Consejo de Defensa y fiscal nacional coinciden en otorgar mayor protección a quienes denuncien actos de corrupción

El ciclo de webinarios “En tiempos de pandemia la integridad no se descuida”, organizado por la Alianza Anticorrupción UNCAC Chile, reunió en su última edición al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, y al Presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Peribonio, quienes abordaron la situación de las personas denunciantes de corrupción en el país.

La tercera jornada del ciclo convocó a alrededor de 302 participantes, que siguieron en línea las exposiciones de ambas autoridades, quienes coincidieron en la necesidad de perfeccionar la Ley Nº 20.205 que otorga garantías para que los funcionarios públicos denuncien a quienes cometan fraudes contra el Estado.

El presidente Peribonio sostuvo que la Ley actual es insuficiente en ese ámbito, y mencionó como una de sus debilidades el que “no otorgue garantías para todos los funcionarios del Estado, dejando fuera, por ejemplo, a los funcionarios a honorarios”. Además, agregó, “tiene bajo alcance de protección, ya que deja fuera a la familia del denunciante y no contempla un canal oficial que recoja las denuncias”.

El 4 de junio pasado, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, anunció el ingreso al Congreso Nacional de un proyecto de ley que establece importantes modificaciones en la materia y que crea un canal de denuncias electrónico a cargo de la Contraloría General de la República; reserva la identidad del denunciante reforzando las medidas de protección para él y su familia; cubre a todos los funcionarios del Estado y crea una sanción de destitución para el funcionario(a) que hostigue al denunciante, entre otras iniciativas que se proponen en el documento. Al respecto, el presidente del CDE señaló que “debemos analizar con calma este proyecto de ley, pero está demostrado que es de vital importancia en el combate de la corrupción la acción que realiza el denunciante, por lo que es relevante que cuente con todas las medidas de protección posibles”.

El fiscal nacional, Jorge Abbott, coincidió con él respecto que “el rol de los denunciantes es clave en la detección de los casos de corrupción”. En ese sentido, concluyó que “es importante que el denunciante cuente con incentivos para colaborar e impedir represalias en su contra; la actual regulación necesita ser modificada profundamente; hay desprotección en algunas áreas del sector público y pocos incentivos en el sector privado y la lucha en contra de la corrupción no depende solamente del rol de los órganos que trabajan en la persecución penal, sino que es una responsabilidad de todos”.

Por su parte, el presidente Peribonio señaló que «hoy, más que nunca, las instituciones deben actuar coordinadamente para asegurar que los recursos públicos se destinen eficaz y oportunamente a las necesidades que presenta el país. Indicó que actualmente se investigan delitos de corrupción al interior de Carabineros y del Ejército de enormes dimensiones, casos en los que el Consejo interviene desde sus comienzos mediante querellas criminales, y compareciendo periódicamente en cada una de las audiencias y ante diferentes tribunales para sostener sus acciones y apoyar el rol del Ministerio Público». En ese sentido, agregó que «la colaboración entre ambos Organismos es completa, con el propósito de reforzar la persecución penal y lograr las correspondientes condenas para quienes se concerten para defraudar al Fisco y dañar a sus instituciones. Combatir la corrupción no debe tener descanso y debe ser una tarea que se emprenda de manera colectiva, en defensa del interés público”, agregó.

Hacia el cierre de su participación, Peribonio señaló que los actos de corrupción “desestabilizan a las instituciones y ponen en jaque la democracia”. Con ellos, agregó que “se afecta gravemente el patrimonio, se afecta gravemente a los ciudadanos, se afecta gravemente la confianza que las personas han puesto en las instituciones y, también, nuestro sistema democrático”. Subrayó que es importante hacer hincapié en que la corrupción “afecta el régimen democrático que impera en nuestro país y, como una de sus derivadas, el Estado de Derecho. El combate de la corrupción, el respeto de los Derechos Humanos y de las atribuciones y las potestades públicas son pilares fundamentales del Estado de Derecho, todos los que, como Institución, tenemos la obligación de defender”, concluyó.