La Defensa Nacional en una Nueva Constitución para Chile

Por Héctor Vera Vera, periodista

Desde niños, se nos ha dicho que todos los países necesitan de fuerzas armadas para defenderse de sus enemigos.

Es el miedo retroalimentado históricamente, el que nos hace destinar 4.734,2 millones de dólares al año a las fuerzas armadas (presupuesto 2017). Sin embargo, la experiencia histórica nacional e internacional, terminada la segunda guerra mundial, muestra que el concepto de defensa nacional ha cambiado de manera notable tanto por razones tecnológicas como políticas, económicas y científicas.

Se ha desplazado el eje estratégico de los estados para hacer sus políticas de defensa. Claramente no es la posesión de la fuerza lo que genera los climas de paz o lo que logra “disuadir” al enemigo de optar por no invadirnos. Los eventuales enemigos no nos atacan porque no les conviene en el plano social y económico.

No nos atacan porque la colaboración, el intercambio comercial, la colaboración científica, la emigración de personas, el intercambio de turistas, de artistas y de científicos, se muestran más ventajosas para los países y sus habitantes que las amenazas y la guerra.

Más vale para un país democrático mostrar una disposición al diálogo que los dientes para asegurar un clima de colaboración y de paz.

¿Esto quiere decir que terminaron las amenazas? No. Aparecen nuevas como el robo a las cuentas del BancoEstado que daña el patrimonio de millones de personas. El ciberataque necesita de plataformas digitales robustas y de expertos que no están en los uniformes, sino en las mentes de personas habilitadas para eso. Esta es la nueva seguridad nacional: asegurar que el patrimonio de los chilenos no sea dañado.

Chile destina un presupuesto militar muy alto en Latinoamérica, desproporcionado al número de sus habitantes y de su economía, mientras sus sistemas de salud y de educación son deficientes y donde la pobreza y las desigualdades sociales son mucho más potentes que lo que muestran las cifras oficiales.

Mientras el presupuesto en cualquier actividad nacional presenta niveles de incertidumbre, las fuerzas armadas, han asegurado recursos de base enormes con los ingresos de Codelco y solo se negocia una parte de este cada año.

Ante el cambio constitucional que vendrá, vale la pena preguntarse sobre quiénes amenazan efectivamente la seguridad de Chile hoy día o mañana. ¿Son nuestros vecinos de Argentina, Perú, Bolivia? Nada indica que estos estados deseen una invasión a nuestro territorio. No hay razones suficientes para sentir una amenaza de esos estados. ¿O, más bien, se trata de un enemigo interno latente y oculto, que no se quiere identificar pero al cual se le teme y puede afectar nuestra infraestructura estratégica?

Valdría la pena sincerar estos asuntos y el Consejo de Seguridad Nacional, COSENA, el gobierno y del parlamento, deben una respuesta clara en este tema para que la sociedad chilena tenga claro el papel de sus fuerzas armadas en la actualidad, para saber qué hacer en los próximos años al respecto.

¿Es razonable gastar tanto dinero en pagar numerosos militares de contingente, de clase, como de oficiales, cuando sabemos que las futuras guerras, cuando logren existir, serán tecnológicas, con información fiable y con muy pocos efectivos militares con capacidad operativa y que incluirán robots eficientes, de acción a distancia y de bajo costo de mantención?

No olvidemos que los militares son empleados públicos que le cuestan mucho al Estado. Es curioso que el estado más neoliberal del planeta, donde todo lo define el mercado y la propiedad privada, que ha privatizado el agua, las cárceles, los caminos, el gas y las líneas telefónicas, no haya propuesto privatizar las fuerzas armadas para hacerlas más eficientes. Al contrario, para los pasados y actuales dirigentes políticos estos gastos públicos no merecen ninguna discusión.

Cuando la Contraloría de Chile ha buscado esclarecer los gastos realizados por altos oficiales del Ejército, varios personeros políticos salen furiosos a acusar a sus autoridades de extralimitar sus competencias y surgen persistentes amenazas a los funcionarios que se han “atrevido” a semejante acción.

Es digno de encontrar una explicación de como las instituciones armadas que sostuvieron una dilatada dictadura en Chile, que depusieron al Presidente electo democráticamente, donde un importante número de sus integrantes o exintegrantes, están presos por crímenes y por reiteradas violaciones de los derechos humanos, una vez recuperada la democracia, no sufrieran cambios profundos.

A ello hay que agregar las recientes acciones de fraude al fisco que han practicado destacados altos oficiales de las fuerzas armadas. Toda esta gigantesca experiencia llena de episodios oscuros parece no inquietar a los políticos. Todo esto no ha logrado afectar ni su organización, ni aparentemente su imagen pública.

Se sigue glorificando al interior de los cuarteles a los violadores de los derechos humanos con estatuas, fotografías y documentos recordatorios. Su ideología central no ha variado mucho desde Pinochet y es de suponer, aunque esconden su visión, que se preparan para combatir un “enemigo interno”. Hasta la actual ley de transparencia tiene letra chica o grande a favor del secretismo militar, que ninguna otra repartición del Estado tiene.

Por el contrario, los militares, marinos, y aviadores, han conservado y ampliado, durante más de 30 años de posdictadura, sus privilegios. Siguen teniendo justicia, salud, vivienda y previsión especiales y propias.

A nadie en Chile parece llamarle la atención que las autoridades les rindan protección y honores públicos a los uniformados que de democráticos no tienen mucho.

Es deseable que los futuros constituyentes realicen un profundo estudio de estas instituciones, discutan sobre los conceptos actuales de defensa y de la seguridad nacional, definan los recursos que son necesarios, vean la evolución mundial en este campo para que encuentren el tipo de organización adecuada y especifiquen claramente el rol que deben tener las fuerzas armadas en una democracia.

Claramente las fuerzas armadas en Chile no pueden tener el rol de policía que el gobierno de Piñera les ha asignado desde el estallido social y durante la pandemia, en los estados de excepción constitucional decretados. Para eso están los carabineros y la PDI.

El único claro legado histórico del gobierno de Piñera, es que nunca debe hacerse de los militares una fuerza policial dentro de una sociedad democrática. Le hace mal a la población y a los militares.

Chile no se merece a los militares patrullando las calles para controlar a la población civil con metralleta en mano, con la inconfesada intensión de prepararse para reprimir a su propia población, como lo hicieron en la dictadura de Pinochet.

Los militares deben tener un rol de defensa nacional efectiva, reducir su tamaño conforme a la evolución de las estrategias contemporáneas de disuasión y de defensa, con una organización más moderna en el campo de sus tomas de decisión, con una jerarquización más funcional y menos clasista que se acomode a los ritmos de una democracia amplia y segura, bajo un claro mando civil.

No podemos aceptar que los militares se crean los tutores del conjunto de los chilenos, ni menos ser la “reserva moral de la sociedad” como lo quiso la desacreditada constitución vigente. Este rol de sujeción de los militares a los intereses diseñados por las autoridades políticas democráticamente constituídas, es lo que ocurre en los países de la OCDE, a la que pertenece Chile y que debiera, para ser precisos, cuadrarse con la nueva política de defensa nacional en el nuevo escenario constitucional.

Los militares en la nueva Constitución deberán ser tratados, como todo empleado público, con respeto y consideración, pero no más ni menos que eso.