce al señor Maduro como presidente a ningún efecto» o si «también reconoce al señor Maduro como la persona que de hecho ejerce algunos o todos los poderes del presidente de Venezuela», escribieron los jueces en su fallo.

El gobierno socialista de Maduro, a través del Banco Central de Venezuela (BCV), intenta desde 2018 sin éxito recuperar el oro que tiene guardado en las cámaras del Banco de Inglaterra.

Pero la Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por la oposición y presidida por Guaidó, nombró a su propia dirección ad hoc del banco central venezolano.

Y aunque el nombramiento fue invalidado por el Tribunal Supremo, eso no le impidió pedir a Londres que no entregase los lingotes, asegurando que podrían ser malversados por un régimen que califica de «cleptócrata».

Atrapado entre los dos grupos, el Banco de Inglaterra pidió a la Justicia que, antes de decidir el destino final del oro, se resuelva como cuestión preliminar quién tiene su control.