Jubilar en tiempos de crisis: el caso de María Eugenia Vargas y la AFP Habitat

María Eugenia Vargas, periodista, tiene 69 años, y en junio del año pasado tomó la decisión de jubilar después de 43 años de ejercicio profesional.

Ya había tratado de hacerlo al cumplir la edad legal, pero en esa oportunidad en su AFP: Habitat, le aconsejaron que trabajara un tiempo más a objeto de mejorar su pensión, por lo que aceptó hacerlo 8 años adicionales, periodo en que aportó por concepto de cotización poco más de 25 millones de pesos, pero ni aún así su jubilación mejoró, atendido que en ese lapso crecieron las expectativas de vida de la mujer, por lo que los 185 millones de pesos que reunió en 43 años de trabajo debían dividirse por más meses.

Finalmente, en agosto de 2019 renunció a su trabajo como asesora de comunicaciones en la Fiscalía Regional de Antofagasta, donde trabajó los últimos 18 años. En Habitat le aseguraron que para iniciar el proceso de jubilación requería el finiquito de trabajo, y para ello era menester renunciar.

El finiquito en cuestión estuvo listo a mediados de octubre para ser firmado, y así en pleno estallido social concurrió a Habitat, donde atendido el ambiente encrispado que había en el país le recomendaron esperar algún tiempo a que las cosas se calmaran. Regresó en noviembre donde le informaron que los fondos habían caído por lo que era preferible esperar a enero para formalizar la jubilación a la espera que mejoraran los intereses, lo que ocurrió el 6 de enero de 2020. Allí recién se enteró que Habitat entendía que su jubilación iba a devengar a partir de esa fecha, y no de lo que decía el finiquito, que era a partir del 1 de septiembre de 2019. Hizo un requerimiento formal a Habitat para que se le pagará de acuerdo a la Ley y la respuesta de Habitat fue que eso no se podía hacer, ya que esa consideración del finiquito solo era aplicable a los funcionarios públicos y que a la fecha ella ya no lo era, sino que era exfuncionaria pública. De lo contrario, para poder considerarla empleada pública, debió jubilar mientras estaba en servicio activo, situación que, en Chile, claramente, es imposible, nadie puede jubilar mientras está activo.

Investigando sobre el tema descubrió que este era un subterfugio común en las AFP, retrasar el proceso de jubilación para de ese modo apropiarse de algunos meses de jubilación de los cotizantes. Descubrió además que, en Punta Arenas, trabajadores que se encontraban en situación similar, habían recurrido a la Corte de Apelaciones, que falló a su favor.

Por este motivo presentó un recurso de Protección ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que falló a su favor disponiendo que Habitat, tal como lo dispone la Ley, debe pagar su jubilación a partir de la fecha establecida en el finiquito, debiendo liquidar a su favor cuatro meses de septiembre a diciembre de 2019 y los cinco días del mes de enero de 2020. Habitat apeló de este fallo a la Corte Suprema, la que confirmó el veredicto del Tribunal de Alzada antofagastino.

María Eugenia, dice que espera que este fallo anime a otros trabajadores públicos que a lo largo de Chile se ven afectados por el mismo expolio, a que se defiendan recurriendo a la Justicia. “Muchos de ellos no reclaman, ya que sus jubilaciones son bajas y se requiere el patrocinio de un abogado para litigar en las Cortes, pero aun así los exhorta a recurrir a las Corporaciones de Asistencia Judicial y hacer valer sus derechos, y de este modo evitar que las AFP se apropien de forma ilegítima de parte de sus fondos.
Respecto a la posibilidad de recurrir sobre este tema a la Superintendencia de Pensiones, asegura que es un trámite estéril.

“Fue lo primero que hice, y la respuesta de la Super, fue que trasladarían mi inquietud a la AFP Habitat y que cuando ella respondiera me remitiría por oficio dicha respuesta, lo que hasta el momento no ha ocurrido”.

Explica que ante esta indefensión lo único que queda es que los trabajadores se apoyen entre ellos y recurran a la justicia, por ello reitera que está disponible para asesorar a los nuevos jubilados y también considerar la posibilidad de realizar un catastro entre los empleados públicos que hayan sido objeto de esta apropiación ilícita y ver modo de que puedan, a través de un recurso masivo, recuperar estos dineros.