Una fuerte crítica a la Prueba de Transición Universitaria (PTU) que el Ministerio de Educación aplicará el 2021 formuló el doctor Boris Villalobos, psicólogo y académico de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), quien sostuvo que esta nueva versión sólo reduce el temario y se eliminan 15 preguntas (Lenguaje y Matemática), pero mantiene la lógica de medición del aprendizaje previo de los estudiantes.

Para el especialista, esta prueba de acceso a la Educación Superior se concretó por la presión del movimiento social y los boicots que recibió en la última versión.

“Las modificaciones al sistema lo único que hacen es eliminar algunos contenidos de la prueba, reducir la cantidad de preguntas y cambian un poco las ponderaciones. Lo que no se elimina y lo que está a la base del cuestionamiento del sistema de Selección Universitaria en Chile es el hecho de que exista una prueba que discrimine sobre quién puede o no ir a la universidad, en vez de ser una decisión propia de cada uno… De hecho, nosotros en Chile, tenemos uno de los sistemas más segregados en términos socioeconómicos del mundo”, sostuvo.

Agregó que, como la prueba de ingreso a la universidad se prepara, ella no es capaz de discernir entre quienes podrían efectivamente rendir bien en la universidad. Por otra parte, cuesta modificar un sistema que involucra tan directamente al sector privado, como son los preuniversitarios.

Villalobos reconoció a su vez que es muy poco probable contar con un instrumento que mida la capacidad de ciertas competencias, debido a que éstas también se educan (por lo tanto, se adquieren).

¿Qué hacer?

El especialista aseguró que, si bien es necesario un cambio en el sistema de selección universitaria, éste debe ser progresivo y con carácter inclusivo. Por lo tanto, una de las primeras cosas que hay que hacer es vigilar y atender el gasto público de Chile en educación y, particularmente, en la educación superior. Ello permitiría aumentar la capacidad para recibir a más estudiantes,

lo que significa que el Estado debería hacer un aporte significativo, sin que éste dependa de las matrículas, como ocurre actualmente.

Lo segundo, dijo el especialista, es alinear las políticas de educación superior con la Ley de Inclusión Escolar básica y media, así como también fomentar las políticas de desarrollo local, a fin de que una mayor cantidad de titulados pueda insertarse en sus comunidades, política que también debe incluir a quienes estudian en institutos profesionales.

“Esta prueba de transición al nuevo sistema… no se entiende muy bien de transición a qué y luego en qué medida existe una armonización entre lo que pasa en educación básica y media a la educación superior. Y no solo esto, sino también la pregunta de qué pasa o cuál es la visibilidad que tienen los centros de formación técnica e institutos profesionales que, en general, están muy desaparecidos de la política pública”, concluyó.

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