Patricio Herman: El gobierno y su íntima relación con el poder económico

Presidente Fundación Defendamos la Ciudad

Como una cuestión previa, rechazamos de plano la insolente y prepotente expresión “para que la gente lo entienda” que utilizan los periodistas de la televisión abierta, por lo tanto, diferenciándose ellos mismos del restringido nivel de conocimiento y educación que tendrían aquellos que los observan en las pantallas.

Ahora bien, este columnista, que preside una puntuda organización de la sociedad civil informada, posiblemente por ser 100% independiente y por no tener ninguna relación comercial con empresarios de la élite, es uno de aquellos que informa sobre situaciones concretas, dando la cara y con datos duros contenidos en documentación oficial, cómo se vulneran las disposiciones legales y reglamentarias en materias de, entre otros, Vivienda, Urbanismo, Medio Ambiente, Obras Públicas, Bienes Nacionales, Defensa, Seguridad, Transportes, Telecomunicaciones y Patrimonio Histórico.

Desde hace años hemos publicado miles de columnas de opinión, sin retóricas ni generalidades, porque ello es perder el tiempo, las que en algunos casos han molestado a los dueños de ciertos medios de prensa del establishment e incluso a medios digitales que pugnan por ser aceptados por las minorías que mandan, quienes, en resguardo de los intereses comerciales de los grandes inversionistas, han decidido censurar nuestras denuncias.

Es obvio que esos medios censuren, lo cual lo encuentro hasta lógico, pues es la manera más eficiente que tienen para sentirse afines al poder económico que los nutre. En todo caso, una vez más, dejamos en claro que jamás publicaremos algo que no sea verídico, ello por la sencilla razón de que no nos consideramos torpes.

En mi calidad de activista para que las instituciones funcionen conforme lo mandan las leyes, lo único que hacemos es exigir a los políticos de turno, tanto de derecha como de izquierda, quienes dirigen y han dirigido los organismos públicos, el cabal cumplimiento de las normas de los mencionados sectores de la economía y a propósito de ello, en esta ocasión, aludimos a la denominada Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), adscrita al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, creada administrativamente el 14 de mayo del año 2018, DL 99/2018, ¡era qué no!, gobierno de Piñera.

Esta Oficina GPS es un avispado instrumento instaurado por el actual gobierno que tiene como único propósito destrabar grandes proyectos de inversión que no se han podido ejecutar por la sencilla razón de que no han cumplido todas las exigencias legales de los diferentes servicios de la Administración del Estado.

En su página web se lee: Medidas Antiburocracia, Por medio del proceso de gestión institucional y el contacto constante con emprendedores, inversionistas y gremios, continuamente se están levantando oportunidades de mejora que involucran ajustes de gestión, modificaciones normativas o legales, necesarias para incrementar la eficiencia del proceso de otorgamiento de permisos. Estas medidas son consensuadas y trabajadas en detalle con los organismos involucrados, y luego su implementación es monitoreada por la Oficina GPS. (sic) Los subrayados son nuestros.

Es decir, dicha agencia solucionadora de problemas, la que en rigor es fáctica, a pesar de que existe gracias al aludido acto administrativo, tiene en primera línea a 11 millennials, todos expertos en asuntos legales, inmobiliarios, de infraestructura, industria, minero y energía. Sus misiones son buscar, mediante sagaces interpretaciones de los marcos regulatorios, que los proyectos se ejecuten a todo evento, ya que el fin es generar crecimiento económico, más aún en esta época de pandemia. No sabemos si esos jóvenes profesionales de la cota mil obtienen bonos de reconocimiento por los resultados de sus trabajos, entendiéndose que ello se logra solo si se inician las faenas de cada proyecto que analizaron.

Debido a que, en nuestra opinión, no se justifica para nada la existencia de la mencionada Oficina GPS, nos vimos compelidos a presentar el 3 de agosto de 2020 una consulta aclaratoria en la Contraloría General de la República para que emitiera un dictamen vinculante sobre el asunto, entregándole documentos técnicos en los cuales se evidencia la indebida injerencia de la misma en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Entre otras cosas, le decíamos a la Contraloría que era incorrecto que el Director Ejecutivo del SEA cursara una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable al millonario proyecto inmobiliario Hijuelas-Quilín, comuna de Peñalolén, apadrinado por la perspicaz oficina GPS, pues el permiso de edificación con anterioridad había sido invalidado por la Dirección de Obras Municipales por contener diversas ilegalidades. Está claro que con esa frívola autorización ambiental, el SEA está ayudando al titular del proyecto para que inicie acciones judiciales en contra de la municipalidad, argumentando que tendría presuntos derechos adquiridos y que había actuado de buena fe en las instancias respectivas.

Asimismo, en el caso del proyecto inmobiliario La Cumbre, comuna de Colina, cuyo titular ya ha ocasionado irreparables daños ambientales en un territorio rural definido como área de preservación ecológica, el mismo alegre SEA se pronunció en mayo pasado descartando la obligatoriedad de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), utilizando para ello antojadas interpretaciones que no resisten mayores análisis. Todos sabemos que en esas áreas protegidas por el Estado no se pueden ejecutar este tipo de negocios, pero el SEA sucumbió ante la Oficina GPS.

En síntesis, le comentábamos a la Contraloría que, según la ley Nº 18.575, los órganos de la Administración del Estado deben cumplir por sí solos los principios de eficiencia, eficacia, y coordinación, sin necesidad de que exista la tal Oficina GPS u otra entidad pública con similares funciones. De otra forma, la existencia de esa oficina sería una evidente muestra de que ciertos órganos públicos no cumplen los principios a los que están obligados, lo cual debería ser evaluado, corregido y eventualmente sancionado a través de la institucionalidad tradicional.

No solamente nuestra fundación objeta el quehacer de esa oficina GPS, sino también los propios funcionarios públicos que se desempeñan en el Ministerio de Medio Ambiente, en la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y en el mismo obsecuente SEA, organismo que, ya sin credibilidad, se ha dejado manejar por el gobierno central, lo que se aprecia en declaración pública del 3 de agosto de 2020, (ver  aquí).

Desde esta tribuna felicitamos a los valerosos y competentes trabajadores de la institucionalidad ambiental por haber dicho lo que se observa en dicho comunicado. Esperaríamos de los operadores políticos que allí mandan una respuesta o bien la adecuada reingeniería, con la cual ya no aceptarán más las presiones de la mentada Oficina GPS.