Gran deuda del sistema penal chileno es la ejecución de penas, dice vocera de la Corte Suprema
La ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, manifestó el dolor de todos los integrantes del Poder Judicial por el homicidio de la adolescente de Villa Alemana Ámbar Cornejo y mostró la disponibilidad de la institución para generar todos los cambios posibles que perfeccionen las libertades condicionales.
«A mí y a todos los integrantes del Poder Judicial nos duele profundamente la muerte de una adolescente y estamos concientes de la crítica que se nos formula por haberse otorgado la libertad condicional a una persona a quien se le imputa participación directa en ese hecho, que la obtuvo en el año 2016 tras cumplir 11 años de una pena impuesta por un doble homicidio que cometió».
«La gran deuda del sistema penal chileno es lo concerniente a la ejecución de las penas, es decir lo relativo a la implementación de un sistema de seguimiento eficiente y eficaz de los condenados, mediante la labor de delegados que los acompañen en todo su proceso de reinserción social y la existencia y jueces y juezas de ejecución que puedan adoptar decisiones entorno aquello. Con todo, el Poder Judicial siempre ha estado disponible para introducir modificaciones y perfeccionar la normativa que regla su quehacer. En el caso concreto, para establecer mejores estándares para otorgar la llibertad condicional que permitan un efectivo seguimiento de los procesos y el desarrollo y aplicación de las políticas de reinserción social», argumentó.
La autoridad dijo que la comisión que otorgó la libertad a Hugo Bustamante actuó bajo la legalidad vigente en aquella época. «La comisión de libertad condicional de la Corte de Apelaciones de Valparaíso en abril de 2016 otorgó la libertad condicional a varios internos que figuraban en una nómina que al efecto elaboró Gendarmería de Chile en base a criterios objetivos y de conforme a la legalidad vigente a esa época. Por lo tanto, la referida comisión ejerció una facultad reglada, con ello ponderó los antecedentes que le fueron proporcionados y por su parte Gendarmería de Chile informó en los aspectos que le concierne».
La portavoz agregó que «los miembros de dicha comisión analizaron los cumplimiento de los requisitos respecto de aquellos internos que pidieron la libertad condicional y se les concedió en forma unánime a aquellos que sí lo cumplían, lo que significa que aquellos debían seguir cumpliendo la pena impuesta pero en libertad».
Por último, la ministra Chevesich explicó que hoy los jueces del Poder Judicial tiene un marco legal más estricto para aprobar las libertades condicionales. «El decreto ley 321, que regla la libertad condicional, data de 1925 y no experimentó grandes modificaciones sino hasta el año 2019, cuando el procedimiento se hizo más estricto y objetivo. Por lo tanto el regimen legal actual no es el mismo que estaba vigente en el año 2016. Con todo, por lo que he señalado, la libertad condicional se concede a una persona condenada a una pena privativa de libertad que ha demostrado al momento de postular un avance en su proceso de reinserción social debiendo cumplir todos sus requisitos que se establece y que no extingue ni modifica la pena impuesta».
