“Reformas en tiempos de crisis: Análisis crítico de la agenda laboral del gobierno”, es el nombre del más reciente estudio de Fundación SOL, a través del cual se analizan las diversas propuestas de reforma al modelo de relaciones laborales impulsado por el actual gobierno, desde que asumió y hasta las primeras semanas de Pandemia.
La investigación aborda la llamada Agenda Laboral, que incluye el Proyecto de Modernización Laboral (el cual busca desestructurar la jornada ordinaria, entre otros cambios), la reforma a la Dirección del Trabajo, al SENCE, al sistema de salas cuna y al teletrabajo, este último recientemente aprobado por el Congreso en medio de crisis sanitaria y social a causa del COVID-19.
Recaredo Gálvez, investigador de la Fundación SOL y co-autor del estudio, explicó que “el proyecto modernizador de Piñera busca al menos 3 objetivos: restarle potencia a la negociación colectiva, que se expresa al privilegiar la negociación individual de la jornada y otras materias; promover medidas de formalización que mantienen la precarización, al crear un nuevo tipo de contrato sin horas o desconocer a los trabajadores de plataformas como asalariados; y desestructurar los ciclos de trabajo y descanso, con la posibilidad de que sea el empleador el que fije los términos según el ciclo productivo y no según los intereses de él o la trabajadora.”
Por su parte, Valentina Doniez, investigadora de la Fundación SOL y también una de las autoras del estudio, señala que las conclusiones más importantes de la investigación se refieren a materias como la flexibilidad y los derechos colectivos. “La propuesta de reformas normativas, mirada como un conjunto, permite concluir que existe una aspiración gubernamental por promover mayores espacios de flexibilidad laboral e individualización de las relaciones laborales”.
Doniez agrega que “a pesar del recurrente llamado de atención de los actores empresariales sobre la rigidez del actual Código del Trabajo, lo cierto es que, según lo revisado en este estudio, la Agenda Laboral hoy en día presenta más de 14 medidas que flexibilizan la aplicación de más de 20 normas, las cuales datan principalmente del año 2001, post crisis asiática”.
El estudio también analiza la situación de precarización estructural del empleo en la última década, lo cual es posible de observar al revisar la creación neta de empleo durante este periodo. En este sentido, la investigación arroja que un 52,5% corresponde a empleos del tipo subcontrato, suministro, enganche y cuenta propia, es decir ocupaciones con altas posibilidades de ser precarias.
En materia de organización de los trabajadores y trabajadoras, la investigación aborda el estado general de los sindicatos en el país. En este ámbito, se señala que en Chile hay 11.099 sindicatos activos, de los cuales el 56,1% corresponde a sindicatos de empresa. “No obstante, también concluimos que actualmente los sindicatos se encuentran pulverizados, pues el 50,8% del total de organizaciones tiene 40 o menos socios y socias”[1], señala Doniez.
“En este contexto de crisis, la acción colectiva que impulsan los sindicatos es de gran relevancia pues permite enfrentar conflictos laborales más allá de la negociación con la empresa. El sindicato cumple un rol muy importante para defender los derechos de trabajadores y trabajadoras, pero en Chile existe una norma laboral pro-empresa, la cual impide tener organizaciones sindicales fuertes”. Agrega Gálvez.
A la luz de este análisis se observa que los fundamentos de las políticas laborales del gobierno tienen un fuerte componente ideológico, donde las relaciones laborales se entienden como si se dieran entre individuos con intereses y situaciones de poder similares. Esto obvia un diagnóstico adecuado de la realidad y es que la gran mayoría de los y las trabajadoras están en una situación desmejorada. Para el actual contexto será muy importante tenerlo en mente considerando que son muchos los actores empresariales que están haciendo llamados para una «reactivación económica» post pandemia con trabajo flexible.
