Brasil supera los 70.000 muertos y 1,8 millones de casos registrados de COVID-19

La compleja situación que atraviesa el país se vio agravada esta semana, luego de que el pasado 7 de julio el presidente Jair Bolsonaro recibió el diagnóstico positivo a la COVID-19.

Brasil es el segundo país en número de muertos y casos confirmados, después de Estados Unidos, aunque si se considera la población, el país ocupa el décimo lugar en la incidencia por millón de habitantes y el duodécimo en la mortalidad por millón de habitantes, de acuerdo con el Ministerio de Salud.

Hasta este sábado, habían sido confirmados 1.839.850 casos de la enfermedad y 71.469 muertos.
Al mismo tiempo, los datos del gobierno muestran que la enfermedad avanza en el interior del país, donde el sistema de salud tiene mayores desafíos, debido a la escasez de unidades de terapia intensiva y de recursos para atender a los pacientes más graves.
En su último boletín epidemiológico divulgado el pasado miércoles, los técnicos del Ministerio de Salud señalaron que el 63 por ciento de los casos acumulado se encuentran en las ciudades del interior y el 37 por ciento en las capitales.

El doctor Bernardo Vargaftig, profesor senior del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Sao Paulo, dijo que las diferencias sociales en el país son determinantes en el avance de la pandemia, debido a las dificultades de la población de menores recursos para adoptar medidas de distanciamiento social.

«Existe una gran diferencia entre las personas que tienen las condiciones materiales para quedar aisladas en condiciones adecuadas, con relación a personas que viven de a cuatro en un solo aposento con piso de tierra», destacó en diálogo con Xinhua.

Para Vargaftig, otro factor en la diseminación del coronavirus es la heterogeneidad en las políticas de enfrentamiento de la pandemia.

«Buscando resolver el problema, las autoridades locales, tanto a nivel de los estados como de los municipios, tienen que aplicar reglamentos nuevos, pero que no tienen continuidad con los vecinos. Por ejemplo, si es necesario hacer un confinamiento absoluto, no funciona si el vecino no lo hace también», señaló.

Otra preocupación creciente para las autoridades sanitarias es el avance de la pandemia entre los pueblos indígenas, ante lo cual se toman medidas adicionales con el fin de contener el contagio y ampliar la cobertura médica para las comunidades.

De acuerdo con datos oficiales, hay más de 9.600 casos confirmados de COVID-19 entre los indígenas brasileños, con 198 muertos por la enfermedad. El número exacto de indígenas fallecidos podría ser mayor, debido a que la información de muchas comunidades en la región amazónica demora en llegar.

La líder indígena, Sonia Guajajara, alertó sobre el riesgo que representa la COVID-19 para la identidad cultural de decenas de etnias.

El peligro de contagio preocupa en especial porque, en diversas etnias, los ancianos en las aldeas son muchas veces los últimos hablantes de sus respectivas lenguas.

«No sabemos si los aislados han sido contaminados, ya que no podemos hacer contacto con ellos. Pero sabemos que hay invasores cerca y en pueblos que son vecinos», alertó el viernes Guajajara.

El Supremo Tribunal Federal dictaminó la instalación de barreras sanitarias para proteger a los indígenas aislados, los que por su propia elección no tienen contacto con el mundo exterior, y también a aquellos han estado en contacto recientemente con el resto de la sociedad.

Los índígenas aislados y en contacto reciente son los más expuestos al riesgo de contagio y extinción, debido a las condiciones de vulnerabilidad inmunológica y sociocultural.

Una ley fue sancionada esta semana por el presidente Bolsonaro que establece medidas de protección social en el marco de la pandemia para las comunidades indígenas, los quilombolas (comunidades descendientes de esclavos), los pescadores artesanales y los pueblos tradicionales durante el periodo de la pandemia.

También fue creado un Plan de Emergencia para el Enfrentamiento de la COVID-19 en los territorios indígenas, con el fin de garantizar el acceso a los insumos necesarios para la prevención, el tratamiento y la recuperación de los infectados.