Exministro franquista declaró ante jueza argentina acusado de crímenes de lesa humanidad

Desde el consultado general de Argentina en Madrid, a cuyas puertas se concentraron familiares de las víctimas, Martín Villa, de 85 años, compareció durante casi cinco horas -comenzó pasadas las 11 de Argentina y culminó a las 16-, respondiendo a los requerimientos de la jueza María Servini y al fiscal federal Ramiro González, informaron fuentes consulares.

El exministro escuchó primero la lectura de la imputación en su contra por crímenes de lesa humanidad entre 1976 y 1977, tras arribar junto a un abogado defensor a la sede de la representación argentina, lugar fijado para la audiencia.

Desde Buenos Aires se conectaron la jueza y el fiscal.

Según la acusación, Villa habría ordenado como titular de la cartera de Relaciones Sindicales y luego de Gobernación en su país, la represión a trabajadores que causó once muertos y decenas de heridos graves.

La magistrada lo imputó por «homicidio calificado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, previsto en el artículo 80, inciso 6°, del Código Penal argentino».

Se trata de delitos que «constituyen crímenes de lesa humanidad por lo que, en uno u otro caso la acción y la pena son imprescriptibles y sus responsables están sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de jurisdicción universal», fundamentó la magistrada cuando firmó la citación a indagatoria.

El exministro y figura destacada de los años de la transición hacia la democracia expresó en varias ocasiones que quería comparecer para defender su «inocencia».

«La declaración de Martín Villa es algo muy positivo, teniendo en cuenta que él tuvo la voluntad de declarar, porque se podía acoger a una resolución del Gobierno español de 2014 que lo amparaba par ano hacerlo», destacó en declaraciones a Télam Ana Messuti, abogada de la conocida como «Querella Argentina».

Antes de ser interrogado, el pasado 25 de agosto, el exministro español remitió a la jueza argentina cartas de apoyo con testimonios de cuatro expresidentes españoles: los socialistas Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero y los conservadores José María Aznar y Mariano Rajoy, así como de exlíderes sindicalistas.

Las cartas, que alaban la labor política desarrollada por Martín Villa durante la transición española fueron, según la opinión de los querellantes, un «intento burdo y grotesco» por «ejercitar una presión política sobre la jueza Servini», quien después de varios años tiene la posibilidad de interrogar por primera vez a uno de sus acusados.

En su escrito enviado a Servini, la defensa de Martín Villa anticipó el argumento de su estrategia: que la denuncia es «incompatible» con la transición.

Sin embargo, Messuti destacó que el aporte de Martín Villa a la transición española «no anula su responsabilidad de las conductas que le atribuyen las víctimas durante la represión franquista»

Rodolfo Martín Villa es considerado en España una de las figuras políticas claves para entender el desarrollo de la denominada transición política en el Estado español hacia la democracia, pero también del modelo de impunidad imperante actualmente en el país, que no juzgo a ninguno de sus represores.

El acusado fue un joven líder falangista, sindicalista, y terminó ocupando altos cargos del régimen franquista -fue Gobernador civil y jefe provincial del ‘Movimiento’-, hasta que en los primeros años de democracia se convirtió en Ministro de Relaciones Sindicales, de Gobernación y de Interior. Posteriormente fue diputado y senador, y estuvo vinculado a diferentes empresas públicas y privadas.

«Rodolfo Martín Villa fue el paradigma de aquéllos líderes políticos que provenientes de una dictadura sanguinaria y cruel como la dictadura franquista pasaron a considerarse «padres de la actual democracia», remarcaron los participantes de la querella.

Durante la transición Martín Villa dirigió el aparato represivo del Estado, en el que no hubo ninguna depuración, y luego continuó su actividad política sin ningún problema, primero como miembro del Gobierno de Adolfo Suárez, y después en las filas de la UCD y el Partido Popular (PP).

La jueza argentina, que en 2010 abrió una investigación para juzgar los crímenes del franquismo, interroga al alto cargo de la dictadura por 11 asesinatos cometidos en «ataques sistemáticos» para eliminar opositores.

Concretamente, la «matanza de Vitoria» (País Vasco) de 1976, en la que murieron cinco obreros y un centenar resultaron heridos, alguno de ellos de bala.

También por homicidios cometidos entre 1976 en Madrid y el País Vasco cuando era Ministro de Gobernación e Interior, y por asesinatos cometidos las fuerzas de seguridad del régimen en las fiestas de Sanfermín de 1978.

Pasaron seis años de intentos frustrados por la falta de cooperación española -la Fiscalía llegó a emitir en 2016 una orden para que se atendiera el pedido de cooperar en la investigación de los crímenes del franquismo, por considerar que estaban amnistiados-, hasta que la llegada al poder de un Gobierno progresista en España abrió la puerta a que Servini finalmente tome declaración a Villa.

«Si la jueza decide procesarlo, entonces sería muy importante porque también plantear la necesidad de tomar declaración a los demás imputados», apuntó la letrada de la acusación, quien recuerda que la mayoría de los represores españoles imputados pro los hechos que investiga Servini siguen vivos.