Ipsos: 8 de cada 10 chilenos exigen que los intereses colectivos se prioricen para un Acuerdo Nacional

La información se levantó entre el jueves 11 y lunes 15 de junio, jornadas marcadas por la salida de Jaime Mañalich del Ministerio de Salud, como así mismo por el desarrollo y finalización del Acuerdo Nacional entre el Gobierno y la oposición.

Si bien respecto al tema sanitario el ánimo de chilenos y chilenas, según Ipsos está muy afectado, especialmente por la incertidumbre sobre el tiempo que durará esta crisis, sí se dan espacio para pensar en caminos que calmen los ánimos en el plano económico.

En ese contexto, Ipsos quiso saber la opinión de la ciudadanía respecto del Acuerdo Nacional para enfrentar los efectos económicos de la pandemia. La opinión es categórica: 78% de los entrevistados cree que el Plan de Emergencia debe financiarse con el Fondo de Estabilización Económica Social (FEES) y, en promedio, creen que se debería usar un 59% del fondo.

Sobre la discusión que se lleva adelante en el Congreso en estos días para tramitar los acuerdos logrados por el Gobierno y una parte de la oposición durante el fin de semana pasado, el 50% de las personas cree que debe primar el interés colectivo sobre los intereses políticos en la negociación, seguido por sentido de urgencia (32%) y en menor medida la necesidad de transparencia (18%).

“La ciudadanía le está pidiendo un gesto al Gobierno y a la clase política. Si hay una enseñanza de esta crisis sanitaria, ésta es que el sentido de urgencia de las medidas y de los acuerdos deben estar orientados por el bien común y la protección de la población, especialmente la de mayor vulnerabilidad. Las personas piden que sus necesidades urgentes estén hoy al centro de la discusión” indica la gerente de Asuntos Públicos de Ipsos, Alejandra Ojeda.

Además, para los entrevistados es fundamental que haya más voces que solo Gobierno y Congreso: el 40% considera que esta discusión debe considerar la opinión de centros de estudios. Le sigue la inclusión de economistas expertos en pobreza (39%), Gremios profesionales (38%) y representantes de organizaciones sociales (37%).

Respecto de este resultado, Alejandra Ojeda, agrega que “la reciente experiencia nos demuestra que los acuerdos que afectan a la calidad de vida y la seguridad de las personas en Chile no pueden ser abordados exclusivamente por el sistema político y/o económico. Hoy es el tiempo de escuchar tanto al conocimiento experto como a aquellas entidades que comprenden mejor las condiciones de vida de la población”.

Entre las medidas que la ciudadanía considera efectivas para la emergencia económica, un 56% considera que la suspensión del pago de servicios básicos es considerada como la más efectiva para los hogares más pobres del país. Le sigue un nuevo ingreso familiar de emergencia por 3 meses por un monto igual o superior a la línea de la pobreza (46%) y tarjeta de dinero para comprar alimentos por 3 meses (42%).

¿Quiénes deberían ser las personas prioritarias en este plan? Un 62% considera a los adultos mayores, le sigue la población bajo la línea de la pobreza (49%), los cesantes (44%) y la clase media (43%).