En pleno repunte, Madrid apela a la Justicia tras suspensión de medidas preventivas por coronavirus
En las últimas 24 horas, el país ibérico detectó 3.650 nuevos contagios de la Covid-19 y un tercio de ellos se registró en la Comunidad de Madrid, nuevamente la zona más afectada. (Télam)
Ante un incremento considerable de casos de coronavirus en Madrid, actual epicentro de la pandemia en España, y luego de que la Justicia anulara allí la resolución de la Consejería de Sanidad, que incluye disposiciones preventivas para controlar la propagación del virus, la Comunidad Autónoma decidió hoy recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
En las últimas 24 horas, el país ibérico detectó 3.650 nuevos contagios de la Covid-19 y un tercio de ellos se registró en la Comunidad de Madrid, nuevamente la zona más afectada, por lo que el Gobierno regional recomendó no salir de sus domicilios.
En este contexto, el viceconsejero de Salud Pública y responsable del Plan Covid-19, Antonio Zapatero, afirmó hoy la decisión de recurrir al TJSM, durante su visita a Móstoles, el segundo municipio más poblado de la región, después de Madrid, y donde el domingo se desarrollarán pruebas de PCR aleatorias entre residentes de 15 y 49 años.
Las restricciones sanitarias que habían sido consensuadas la pasada semana entre el Ministerio de Salud y los distintos Gobiernos regionales, pero que fueron rechazadas en Madrid por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2, contemplan la prohibición de fumar en espacios públicos y el cierre de los locales de ocio nocturno, entre otras medidas.
Frente a la desestimación de las disposiciones preventivas, Zapatero manifestó que debería haber «cierta uniformidad» en el criterio de la Justicia, ya que en otras comunidades autónomas habían sido aprobadas y no recibieron cuestionamiento alguno.
Esto generó que los empresarios del ocio nocturno denunciaran «la grave situación de inseguridad jurídica» que padecen y afirmaran sentirse «criminalizados», además de exigir “claridad e interlocución» después de este «caos jurídico», con medidas en las distintas comunidades y disparidad de criterios e interpretaciones jurídicas.
España mantuvo el estado de alarma vigente hasta hace dos meses, cuando el Gobierno nacional decidió suspenderlo y dejó de tener injerencia directa en las medidas aplicadas, que ahora deben ser aprobadas primero por los Ejecutivos generales y luego ratificadas por un juez.
En el caso particular de la comunidad autónoma de Madrid, la Justicia consideró que las restricciones propuestas limitan derechos fundamentales, y por lo tanto solo puede ser aprobada por el Gobierno nacional, según replicó la agencia de noticias EFE.
Sin embargo, el Ejecutivo nacional comunicó hoy que no tiene en vistas volver a decretar el estado de alarma.
«No es nuestra opción. Nuestra opción es que dentro de las competencias de las comunidades autónomas pueda haber una coordinación excelente y una prevención siempre basada en criterios científicos. Eso es lo que se está haciendo», expresó hoy el ministro de Consumo, Alberto Garzón, en una entrevista en Radio Nacional de España (RNE).
