Para atacar la corrupción son necesarios los denunciantes anónimos

Por Patricio Herman, presidente Fundación Defendamos la Ciudad

En tiempos de pandemia, la integridad no se puede descuidar y conforme a ello, el jueves 18 de junio a partir de las 12.00 horas, en modo telemático, Plataforma TEAMS, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott y el presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Juan Antonio Peribonio, abordaron la situación de las personas denunciantes de corrupción en Chile. Como el asunto era de sumo interés público, me tomé el tiempo necesario para verlos y escucharlos y estoy en condiciones de afirmar que ambos fueron muy claros en sus compromisos a favor de la probidad y transparencia.

Como una declaración previa al contenido de esta columna, dejamos en claro que este columnista, promotor del apego a la ley y contrario a la competencia desleal en los mercados, es denunciante habitual de prácticas impropias, ya sea en la Contraloría General de la República, como en los municipios y otros servicios de la Administración del Estado, siempre a cara descubierta, luego, invariablemente indicando nombre, apellido, dirección, teléfono y correo electrónico. No me gusta denunciar con reserva de identidad, respetando a quienes sí lo hacen.

Por experiencia sabemos que las instituciones de nuestro país, no sabemos si por falta de recursos, o por otras razones más profanas, no siempre ejercen correctamente sus atribuciones para combatir los abusos y burlas a los marcos regulatorios de los diferentes sectores de la economía. Por ello, sería deseable que el sistema político que nos rige, vía una profunda reingeniería, se pusiera juicioso para abordar esta materia.

En tal sentido, sostenemos que los denunciantes anónimos son claves en el combate de la corrupción, estigma que se supone no existía en nuestro país, según las autoridades, los grandes conglomerados económicos que tienen amplia tribuna en los medios hegemónicos y los llamados estudios de la percepción de este flagelo. Pero como ha quedado acreditado, la corrupción estaba allí, oculta bajo una apariencia de rectitud.

Volviendo a quienes denuncian anónimamente, debemos señalar que posiblemente pertenecen a las instituciones o servicios públicos que conocen de cerca su funcionamiento y precisamente por eso logran detectar situaciones irregulares donde difícilmente la Contralaría u otras instituciones fiscalizadoras pueden llegar a identificar irregularidades, ya que se necesitaría un ejército de funcionarios revisando a diario el funcionamiento de miles de instituciones administrativas y servicios públicos.

Para tener éxito en esta tarea es necesario que el gobierno aumente el presupuesto que se le asigna a la Contraloría, la que, por mandato constitucional y legal, tiene el deber de cuidar los fondos públicos y que los actos de la administración respeten las diferentes leyes, más aún pues, según hemos sabido, el Estado de Chile está comprometido con el «Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas» de la ONU, una de cuyas metas es reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.

Aprovechamos la ocasión para decirle al Fiscal Nacional que, por sendas querellas interpuestas en los juzgados de garantía de Viña del Mar y de Valparaíso en contra de los Directores de Obras Municipales de esas ciudades, los fiscales respectivos, por algún motivo inexplicable, no investigaron las «equivocaciones» cometidas por esos funcionarios municipales. Los asuntos se referían a «errores» manifiestos en los cálculos de los conos de sombra de unos edificios, con los cuales los inversionistas titulares de esos permisos pudieron construir con mayor altura y por ende ofrecer en el mercado mayor cantidad de departamentos. De esta manera se produjo una competencia desleal en mercado, lo que esos 2 fiscales no dimensionaron.

En razón a que oportunamente nos hemos referido a los inmuebles fiscales que el Comando de Bienestar del Ejército, sin tener sus títulos de propiedad, los vende en el mercado inmobiliario, nos informó la dueña de la empresa constructora Marbec Ltda. ex proveedora de ese Comando, para servicios de reparaciones, mejoras y restauraciones de viviendas y equipamientos militares, que se vio en la necesidad de presentar una querella por el delito de sabotaje informático en el 7º juzgado de garantía de Santiago en contra de ese Comando, materia que está investigando la Fiscalía Centro Norte. Esperamos conocer pronto el resultado de la pesquisa.

Al presidente del CDE le recordamos que su unidad de Medio Ambiente tiene la documentación asociada a daños ambientales irreparable ocasionados por empresas que están interviniendo, en las comunas de Colina y Lo Barnechea, vastos territorios definidos como áreas de preservación ecológica en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS). Demás está decir que estos territorios, excluidos al desarrollo urbano, cuentan con una protección oficial del Estado.