Alicia Gariazzo: los adultos mayores, el coronavirus y la eutanasia
El problema de los “abuelitos” hay que tratarlo con la verdad, como una realidad social grave y masiva, por lo que requiere estudios con datos concretos de sus causas y efectos.
Por Alicia Gariazzo
Tal como ocurre con todas las noticias en Chile, es difícil entender la información que recibimos a diario sobre el coronavirus y, por tanto, nos es imposible profundizar en el análisis de lo que realmente este está produciendo. Todos sabemos que los noticieros, ahora más que nunca, se definen en los despachos de los Grupos Económicos con los Editores de los medios de comunicación masivos y, por razones obvias, lo más ignorado, no observado en toda su magnitud, o tergiversado, se encuentra en lo que afecta a las mayorías más débiles y necesitadas. En esta medida, el virus tiene un lugar privilegiado en la publicidad engañosa. Recibimos cifras globales sin porcentajes y por supuesto no podemos comparar Chile con otros países. Si pensamos que solo la ciudad de Sao Paulo tiene 18 millones de habitantes, el mismo número que todo Chile, podemos imaginarnos en qué medida se necesitan porcentajes. Tampoco los efectos del virus se comparan con otras enfermedades, tanto con las masivas de años anteriores, como con las del mismo 2020. Lo que es claro es que con cualquier virus, o solo por hambre, pese al aumento de la longevidad, los que más mueren en cualquier país capitalista sin sentido social, somos los viejos, los discapacitados y más aún, los viejos pobres y discapacitados.
No quiero mirar al adulto mayor con sensacionalismo, ni caer en que necesitamos más recursos del Estado ya bastante preocupado por “las facilidades que debe dar a los empresarios para que inviertan y creen empleo”. Tampoco se quiere caridad de nadie, la TV habla de la muerte de “los abuelitos” sin desarrollar soluciones.
El problema de los “abuelitos” hay que tratarlo con la verdad, como una realidad social grave y masiva, por lo que requiere estudios con datos concretos de sus causas y efectos. Diversas instituciones, como CELADE, el INE y las Encuestas CASEN, informan que en el año 2000 teníamos 1,5 millones mayores de 60 años en Chile, con un 62,2% no valente, es decir postrado en una cama. En 2005 los mayores de 60 conformaban el 11,5% de la población y en 2020 llegaron a más de 3 millones. En 2025 constituirán un 20% de la población total del país y para 2050 llegarán a 7,1 millones. El 36,9% será mayor de 80 años entre los cuales habrá un alto porcentaje de no valentes.
Sobre no valentes, discapacitados y enfermos terminales, de cualquier edad, no hay datos fidedignos, pero nadie puede dudar que su cuidado es carísimo y que el peso de la carga, con o sin plata mediante, lo lleva la familia, fundamentalmente las parientes mujeres. Una persona postrada necesita, como mínimo, una cama especial, masajes, cambio de pañales, comida y medicinas en la boca o vía sondas, aplicación de enemas cuando su estado de postración no les permite obrar en forma natural, corte de uñas, baño y lavado de pelo. Esto requiere de una persona o enfermera por doce horas diarias, suponiendo que el enfermo pueda dormir solo. El costo de una enfermera de día, por 8 horas, es como mínimo de $20.000, es decir que en esta se gastarían $600.000 mensuales, más la comida. Trabajo aparte es la mantención de la higiene del espacio donde se encuentra el enfermo, la limpieza y cocina de lo que circunda al anciano, generalmente hecho por hijas o nietas que, a su vez, deben dejar de percibir ingresos para dedicarse a este cuidado.
Si una Pensión Básica Solidaria de Vejez, PBSV, para mayores de 75 años, es de $170.000 aproximadamente y la de un viudo, o viuda, inválido total, oscila entre $112.000 y $160.000 podemos tener un escenario de la familia que rodea al adulto mayor de 80 no valente. Es por esto que de vez en cuando se filtra de casos de ancianos que se han suicidado en pareja.
Los hijos de un anciano de más de 90 años pueden fácilmente tener alrededor de 70, los que, a su vez, ya están viviendo de pensiones escuálidas o sufriendo algún grado de discapacidad. Todo esto se intensifica en las mujeres Jefas de Hogar solas, cuyo número se ha duplicado en los últimos 25 años.
Por otra parte, el desarrollo de las nuevas tecnologías digitales ha disminuido crecientemente las fuentes de empleo, por lo que empresas y fábricas despiden personal para reemplazarlo por máquinas, lo que es más barato, y los empleadores quieren que se vayan los viejos, porque la mayoría no puede adaptarse a las nuevas características del proceso productivo. Aún así, los adultos mayores, cada vez trabajan más. Los que trabajan por cuenta propia han aumentado casi en un 80% entre 2010 y 2017. Sin embargo, después de la debacle que deje el COVID 19, pocos serán los viejos y los discapacitados que queden con la energía para adaptarse a las tecnologías digitales. Esta crisis implantará nuevas formas de trabajo como el teletrabajo y se confirmarán los despidos masivos que se han llevado a cabo culpando a la pandemia.
Por tanto, los ancianos que no fueron rentistas, empresarios o propietarios dependen de sus familias y las familias que cuentan con medios para atender a sus ancianos en sus casas o instalarlos en Casas de Reposo formales, deben contar con tiempo libre y una disponibilidad monetaria de alrededor de un millón de pesos mensuales como mínimo.
El resto de los ancianos, que aumentan día a día por la famosa longevidad, debe ahorrar para vivir de eso en su vejez. Si no ahorró suficiente, es porque no trabajó suficiente y si su AFP hizo malos negocios con su plata, es culpa del mercado. La propiedad privada es sagrada, porque no podemos arriesgar las inversiones de los empresarios. La compasión y la piedad solo llevan a malos negocios y perjudican a los más pobres, porque el gasto público sin ingresos dicen que produce inflación. El que es longevo y vive más allá de lo que le dura su pensión, tendrá que vivir a costa de Moya, no sé qué haríamos sin Moya, porque, a esa edad, los hijos también estarán jubilados y, a su vez, estarán viviendo de pensiones similares. Los viejos encerrados en cuarentena no solo tendrán que soportar el hambre y la necesidad, sino las discapacidades mentales que deje un encierro que puede sentirse infinito.
La longevidad es molesta y a ningún adulto no valente, que tenga su mente clara, le gustará depender de sus nietas, o de sus hijos ancianos. Para ser coherente con la macro economía y los planteamientos de los economistas neoliberales ¿no debería legalizarse la eutanasia? Muchos preferiríamos morir a destruir la vida de nuestros hijos y nietos. Una situación como la que se vivirá cuando se vuelva a la normalidad será tan precaria que no sería extraño que aumentaran los suicidios de ancianos como actualmente ocurre, aunque se ignore.
Por todo esto, se debería extraer enseñanzas de la situación que vivimos. Por ejemplo que la solidaridad es imprescindible, principio que los cristianos dominan, ya que Cristo predicó hasta su muerte sobre la ayuda del más rico al más pobre, al enfermo, al necesitado. Pero como esta no es espontánea y no sirve entregada individualmente, sería necesario que nuestros gobernantes, desde una visión de país, que supuestamente los ha llevado a ocupar el lugar en que se encuentran, pensaran en formas de impulsar y legitimar el trabajo voluntario de los jubilados.
Considerando la precariedad salarial de la mayoría de los trabajadores, su polifuncionalidad y el hecho de ser desechables, ¿por qué el Estado, a través de las Municipalidades, no organiza formas de ayuda de los adultos mayores en el cuidado de niños, en hospitales, salas cunas o escuelas? Dicha ayuda podría darse dos o tres días a la semana, gratuitamente antes de los 85 años, ya que después de esa edad el anciano tendrá menos energía.
Los jóvenes, desde los 15 años ¿no podrían entregar unas horas un día a la semana en visitar a ancianos que viven solos y no son autovalentes, para darles alguna ayuda o solo acompañarlos con una visita?
Si alguna vez se aprueba el proyecto del Ombusdman, el Defensor del Pueblo, este podría ser elegido a nivel nacional, regional y comunal, entre mayores de 65 años para que trabajen gratuitamente en defender y proteger a los chilenos más vulnerables. El Estado solo debería hacerse cargo de la infraestructura de la oficina y el Ombudsman podría encontrar ayuda solidaria en sus tareas con adultos mayores del área.
Estas son unas primeras ideas que deben discutirse para aplicar a nivel municipal. La solidaridad no es la única solución al problema, pero abre un camino hacia la felicidad, que ayuda a evitar el stress y la soledad y, por tanto a la depresión, otra enfermedad recurrente entre los más viejos.
Aprovechemos la pandemia para organizarnos y recordar los tiempos en que la ayuda mutua dio origen a los grandes movimientos que dirigieron a comienzos de siglo los más pobres de nuestro país.