Gobierno español iniciará los trámites para indultar a líderes secesionistas catalanes
Los independentista rechazan la opción del indulto porque consideran que para ello deben reconocer haber cometido un delito, y en el caso de la amnistía no.
El Gobierno español anunció hoy que la próxima semana pondrá en marcha el proceso para evaluar la concesión del indulto a los 12 líderes independentistas condenados por el fallido intento de secesión de 2017, nueve de los cuales cumplen penas de entre nueve y 13 años de prisión por sedición.
Así lo afirmó el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, donde también ratificó los planes de reformar los delitos de rebelión y sedición en el Código Penal, un cambio que también beneficiaría a los independentistas condenados.
«Estamos tramitando los indultos, esos que a usted tanto le preocupan porque les tocan, se empezarán a tramitar la semana que viene», dijo el ministro a la diputada Laura Borràs, vocera del partido independentista Junts Per Catalunya (JxC).
El anuncio causó «sorpresa» a Borrás, quien admitió que la medida de gracia supondría poner fin a una «injusticia», aunque también recordó que los independentistas piden una «solución política» que estaría «más cerca de la amnistía que del indulto».
Los independentista rechazan la opción del indulto porque consideran que para ello deben reconocer haber cometido un delito, y en el caso de la amnistía no.
El indulto se tramita de forma individualizada.
Sin embargo, en enero un abogado catalán presentó la solicitud para pedir la medida de gracia para los 12 condenados, entre ellos el ex vicepresidente Oriol Junqueras, lo que obliga al Gobierno a iniciar el trámite.
Posteriormente se sumaron peticiones de sindicatos, expresidentes del Parlamento catalán y otras organizaciones.
El trámite suele durar más de medio año, y en el plazo influye el tiempo que tardan los informes obligatorios -a la Fiscalía y el Tribunal Supremo-, que no son vinculantes, pero que el Ministerio de Justicia debe recabar para elevar al Consejo de Ministros, que es el que propone la medida al Rey para que tome la decisión final.
La Fiscalía, hasta el momento, se opuso a la semilibertad que habían obtenido los líderes secesionistas presos, que les permitía salir de la cárcel a trabajar.
El conservador Partido Popular (PP) acusa al Gobierno de coalición progresista de estar «pagando» con los indultos el apoyo del partido ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) a la reelección de Sánchez.
Sin embargo, la vocera de los ‘republicanos’, Marta Vilalta, subrayó que no ve ningún «gesto», debido a que el Ministerio de Justicia está obligado a realizar el trámite por ley.
«La solución democrática al conflicto catalán pasa por la amnistía y autodeterminación», subrayó Vilalta en declaraciones a la prensa a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde hoy había sido citado a declarar el presidente catalán, Quim Torra, por una segunda causa de desobediencia.
Torra, quien en los próximas días podría ser inhabilitado por otra causa de desobediencia -por no haber retirado pancartas a favor de los líderes independentistas del balcón del Palacio de Gobierno al inicio de una campaña electoral-, estuvo apenas unos minutos en el tribunal debido a que se acogió a su derecho a no declarar argumentando que la «sentencia ya está escrita», según explicó.
La eventual inhabilitación de Torra amenaza con volver a convulsionar a Cataluña a menos de un mes del primer aniversario de la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo español contra los líderes del proceso de secesión catalán, que desencadenó una ola de protestas y actos violentos.
