Bolivia: el parlamento pidió un juicio para Áñez y otras autoridades por genocidio
El parlamento de Bolivia resolvió hoy solicitar a la Fiscalía General que promueva un juicio de responsabilidades a la presidenta interina, Jeanine Áñez, bajo los cargos de genocidio y otros delitos, informó la prensa local. (Télam)
La resolución acusa a la mandataria de los delitos de genocidio, sedición, asesinato, asesinato en el grado de tentativa, lesiones graves, lesiones seguidas de muerte, asociación delictuosa y desaparición forzada de personas.
La decisión recomienda a la Fiscalía General “iniciar juicio de responsabilidades contra Jeanine Áñez Chávez, presidenta transitoria del Estado Plurinacional de Bolivia, por la comisión de hechos ilícitos identificados”, según el diario paceño Página Siete y la agencia de noticias rusa Sputnik.
Con los votos de más de dos tercios de los miembros de ambas cámaras, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) pidió también procesos ordinarios contra un veintena de ministros del Gobierno provisorio y jefes militares y policiales.
La medida fue adoptada tras aprobar el informe final de la comisión que investigó los disturbios ocurridos en noviembre pasado en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), en los que murieron al menos 30 civiles y hubo cientos de heridos de bala.
Esos incidentes ocurrieron en el contexto de las prolongadas protestas que rodearon las elecciones generales del 20 de octubre -luego anuladas por sospechas de fraude- la renuncia del presidente Evo Morales, quien denunció que fue víctima de un golpe de Estado y la cuestionada proclamación de Áñez, convalidada por el Tribunal Constitucional.
La ALP recomendó juzgar a los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Fernando López, por genocidio, asesinato, asesinato en grado de tentativa, lesiones graves, lesión seguida de muerte, asociación delictuosa, privación de libertad y desaparición forzada de personas.
Asimismo, aconsejó procesar a Murillo y López, así como a otros nueve ministros o exministros por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, e incumplimiento de deberes.
