Exministro de Franco, acusado de delitos de lesa humanidad, será indagado por jueza argentina

Villa, que actualmente tiene 86 años, está citado a declarar en la embajada Argentina en Madrid por videoconferencia con la jueza Servini, que recibirá su declaración, según la resolución firmada esta semana por la magistrada.

Político, empresario y funcionario de varios gabinetes de la dictadura de Francisco Franco y del período conocido como de «Transición» hacia el sistema de democracia parlamentaria vigente aún en España, Villa está imputado por su responsabilidad en un hecho conocido como «los Sucesos de Vitoria».

El 3 de marzo de 1976, meses después de la muerte de Franco, cuatro mil trabajadores en huelga estaban reunidos en una iglesia de Vitoria, en el País Vasco, celebrando una asamblea.

Con la intención de desalojar el lugar, la policía irrumpió y desató una represión a tiros que causó cinco muertos y más de 150 heridos.

Por entonces, Villa era ministro de Relaciones Sindicales de España y por su responsabilidad en esta represión, Servini pidió en 2014 su detención a Interpol para interrogarlo, en base al principio de justicia universal contra los crímenes de lesa humanidad.

Desde entonces, el exfuncionario presentó varios recursos para postergar su declaración, pero la Justicia argentina confirmó siempre este pedido de indagatoria.

«Viendo de lo que me acusan, estoy muy tranquilo», aseguró Villa a los medios de prensa de España cuando participaba de una ceremonia de condecoración a los integrantes de las Cortes de las Cortes Constituyentes de 1977 y que fue encabezada por el rey Felipe VI.

Sin embargo, el exministro no declaró aún y los integrantes de la querella argentina consideran que si lo hace se podría dar «un gran paso» hacia la concreción de la Justicia.

«Esperemos que la indagatoria se produzca y se avance en el camino de la justicia. Hace más de diez años que estamos trabajando para lograrlo. Buscamos concretar un principio universal que sostiene que se deben sancionar los crímenes de lesa humanidad más allá de las fronteras», señaló a la agencia Telam Ana Messuti, abogada argentina que representa en España esta querella iniciada en los tribunales federales porteños.

El 14 de abril de 2010, Darío Rivas, un español que vivía en Argentina desde que era un niño, e Inés García Holgado, descendiente de represaliados por la dictadura de Franco, se presentaron ante la justicia argentina para iniciar una causa de lesa humanidad.

Rivas buscaba reparación por el crimen de su padre, Severino, fusilado «por traición a la patria» el 29 de octubre de 1936 en Castro de Rei, en la provincia gallega de Lugo.

Severino era alcalde de ese pueblo y fue víctima de las tropas de Franco que se habían sublevado contra la Segunda República Española dando inicio a la Guerra Civil que se prolongó hasta 1939 con el triunfo del «Frente Nacional» que originó una dictadura de casi cuatro décadas en el país.

Inés buscaba justicia por dos tíos abuelos fusilados, un abuelo desaparecido y un tío que padeció la cárcel durante el régimen de Franco.

A ellos se sumó meses después Adriana Fernández, nieta de un militante republicano, Antonio Fernández González, fusilado por los falangistas en Castilla León.

Así se dio origen a la causa 4591/10 por los delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, que es instruida por Servini.

«En España hay más de 100 mil personas enterradas en las cunetas de los caminos. España es el país con más fosas comunes del mundo después de Camboya. Es un cementerio gigante lleno de olvido e impunidad. Eso nos movió a buscar Justicia», señaló Holgado García en declaraciones a Télam.

En España, la querella argentina comenzó a ser representada por el abogado Carlos Slepoy, quien falleció en 2017, y que actualmente sigue Messuti, en tanto que en Argentina, la acción es representada por el abogado Máximo Castex.

La querella representa actualmente los casos de más de 400 personas que buscan justicia y peticiona en favor de ayuntamientos y diputaciones.

Ascensión Mendieta Ibarra fue patrocinada por la querella argentina y logró en 2017, cuando tenía 91, que se identificaran en una exhumación los restos de su padre, Timoteo, fusilado en 1939 en Guadalajara.

Meses después, la Fiscalía General de España ordenó a sus integrantes «no brindar colaboración» a los pedidos de exhumación presentados desde la querella.

«Al menos logramos que Ascensión (murió el año pasado) identificara sus restos. Hemos pedido en estos años varias indagatorias a los represores que estaban vivos e incluso impulsamos una indagación sobre el asesinato del poeta Federico Lorca. Sabemos que estamos corriendo contra el tiempo, pero libramos un lucha por la justicia», afirmó Castex.

Esa carrera contra el tiempo a la que alude al abogado se llevó hace un año a Rivas, quien murió en Buenos Aires el 15 de abril de 2015, un día después de haberse cumplido 10 años de la presentación de la querella argentina.

«Darío murió un día después del día en el que celebramos la conformación de la Segunda República Española, en 1931. Tenía 99 años y nunca dejó de luchar. Iba a todas las reuniones y actividades de difusión que hacíamos por esta causa. Le hubiera gustado ver declarar a Villa como a tantos otros. Por él y todas las víctimas, tenemos que seguir adelante», subrayó Adriana Fernández.