Gobierno español aprueba un proyecto que anula los juicios del franquismo
El Gobierno de España aprobó hoy el anteproyecto de la llamada Ley de Memoria Democrática que prevé declarar nulos los juicios sin garantías del franquismo, incorporar en los planes de estudio materias sobre los años previos a la dictadura y la Guerra Civil y dota al Estado de recursos para recuperar restos de las fosas comunes.
La iniciativa también impulsa transformar el Valle de los Caídos, la basílica que ordenó construir Franco y que hasta el año pasado albergó sus restos, en un cementerio civil y crea un banco de ADN que facilite la identificación de los restos todavía pendientes de recuperación en miles de fosas comunes aún no exhumadas.
Del mismo modo, la normativa buscar habilitar la creación de un Censo Nacional de Víctimas que permita recabar información sobre los fusilados y exiliados durante la Guerra Civil y la posterior Dictadura.
El anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros prevé además crear la Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos para proteger los derechos de las víctimas de la represión, consignó el diario La Vanguardia.
El texto, que deberá ser debatido ahora por Diputados, actualiza la Ley de Memoria Histórica de 2007 y según adelantó la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, se plantea aplicar en etapas que garanticen su viabilidad presupuestaria y culminar la reparación de las víctimas del franquismo.
En una entrevista con el diario El País, Calvo explicó que se trata de una ley con 66 artículos para “construir una memoria democrática común de todos los españoles” y sancionará su incumplimiento con multas que van de los 200 a los 150.000 euros, según la gravedad.
En conferencia de prensa amplió el concepto al enfatizar que la democracia «no podía permitirse seguir un día más sin tener encima de la mesa una ley como ésta».
El anteproyecto establece la búsqueda de personas desaparecidas «como una responsabilidad de Estado», e incluye medidas como el impulso al mapa de fosas y al protocolo de exhumaciones, indicó la Vicepresidencia en sus redes sociales.
Prevé que el sistema educativo, incluida la formación del profesorado, contenga en su currícula «el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas».
Respecto a entidades como la Fundación Francisco Franco, el anteproyecto contempla que no podrán existir, junto a otras asociaciones sostenidas con recursos públicos «que promocionen el totalitarismo o enaltezcan figuras dictatoriales».
La protección de los archivos que permitan recuperar la memoria, el impulso a la investigación de episodios históricos represivos, e incluso el retorno de fondos documentales a España del exilio también se incorporan a esta Ley de Memoria Democrática.
Además, se incluye el establecimiento de dos fechas conmemorativas, el 31 de octubre, cuando las Cortes aprobaron la Constitución, y el 8 de mayo, fecha de la liberación europea del nazismo, para recordar a las víctimas de la Dictadura y a los exiliados españoles, respectivamente.
«La memoria, la justicia y la reparación deben ser cuestiones de Estado. Hoy damos un paso más en el reconocimiento a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Hoy cerramos un poco más las heridas; podemos mirar al pasado con mayor dignidad», celebró en Twitter el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez.
El líder de Unidas Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, destacó que «es un día de orgullo democrático» y subrayó que con la normativa España «reconocerá a las heroínas y los héroes de la lucha por la democracia, con justicia y memoria».
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