Eduardo Abarzúa: Voto de minoría

Por Eduardo Abarzúa C*.

Desde antes de la aprobación de la norma constitucional rechacé privada y públicamente la posibilidad de que se le asignara de manera transitoria al Consejo de Alta Dirección Pública  una función ajena a su naturaleza y competencias. Lo hice en la convicción de que no le corresponde resolver a un órgano de estas características un problema político originado en causas tan diversas como la desigualdad económica existente, la legitimidad y el prestigio de la política, su financiamiento y eficacia. Todas cuestiones intensificadas por los sucesos del estallido social del 18 de octubre que incluso llevaron, a los mismos diputados, a aprobar una reducción del 50% de sus dietas por 150 votos a favor y ninguno en contra. Lo hice convencido de que mi función de consejero es cautelar el sistema de Alta Dirección Pública y su aporte a la promoción de la concursabilidad y el mérito en el Estado a través de la realización de concursos públicos que entreguen nóminas que permitan a la autoridad elegir personas que mejoren la gestión de los recursos públicos y los servicios a la ciudadanía.

Con ese marco he sostenido que lo que está en juego es una decisión política que, su debido cumplimiento, aún cuando se revista de criterios técnicos, exige adoptar una decisión que entregue una señal clara respecto a la desigualdad en el país y a los estándares que esperamos de nuestros representantes.

Inscribiéndose nuestra decisión en un contexto de escrutinio público exigente, debemos ser cuidadosos del efecto en el rol y legitimidad del Sistema de Alta Dirección Pública y su Consejo.

Colocar como referente la Escala Única de Sueldos, persiste en la noción de prelación entre rentas de ministros, subsecretarios, jefes de servicios, etc. Y no da cuenta de las diferencias entre funciones de responsabilidad política con las que son propias de la gerencia pública. Al mismo tiempo, vale hacer notar que la relación de igualdad horizontal entre remuneraciones de ministros y dietas parlamentarias que la reforma constitucional mantuvo, prácticamente no existe en otra legislación internacional. A pesar de constatarse diferencia de funciones, condiciones de desempeño y vulnerabilidad del cargo entre ministros y parlamentarios, se condicionó el ejercicio del mandato de reducir remuneraciones, manteniéndose la norma constitucional que las vincula. En mi opinión, si el legislador no lo tuvo a la vista, ello no debe ser un impedimento para enviar la señal significativa ya mencionada.

Siendo la realidad económica del país, un referente del mandato transitorio, creo que ésta debe ser tratada con especial atención. Según datos del INE el 50% de los trabajadores chilenos gana menos de $400.000 y en el caso de los ocupados, su ingreso mensual promedio asciende a $573.954. Los frutos del trabajo, sólo reflejan la mala calidad del empleo y sabemos que la mayoría de las pensiones que se obtendrán en los próximos años apenas superarán la línea de la pobreza o se situarán bajo el salario mínimo. Lo anterior; sitúa a Chile, a nivel de la OCDE, con las peores cifras de desigualdad salarial, cuestión que se agravará con la pandemia, por sus efectos económicos y sociales, estimándose niveles de cesantía para nuestro país que superarían los dos dígitos por un período prolongado.

En este contexto, la remuneración bruta mensual de ministros y parlamentarios asciende a $9.349.851 y en ella se reproducen también las desigualdades ya mencionadas. Por ejemplo, en relación al salario mínimo, los diputados chilenos reciben una dieta que es 36,8 veces el monto del sueldo mínimo, siendo el promedio de América Latina de 18,9 veces, mientras que el de la OCDE es 10,9.

Creo que hemos construido dos mundos, una sociedad fragmentada, en donde la desigualdad no es sólo material, sino respecto del acceso a la salud, la educación, los espacios de esparcimiento y el poder. Las personas viven esta realidad como una vulneración de su dignidad en una vivencia cotidiana de injusticia ejercida por otros que poseen poder y dinero. Las protestas de octubre mostraron a borbotones la dificultad para interpretar y representar los problemas vitales de nuestros compatriotas, tal vez ingresos que instalan a nuestras autoridades políticas en el 1% más rico, pueden no sólo generar rechazo en la población, sino también cerrar los vasos comunicantes para empatizar con aquellos que se debe interpretar.

La comparación internacional es otro criterio explícito para ejercer este mandato. En todos los cotejos realizados en moneda equivalente y por paridad de poder de adquisitivo (PPA), criterio universalmente aceptado para realizar comparaciones entre países, se llega a la misma conclusión: Chile es el país con la dieta parlamentaria (diputados) bruta más alta entre los países OCDE y de América Latina, con US$ PPA 23.355. A su vez, cabe mencionar que es el país con el mayor monto de asignaciones en US$ PPA entre los 26 países con información disponible (US$ PPA 33.766). En una muestra de 50 países, que incluyó a los países de la OCDE y de América Latina, el valor promedio mensual de la dieta parlamentaria por PPA asciende a US$9.454, para países OCDE es de US$9.931. Lo anterior, además genera un déficit democrático, al dificultar hasta hacer casi imposible, la competencia con los incumbentes.

Luego de analizar los datos, tanto nacionales como internacionales, mi posición inicial se fijó en una rebaja que podría situarse entre el 35% y el 45% de la dieta parlamentaria, considerando que este último porcentaje de rebaja situaba a nuestros parlamentarios en el promedio de la OCDE. Con ello además se daba una señal clara para acelerar la constitución de la Comisión permanente y se evitaba que este Consejo y el SADP internalizara, en una resolución de 30 días, los muchos años de desgaste de otras instituciones y actores. Y con la misma lógica aplicar una rebaja mínima a los demás cargos.

Con el fin de propender al acuerdo con mis pares, estuve dispuesto a flexibilizar mi posición hasta un mínimo de 30%, lo que se traducía en una rebaja de la dieta parlamentaria en $6.544.896 bruto mensual, dicha reducción saca a Chile de los tres primeros lugares en el ranking OCDE de países que más pagan a sus parlamentarios. En el caso de la remuneración de ministros, con la rebaja propuesta esta se situaría en la mediana de los países OCDE expresadas en dólares PPA.

La diferencia con el porcentaje acordado por el resto del Consejo, de 25%, impidió la unanimidad, pero me permite permanecer fiel a mis convicciones más íntimas y profundas. Creo que un valor inferior al 30% que propuse, limita la fuerza de la señal entregada por la decisión y, pensar que puede producir una fuga de talento del estado o elevar la exposición a la corrupción de nuestras autoridades de alguna forma conlleva un menosprecio a su vocación de servicio público. Estoy convencido que la propuesta que formulé en el seno del Consejo permitiría a las autoridades políticas servir a Chile y vivir de manera honorable bajo parámetros entendibles para la ciudadanía y adecuados a la realidad de Chile.

Finalmente, destaco el trabajo serio y concienzudo desarrollado por el Consejo de Alta Dirección Pública y los diferentes equipos técnicos, sin los cuales esta delicada e incómoda labor, no hubiese sido posible.

*Psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Doctor en Ciencias del Trabajo de la Universidad Católica de Lovaina y Diplomado en Ciencias Sociales del Trabajo del Programa de Economía del Trabajo, PET. Actual Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado y Director del Magíster en Gestión de Personas en Organizaciones de esa casa de estudios.