Investigación: Así se forman los efectivos de las ex Fuerzas Especiales de Carabineros

Por Cristóbal Muñoz y Diego Zapata

La tarde del 28 de enero de 2020, Leonardo Sanhueza (25) caminó junto a una marcha desde la estación de Metro Protectora de la Infancia hasta la Plaza de Puente de Alto. A las 19:00, cuando ya estaba en las cercanías del centro de la comuna, Carabineros dispersaba la manifestación, así que corrió huyendo del gas lacrimógeno. En eso, vio que una mujer era agredida por seis funcionarios de Fuerzas Especiales. No dudó en ir a auxiliarla.

Los efectivos se abalanzaron sobre él, pegándole patadas y lumazos. Entre golpes y amenazas, lo subieron al maletero de una patrulla. Las siguientes horas se transformaron en su peor pesadilla.

Poco más de un mes después, Patricio Bao (69) acudió al sector de Baquedano acompañando a su pareja y sus dos hijas, a las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer. A eso de las cinco de la tarde, caminó por la calle Ramón Corvalán en busca de una de sus hijas y un amigo de ella. Apenas llegó a la intersección con la calle Carabineros de Chile, dos piquetes policiales emergieron desde las esquinas oriente y poniente. Entre el caos generado por la “encerrona”, Bao observó que un efectivo retenía violentamente a un manifestante contra el suelo. Con “impotencia” y la urgente “necesidad” de ayudarlo, pateó al uniformado en busca de liberar al joven sometido. Otros dos funcionarios de FF.EE se fueron en contra del adulto mayor, quien fue reducido y arrastrado por la calle mientras le propinaban reiterados golpes en la cara con el bastón de servicio. Finalmente, fue rodeado y detenido.

Los victimarios, en ambos incidentes, fueron efectivos de las ex Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile, ahora Unidades de Control del Orden Público. Los videos que registraron parte de los hechos fueron viralizados en redes sociales y dejan en evidencia, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el uso desproporcionado de la fuerza con la que los efectivos policiales llevaron a cabo las detenciones. Sin embargo, el caso de Bao y Sanhueza no son los únicos. Desde el 18 de octubre de 2019 hasta fines de marzo de este año, el INDH, presentó más de 1.400 acciones judiciales contra funcionarios de Carabineros por hechos que involucran tortura, tratos crueles, homicidio, violencia sexual, lesiones y violencia innecesaria. Según información obtenida por Ley de Transparencia para este reportaje ante la propia institución, Carabineros ha realizado 488 sumarios administrativos y 708 investigaciones sumarias   con el fin de sancionar a los efectivos involucrados en los ilícitos que se relacionan con el mantenimiento del control del orden público.

Algunos expertos han debatido sobre la idea de que en la formación radica la brutalidad policial de la que Chile fue testigo durante el estallido social. Lo concreto en cuanto a esto, es que los funcionarios de las ex Fuerzas Especiales, para formar parte de esta unidad, se someten a un curso de especialización que dura solo 100 horas. De las cuales, 86 están destinadas al aprendizaje y entrenamiento de los protocolos y manuales, diez enfocadas en la doctrina institucional y cuatro a la enseñanza de los derechos humanos. Además, en la nómina de profesores del curso, figuran dos carabineros que están siendo investigados como presuntos autores de la mutilación de los ojos de Gustavo Gatica.

“Vigilante valiente, fuerte el grifo”

Para Carabineros, no es lo mismo hablar de oficiales que de suboficiales. Los primeros deben estudiar durante cuatro años en la Escuela de Oficiales de Carabineros (Escar). Cuando egresan, lo hacen con el grado de subteniente y su sueldo (tributable) es de $1.091.902. Los segundos, estudian solo un año en la Escuela de Suboficiales de Carabineros (Esucar), egresando con el grado de carabinero y sueldo (tributable) de $626.476. Sebastián Salazar, abogado y ex jefe de los asesores jurídicos y legislativos del Ministerio de Defensa Nacional, explica que la formación de los suboficiales “es precaria y está determinada por la misma institución, con poca y nula intervención civil. Se les enseña solo a ser Carabineros”.

La Unidad de Control del Orden Público está formada por casi mil oficiales y suboficiales a nivel nacional. De estos, el 60% son hombres y, a pesar de ser una unidad pequeña, se diferencian dentro de la institución por tener, según el general (r) y ex de Orden Público Alejandro Olivares, impregnado el lema “vigilante valiente, fuerte el grifo” y por ser expertos en orden público. “Somos respetados y vistos como un aliado. Somos quienes llegan a solucionar los problemas de orden público, un alivio”, agrega el general en retiro. De la misma manera, se identifican a sí   mismos no como represores, sino como profesionales que saben actuar en el momento indicado, aplicando el diálogo y la fuerza correctamente.

De mantener esta “esencia” están encargados los suboficiales, ya que los oficiales, según un funcionario de carabineros que pide resguardo de su identidad para los efectos de este reportaje, no duran más de cinco años en la unidad. De esta forma, las tácticas de acción quedan en manos de oficiales jóvenes que toman sus decisiones en base a la expertica de sargentos y suboficiales de mayor recorrido.

10 días hábiles

A finales de noviembre de 2019, La Tercera dio a conocer detalles del Curso de Control de Orden Público de Carabineros. Entre estos, reveló que se realiza en 100 horas durante diez días y se divide en tres módulos: doctrina institucional, área jurídica y operaciones. En un punto de prensa, el mismo día de la publicación, el coronel Julio Santelices aclaró que el curso de capacitación del control del orden público era solo una parte de la permanente preparación de Carabineros en esta materia. Agregó que los efectivos policiales lo pueden realizar hasta tres veces al año.

Al “Curso de Control de Orden Público” pueden ingresar tanto oficiales como suboficiales. Si bien en los años del Grupo Móvil de Carabineros -unidad antecesora de la Prefectura de Fuerzas Especiales- los efectivos eran llamados al curso a los 6 años de antigüedad, hoy no existe requisito más que ser egresado de alguna escuela de la institución. Dentro del proceso de postulación, se aplican tanto pruebas físicas como un perfilamiento psicológico.

Según el ex jefe de Orden Público en 2014, general (R) Alejandro Olivares, solo el 20% de los postulantes queda fuera, y el examen psicológico es el principal factor de rechazo. “Quedan fuera los timoratos, agresivos, poco contenidos, y aquellos que no saben obedecer normas”, dice Olivares. De fallar la prueba, esta puede ser rendida nuevamente, solo una vez por postulante. El suboficial (r) Eduardo Riquelme reconoce que las pruebas psicológicas que aplica Carabineros a sus funcionarios no son las ideales, ya que “si lo fueran, no pasaría todo lo que pasa actualmente con la institución”. “Falta un filtro”, sentencia.

Según el programa de la capacitación entregado por la institución a través de la Ley de Transparencia, el perfil de egreso del curso incluye la capacidad de “aplicar las distintas técnicas y estrategias policiales a fin de ejecutar las funciones de Control de Orden Público, acorde al marco normativo de la institución”. Otras de las competencias principales destacadas por Carabineros en el programa del curso es la habilitación para usar escopeta antidisturbios “conforme a las directrices institucionales para ello”.

Las 100 horas dedicadas exclusivamente a este curso se reparten desproporcionadamente en los tres módulos del programa. Gestión Operativa, módulo centrado en el estudio y ejercicio táctico de control del orden público, abarca casi la totalidad del curso con 86 horas. Doctrina Institucional, estudio de la historia y cultura de Fuerzas Especiales, recibe 10 horas, mientras que Doctrina Jurídica revisa las normas y la regulación del control de orden público en tan solo 4 horas.

En cuanto a las unidades, “Autocontrol y gestión de estrés” y “Derechos Humanos” son revisadas en solo cuatro horas cada una. Estas últimas son las únicas referidas a dichas materias a lo largo de todo el curso. Para Víctor Acuña, máster en psicología comunitaria de la Pontificia Universidad Católica y autor de la tesis “El sentido que los funcionarios de Carabineros dan a sus prácticas como policías en la sociedad chilena”, la falta de énfasis en las habilidades blandas en los procesos formativos de Carabineros obedece a una tónica institucional. “La instrucción se centra principalmente en acondicionamiento físico”, mientras que no poseen ningún sistema de contención psicológico. “Solo se realizan pruebas proyectivas para descartar casos extremos psicopáticos”, sentencia.

A través de las dos semanas en que se imparte, la especialización se realiza de lunes a viernes en horario vespertino, pasando por distintas locaciones según el módulo y la unidad. Las clases teóricas tienen lugar en la 28° y 40° Comisaría de Fuerzas Especiales: la primera, una estación entre los edificios del centro de Santiago, en San Isidro 330; la segunda, un espacioso y blindado recinto en el corazón de la población José María Caro, Lo Espejo.

Las clases prácticas, sin uso de gases, se ven en Lo Espejo. Mientras que la capacitación con uso de gases y herramientas balísticas se realiza en un predio de Curacaví. Este último se trata del mismo recinto en que el cabo Blas Herrera, en 2010, resultó con graves quemaduras de ácido en su cuerpo provocadas por un carro lanza aguas, en el marco de un “rito de bautizo” por terminar el curso de Fuerzas Especiales. Los afectados denunciaron que el agua del vehículo fue mezclada con CS, un ácido irritante y componente principal de las bombas lacrimógenas.

Las distintas unidades son impartidas, en su mayoría, por miembros de la institución. De la nómina de docentes, solicitada vía ley de Transparencia, hasta mayo de este año, solo cinco de los 20 profesores del curso son civiles. Esto se puede extrapolar a todos los procesos formativos de Carabineros, escenario que, según Víctor Acuña, responde a un recelo interno de “impermeabilizar al mundo de Carabineros de las ideas del mundo civil”. Para el general (R) Olivares, la ausencia de externos en la enseñanza se explica en la mantención de una uniformidad en la experiencia, los contenidos y valores institucionales transmitidos en la formación. A su juicio, advierte que la injerencia de la autoridad civil puede “politizar la institución y alterar la unidad de doctrina”.

La autonomía formativa de Carabineros no es azarosa y posee un marco legal: todos los planteles educacionales policiales son reconocidos como instituciones adscritas a la Ley de Educación Superior. “Poseen las mismas libertades de enseñanza que las universidades, los institutos y los centros de formación técnica”, señala Sebastián Salazar, creando “un nivel de autonomía difícil de romper por la autoridad civil”.

“La práctica hace al maestro”

El día de los efectivos policiales llamados a servicio a los puntos críticos de Santiago comienza a las 6 am en los cuarteles designados como centros de operaciones para las jornadas de manifestaciones. Desde allí, son destinados a las tareas matutinas: resguardo de infraestructura, vigilancia o instalación de protecciones (las conocidas vallas papales). A eso de las 8 – 9 de la mañana, quienes hayan terminado sus labores retornan a las comisarías para tomar desayuno y descansar. Si les toca resguardo, vuelven a su puesto. Si están citados al segundo turno de control de orden público, comienzan un bloque de instrucción en las zonas aledañas hasta las dos de la tarde.

Desde la institución afirman que el personal de FFEE se mantiene en constante instrucción, listos para actuar -en latencia-, independiente de si se encuentran en las calles o no. Aseguran que es a través de los ejercicios y el repaso de los manuales y protocolos propios que la unidad adquiere el real aprendizaje. Establecen una diferencia, también, con facciones como Labocar, donde prima la precisión su actuar. “(La constante instrucción) sirve para que los jefes de sección de FFEE conozcan la reacción de los carabineros en las distintas situaciones simuladas y adquieran experiencia, reportando toda anomalía”, explica el general (r) Olivares. “La práctica hace al maestro”, sentencia.

Luego de los ejercicios, suben a los buses que los transportan a los puntos estratégicos. Allí, pueden esperar horas hasta que se dé la orden de despliegue. El psicólogo Víctor Acuña asegura que los efectivos policiales participantes de su estudio “El sentido que los funcionarios de Carabineros dan a sus prácticas como policías en la sociedad chilena”, relataban largos episodios de inactividad sin ir al baño y sin comer, incidiendo directamente en sus niveles de estrés.

En Fuerzas Especiales, el liderazgo y recorrido de los superiores parece prevalecer a las 100 horas de formación, traspasando el conocimiento a través de la constante instrucción: se prima la experiencia personal por sobre los contenidos. A esto se le suma el manejo del estrés de sus encargados. Olivares asegura que los jefes deben estar atentos, conocer a su sección, y saber cómo controlarlos. “Antes de salir, les preguntaba -igual que en los matrimonios-: ‘¿alguien tiene algún problema que no le permita servir hoy? Que hable ahora o calle para siempre’”, relata. Si alguien se negaba a salir, era relegado a labores secundarias. “Es muy de cabeza, es muy de conocer; de control de estímulos y de control de personal”, explica el general (r).

Los protocolos y manuales establecen directrices sobre cómo se deben emplear las herramientas y tácticas. Sin embargo, Olivares afirma que el cuándo se emplean es en función del desarrollo gradual de los enfrentamientos, siempre como respuesta a la violencia de los manifestantes. La responsabilidad de respetar esta gradualidad recae, nuevamente, en quienes dirigen las operaciones en terreno: los jefes de unidad y su experiencia. Ellos ordenan la utilización de los carros, las disposiciones de las unidades a pie, y el uso de las herramientas balísticas: de granadas y carabinas lacrimógenas, y de la escopeta antimotines. Para el suboficial (r) Eduardo Riquelme, “Carabineros disparó (la escopeta antimotines) porque estaban siendo atacados y eso fue en legítima defensa”.

Fuerzas Especiales se integra por aproximadamente mil hombres a lo largo del país.  Para el estallido social, la unidad se vio sobrepasada. La alta convocatoria obligó a que gran parte de los carabineros de las comisarías pasaran a cumplir funciones de control del orden público, quienes poseen solo un barniz de la instrucción necesaria, basada en talleres y cursos de formación general. Un gran problema al integrarse a una dinámica basada en la experiencia. “Una cosa es ver una lacrimógena, pero otra es tener la carabina o la granada en la mano. Hay que saber lanzarla”, afirma el general (r) Olivares.

Si bien Víctor Acuña asegura que estas no son prácticas nuevas y que Fuerzas Especiales siempre ha recibido apoyo de personal zonal sin la especialización, recalca que el fenómeno se descontroló durante el estallido. “El mismo policía que puede estar dirigiendo el tránsito un día, al siguiente viste como efectivo de FFEE”.

“Fue una tormenta perfecta para Fuerzas Especiales”, concluye el abogado Sebastián Salazar: “vimos al poco y cuestionado personal de la unidad sobrepasado por la realidad, teniendo que suplir con un contingente no especializado, en situaciones complejas de estrés y enfrentamiento”.

La policía de la dictadura

La patrulla que transportaba a Leonardo Sanhueza en su maleta llegó a un sitio eriazo cerca de la calle Balmaceda, en Puente Alto. Allí los carabineros bajaron violentamente al estudiante. Lo arrodillaron mirando al suelo.

Desde ese momento, su relato -extraído de la querella presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos- parece salido del Informe Rettig:

–Ya hueón, no te gustó andar manifestándote– le dijo uno de los seis funcionarios de FF.EE a Sanhueza, al tiempo que le propinaba golpes con la luma en las costillas, dejándolo con dificultades para respirar.

–Traigan la vaselina que está en la camioneta para meterle la luma en el hoyo a este conchesumadre– gritó una carabinera. Sanhueza la interpeló y esta le pegó tres cachetadas. En ese momento, otro carabinero se acercó a la víctima, sacó su arma de servicio, apuntó a la sien del estudiante y dijo –Ya cabros ¿Quién quiere darle el tiro de gracia a este culiao? –. “Yo”, respondió otro funcionario. Este tomó el arma y le sacó el seguro.

El joven entre lágrimas y con dificultad, tomó desde el bolsillo de su pantalón un celular que tenía la foto de su hijo como fondo de pantalla. Se lo mostró al carabinero:

–Porfa no me maten, mi hijo me necesita– suplicó. El carabinero bajó el arma por el rostro de Sanhueza, hasta unos cinco centímetros abajo de su cuello y con el cañón le pegó en el pecho, simulando un disparo. Otro funcionario le pegó una patada por la espalda al estudiante, dejándolo tirado en el suelo. A golpes fue subido a un Retén Móvil.

En el carro, relata el joven, los golpes no se detuvieron. Un efectivo policial se ubicó frente a él y, luego de amenazarlo con una navaja, le pegó con el bastón de servicio reiteradamente. Otro carabinero, tomó la mochila de Sanhueza y sustrajo su billetera y celular. En la 20º comisaría de Puente Alto lo hicieron pasar por un “callejón oscuro”, donde siete funcionarios lo empujaron y escupieron. No lo ingresaron al “Control de Detención”. Dentro del recinto, el joven se desploma y pide que le devuelvan sus cosas. El carnet de identidad estaba partido por la mitad. Recién a las 21:10 ingresaron su nombre y rut y le dijeron que se fuera. Una hora después estaba en el Hospital Sótero del Río, con múltiples contusiones y uno de los pulmones perforado en dos partes.

El INDH calificó este hecho como un caso brutal de violencia policial y presentó una querella por tortura y apremios ilegítimos. Víctor Acuña explica que este tipo de prácticas se arrastran desde la dictadura. Desde entonces, la institución no ha sido modernizada y continúa siendo una policía militarizada. El problema, argumenta Sebastián Salazar, es “cómo se establece el concepto ‘seguridad’ en la Constitución. El concepto predominante es el de la Doctrina de Seguridad Nacional, el que construye desde el establecimiento de un enemigo común”. En base a esta doctrina, Carabineros arbitraria y políticamente, según el abogado, elige quién es bueno y quién es malo.

Los expertos, además, explican que otras de las situaciones que provocan estos tipos de hechos, es que Carabineros de Chile se mandan solos. Según Salazar, un decreto que fue promulgado en dictadura permite que la institución se auto regule en cuanto a aspectos básicos de la carrera profesional, ascensos, retiros, nombramientos, procesos educativos, etc.  Un ejemplo concreto es el protocolo de uso de la fuerza, el cual, después de años de críticas fue modificado y arreglado internamente y a puertas cerradas.

Algunos expertos advierten que la institución debe ser urgentemente reformada. La socióloga y Doctora en Ciencia Política, Lucía Dammert, cree que la policía chilena hace mucho tiempo tiene serios problemas de legitimidad, lo que ha dejado en evidencia puntos claves que las autoridades debieran considerar para una eventual reestructuración. Entre estos, la socióloga, menciona la malla de formación y sus criterios. A diferencia de Dammert, la administradora pública y Doctora en Conflicto, Seguridad y Solidaridad, Carolina Sancho, cree que la reforma debe ser enfocada a nivel de ministerio. “Podemos darle la mejor de las mallas curriculares del mundo a Carabineros, pero al final del día, su éxito pasa por el liderazgo civil de sus superiores. Es necesario tener un ministerio de seguridad pública”, explica.

El diciembre del año pasado aparecieron las primeras señales de una eventual reforma. El general director de Carabineros, Mario Rozas, anunció que Fuerzas Especiales pasaría a llamarse Unidades del Control del Orden Público. El 17 de marzo de este año, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel anunció la reforma a Carabineros. Esta se trabajará con una comisión de expertos y hasta el momento cuenta con 100 medidas concretas, que van desde la aplicación hasta la evaluación y comunicación de la institución.

A mediados de agosto, el general director Mario Rozas firmó orden para bautizar la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros con el nombre “General Rodolfo Stange Oelckers”, como homenaje al exintegrante de la Junta Militar de la dictadura de Pinochet y acusado en 1985 por el Caso Degollados. Un día después y presionados por la opinión pública, la institución da un paso atrás y cancela el renombramiento de la academia.

Crespo y Saldivia

Una comisión de coroneles es la encargada de elegir a los docentes del Curso de Control del Orden Público de Carabineros. Generalmente, los docentes también son miembros activos de la unidad, participando de las labores en terreno: son los mismos líderes encargados de dirigir las operaciones, de mantener la unidad de doctrina de Fuerzas Especiales, y de controlar el actuar de su unidad.

En caso de que un profesor enfrente un sumario interno -y existiendo sanción-, no puede seguir haciendo clases. “Si hizo mal uso de la fuerza, si no respetó la gradualidad, pierde las condiciones para ser profesor”, explica el general (r) Olivares.

En la nómina de profesores y profesoras del Curso de Control de Orden Público, entregada por la institución en mayo de este año, figuran dos oficiales señalados como los principales sospechosos del caso de Gustavo Gatica: el ex teniente coronel Claudio Crespo Guzmán y el ex prefecto de Fuerzas Especiales, el coronel Santiago Saldivia Parra. Con 170 tiros el primero y 125 el segundo, son los efectivos policiales que más dispararon la tarde del 8 de noviembre de 2019 en el sector de Baquedano, día en que el joven estudiante pierde ambos ojos.

A fines de junio ambos miembros de Fuerzas Especiales fueron removidos de sus cargos dentro de la Unidad de Control de Orden Público. Mientras Saldivia fue trasladado a la Dirección de Bienestar -un puesto alejado de la calle y “cotizado” entre funcionarios-, Crespo fue dado de baja por manipular los registros de su cámara go-pro.

De acuerdo con un ex integrante de la unidad que prefiere resguardar su identidad, Claudio Crespo desencaja totalmente con el perfil de Fuerzas Especiales: “Era demasiado impulsivo con detenidos. A menudo caía en un excesivo uso de la fuerza, yéndose encima de las personas, produciendo él la agresión verbal o la pelea. No se controlaba”.

La madrugada del martes 21 de agosto, la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, detuvo en su domicilio a Claudio Crespo, indicado como el presunto autor de los disparos que mutilaron a Gustavo Gatica. En la audiencia se estableció que los proyectiles que hirieron al estudiante provenían del arma que utilizaba el ex teniente coronel, dictándose prisión preventiva para el ex docente de Fuerzas Especiales.

El 8 de febrero de este año, cinco carabineros fueron a prisión preventiva por el caso de la tortura y apremios ilegítimos al joven Leonardo Sanhueza de Puente Alto, a espera de condena. Dos meses después, Patricio Bao presentó una querella en contra de los efectivos policiales que resulten responsables de la golpiza. En una entrevista con el medio El Desconcierto, el adulto mayor contó sobre su estado físico y emocional a 30 días del suceso: “tengo miedo de salir de mi casa y no es por el coronavirus”.