José Francisco Lagos: ¿Por qué condonar el CAE es una mala idea?

Abogado. Director Ejecutivo Instituto Res Publica

En primer lugar, es bueno entender que el endeudamiento por la educación superior es una realidad que afecta a muchas familias. Varias de ellas hicieron esfuerzos tremendos, incluso con peores condiciones que el CAE, para que sus hijos pudieran acceder a la educación superior. Esto tuvo como resultado ampliar el acceso a la educación terciaria y si a fines de los 80 eran 200 mil los jóvenes que la cursaban, hoy son 1.200.000, logrando que 7 de cada 10 de ellos sean la primera generación de sus familias en entrar a la educación superior.

Un efecto no deseado de lo anterior es que, al aumentar la oferta de servicios profesionales, evidentemente se produjo una disminución de los sueldos, por el aumento de los universitarios. Esto tuvo como consecuencia que los títulos ya no fueran especies de “títulos nobiliarios”, a los que accedían muy pocas personas, y donde quien terminaba la universidad incrementaba inmediatamente y de forma muy importante sus ingresos. Hoy, a pesar de que hay un aumento de los ingresos futuros de los universitarios, esos no son tan considerables como las expectativas de las familias y de los propios estudiantes que decidieron endeudarse.

Evidentemente la pandemia condiciona la velocidad en que nos podamos hacer cargo de resolver algunos problemas sociales, pues algunos se hacen más urgentes dadas las nuevas circunstancias. Paralelamente, los recursos aparecerán cada vez como más escasos. Sin perjuicio de esto, hay algunos criterios que igualmente debemos considerar para que la condonación del CAE no aparezca como adecuada.

Si bien sabemos que el hecho de que estudien personas en la educación superior nos beneficia socialmente y contribuye al bien común (por eso se justifica, entre otras cosas que exista financiamiento estatal) también es correcto decir que existe un beneficio privado, que recibe una persona pasando por la educación superior, al aumentar considerablemente sus ingresos en comparación a no haberlo hecho. En ese sentido se justifica que aquellos que se benefician en forma personal, también contribuyan a la causa de ese beneficio, como por ejemplo a devolver los recursos que le permitieron estudiar, para que otros puedan hacerlo.

Los recursos aportados por estos estudiantes –o trabajadores profesionales– sirven para que más jóvenes puedan tener la misma oportunidad que ellos mismos tuvieron de acceder a la educación superior. Por lo tanto, hay un elemento de justicia importante en esa dimensión: quien se beneficia más, debe contribuir más. Por eso tienen sentido los topes de recursos que se ponen al pago del CAE, o la disminución de las tasas según grupos sociales.

Otro aspecto importante para considerar es que sería injusto darle un beneficio como la condonación de la deuda a una persona que no ha pagado, cuando otra persona, en sus mismas condiciones ha hecho el esfuerzo para devolver aquello que le correspondía pagar. Qué le vamos a responder a aquellos jóvenes que, habiendo sido beneficiados, han devuelto los recursos, y que el beneficio social podría ir incluso para el que no quiso pagar, como lamentablemente hemos visto en algunos casos.

También hay algo clave en cuanto a la responsabilidad del uso de los recursos fiscales. Como estos son escasos, deben enfocarse en quienes más lo necesitan. Con los recursos estatales, la autoridad debe elegir y priorizar en qué cosas gastar mejor. Los que nos ubicamos en la centroderecha, planteamos que debe haber una focalización de los recursos y considerar especialmente a aquellos que más lo necesitan, lo que lamentablemente dejó de cumplirse hace tiempo en educación. La causa de este problema es que las autoridades han oído en sobremanera a quienes tienen una mayor capacidad de movilización, en desmedro de quienes no pueden hacerlo. Los beneficios que se le dan a los estudiantes de educación superior son desproporcionados en comparación a la cantidad que deberían recibir aquellos que más lo necesitan, los estudiantes de educación inicial y los estudiantes que ni siquiera pueden acceder a la educación superior.

A modo de ejemplo, si consideramos la matrícula de la educación superior por deciles de ingresos, en el 10% más pobre, solo un 28% de los jóvenes entre 18 y 24 años accedían a este tipo de educación el 2017. Al 72% restante probablemente no le basta con que no le cobren, hay que apoyarlos con recursos para que puedan asumir los gastos de tener que estudiar y apoyar a sus familias. De ellos no se ha preocupado ninguno de los dirigentes estudiantiles del último tiempo ni tampoco la propuesta de condonar el CAE, al lado de ese 72% de jóvenes hay realidades mucho más precarias que quienes tienen el “privilegio” de al menos poder haber accedido a la educación superior.

Vienen tiempos difíciles: es necesario actuar con inteligencia y particular sentido de justicia.