El gobierno de Italia, finalmente, llegó a un acuerdo con la empresa Atlantia, a la que tenía amenazada con quitarle la concesión de la Autostrade per l’Italia (ASPI) como castigo por la falta de manutención que habría llevado al derrumbe del puente Morandi en Génova en agosto del 2018.
Ahora será una empresa estatal la que controlará la concesionaria, señaló La Vanguardia de España.
La decisión, que se tomó en un Consejo de ministros extraordinario, incluye una compensación de 3.400 millones de euros por parte de ASPI, el refuerzo de los sistemas de controles por parte de la concesionaria, un aumento de las sanciones en el caso de que haya la más leve violación o la reducción de las tarifas en los peajes. Pero, sobre todo, que la mayor parte de ASPI pasará a Cassa depositi e prestiti (CDP), una entidad pública controlada por el Ministerio de Economía italiano.
Todo este proceso, que también había impactado en la bolsa y en Abertis, rebotaba en nuestro país porque ambas empresas controlan la mayoría de las autopistas en nuestro país.
