México: exfuncionario implicado en la desaparición de los 43 estudiantes huyó a Israel
El presidente de México, Andrés López Obrador, reveló hoy que el exdirector del Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, acusado de manipular pruebas sobre la desaparición forzada a manos de agentes del Estado de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, huyó a Israel.(Télam)
López Obrador explicó en conferencia de prensa que México ya informó al gobierno israelí que Zerón tiene una orden de detención en su contra.
El mandatario añadió que existen elementos suficientes «para demostrar que Zerón actuó de manera indebida, con arbitrariedad», por lo que no se lo puede considerar como perseguido político.
Apuntó a que el Gobierno de Israel «no podría dar protección a una persona con estas características, no sería justo», informó la agencia de noticias Europa Press.
La extradición de Zerón es uno de los pedidos que madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos elevaron a través de un comunicado, así como también la investigación de Jesús Murillo, exprocurador general de la República.
También solicitaron el arresto de el exdirector de la Policía Federal Ministerial de México Carlos Gómez Arrieta, quien el sábado pasado se entregó voluntariamente a las autoridades de la Fiscalía General de la República por el hecho.
Asimismo, familiares y representantes de las víctimas exhortaron a López Obrador a informar sobre los avances en las investigaciones de la causa.
Al respecto, el mandatario reiteró que el 26 de este mes, cuando se cumpla el aniversario de la desaparición, se dará a conocer un informe general sobre el estado de la investigación, en la que hay «avances importantes».
«Se descarta la mal llamada verdad histórica, esto lo dio a conocer el fiscal y quienes llevaron a cabo esta manipulación están siendo procesados; es decir, se les va a llamar a cuentas, algunos ya están detenidos, otros están declarando y hay prófugos, es el caso de Tomás Zerón», agregó López Obrador.
Los 43 alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en el estado sureño Guerrero, desaparecieron en la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el vecino municipio de Iguala durante una protesta contra las autoridades locales.
La primera versión oficial fue que fueron sorprendidos por la organización criminal Los Rojos, como parte de un ajuste de cuentas entre grupos rivales, y que los sicarios los mataron e incineraron y se deshicieron de sus restos en el basurero de Cocula.
Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y forenses argentinos que participaron en las pesquisas rechazaron esa hipótesis y apuntaron a que el suceso podría estar relacionado con el tráfico de drogas en la región.
Con la llegada de López Obrador al poder se reabrió la investigación, y el 26 de septiembre de 2019 el Gobierno mexicano afirmó que se trata de un caso de desaparición forzada a manos del agentes del Estado y anunció que citaría a prestar declaraciones a los funcionarios y responsables políticos que estuvieron a cargo de la investigación.
