Abogados de Gustavo Gatica y Fabiola Campillay expusieron en el Congreso las dificultades de sus causas judiciales

Con el objetivo de tener más antecedentes sobre las investigaciones en torno a la responsabilidad de oficiales del Grupo G-03 de Carabineros, en los hechos que causaron lesiones oculares graves a Gustavo Gatica, el 8 de noviembre de 2019 y a Fabiola Campillai, el 26 de noviembre de 2019, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados recibió, vía telemática, a los abogados querellantes.

El primero en exponer fue Carlos Gajardo, abogado querellante de Gustavo Gatica, quien advirtió que no puede entregar mucha información por ser un proceso judicial en desarrollo. Sin embargo, pudo señalar que no ha sido sencillo tener pruebas en el caso.

Por ejemplo, explicó que las municiones de escopeta que fueron retiradas del cuerpo de Gustavo no quedan con una huella balística, por lo que es difícil determinar de qué armamento fueron disparadas, obstaculizando así las responsabilidades particulares. Pese a esto, aseguró que esperan establecer al menos las responsabilidades penales de quien ordenó que este procedimiento se llevara de esta manera.

A su juicio, los sistemas de control interno de la policía uniformada no son correctos y el caso de Gustavo sería un fiel reflejo de ello. Criticó que en el primer informe entregado por la institución se señalara que no faltaron a ningún protocolo y que pusieran en duda que el joven haya sido herido por carabineros, planteando que podría ser un impacto proveniente de otros manifestantes.

Durante su presentación también hizo referencia al nuevo protocolo de Carabineros que fue publicado en el Diario Oficial, criticando que no se haya realizado con la participación de más voces externas a la institución.

Desde su perspectiva, en el documento “si bien aparece que se limita el uso de armas, en la práctica permite que estas puedan seguir siendo utilizadas, cosa que, a mi juicio, no parece acertado”. Agregó que debe existir una política que tenga la posibilidad de aportar al control mediante el uso de la fuerza, “pero el uso abusivo provoca un enardecimiento de los manifestantes”.

INDH

En representación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) participó en la sesión el abogado Rodrigo Bustos, quien explicó que como institución presentaron querellas en ambos casos. Respecto de Fabiola, por quien la institución presentó una querella por homicidio frustrado, recordó que ella recibió un impacto de una bomba lacrimógena en su cabeza mientras iba a trabajar.

“Ella recibió un disparo que le llegó a su cabeza y luego otro más cuando ya había sido agredida. Carabineros disparó dos veces y no la socorrieron” detalló el abogado, haciendo presente la responsabilidad del personal de la policía uniformada.

Bustos criticó la inconsistencia entre lo que se puede ver en los videos sobre los hechos y lo que se señala en los sumarios administrativos. “Para que haya verdad y justicia respecto de estos y otros casos, tiene que haber una colaboración de la institución de Carabineros”.

Al igual que lo expresado por Carlos Gajardo, el abogado del INDH sostuvo que esperan que se asuman y sancionen las responsabilidades de mando.

Añadió que estos dos casos se inscriben en una gran cantidad de violaciones de derechos humanos desde el 18 de octubre del año pasado. De acuerdo a las cifras entregadas, en un año normal el instituto recibe cerca de dos mil 500 causas, cifra que aumentó a 8.826 denuncias en 2019.

Dijo, además, que hay 25 agentes del estado formalizados, sin embargo, después de nueve meses se ha avanzado en los procesos en un porcentaje muy menor. Esto se debería, a su juicio, a que son “causas difíciles de investigar, más en este contexto de pandemia”, pero aseguró que el Estado debería entregar todo el apoyo para que haya verdad y justicia.

Al término de la sesión, la presidenta de la instancia, diputada Emilia Nuyado (PS) informó que, tal como se planteó por integrantes de la comisión, se destinarán nuevas sesiones para continuar recabando antecedentes sobre cómo avanzan otros procesos vinculados a las violaciones de derechos humanos en el contexto de las movilizaciones sociales y, también, cómo el Estado está respondiendo a las víctimas en diferentes ámbitos.