Rebaja «a medias» de la dieta parlamentaria crispa los ánimos en Valparaíso

Tras un arduo debate, la Cámara ratificó el conjunto de modificaciones del Senado al proyecto de reforma constitucional, iniciado en mociones refundidas, que regula la dieta parlamentaria y otras remuneraciones, salvo la norma que define el mecanismo transitorio a operar y que, en el primer trámite, incluía una rebaja inmediata del 50% de los montos.

La discusión de la iniciativa mantuvo opiniones divergentes en la Sala en torno a la manera de enfrentar el texto planteado por el Senado, particularmente, tras haber impulsado dicha Corporación cambios sustanciales a la redacción propuesta por la Cámara.

En sus discursos, legisladores/as del oficialismo fueron claros/as en la necesidad de apoyar el proyecto y valoraron el acuerdo alcanzado en el Senado, en especial, lo referente al nuevo organismo destinado a determinar los recursos de cada cargo y el proceso de transitoriedad.

Además, remarcaron la importancia de avanzar en otras materias de forma paralela, como sería, reducir los gastos de asignaciones; disminuir el número de parlamentarios; y limitar el número de reelecciones posibles.

En los sectores del centro político, en su mayoría, hubo coincidencia en apoyar las modificaciones y materializar a la brevedad posible una rebaja de las altas remuneraciones del Parlamento y del Ejecutivo. Asimismo, se destacó la importancia de asignar a una entidad independiente la determinación de los montos y que estos no sean definidos por los propios parlamentarios.

En la izquierda, si bien hubo parlamentarios que optaron por avanzar en la línea de aprobar el texto del Senado, la mayoría criticó las modificaciones. Estos últimos estimaron que era impresentable ante la ciudadanía retroceder en lo que ya se había sancionado en la Cámara en noviembre pasado, que pasaba por la citada rebaja inmediata del 50% de la dieta y por un universo más amplio de altos cargos afectados con la disminución remuneracional.

En dicho plano, se postulaba ir hacia el rechazo de las normas y constituir una comisión mixta que permitiera dar con un mejor acuerdo en esta misma semana, pero sin claudicar en una rebaja automática significativa.

Tras el debate, se verificaron cuatro votaciones. Las tres primeras permitieron la aprobación del grueso de las modificaciones, incluyendo el nuevo organismo encargado de la determinación de las dietas y remuneraciones. Sin embargo, la cuarta no logró llegar a los 93 votos favorables que exigía el quórum (hubo 91 votos a favor, 59 en contra y una abstención).

Por efecto de lo anterior, el proyecto quedó aprobado y despachado salvo en lo relativo al mecanismo transitorio que operará, materia que deberá ser resuelto en una comisión mixta que, en el caso de la Cámara, será integrada por los diputados Juan Antonio Coloma (UDI), Leonardo Soto (PS), Matías Walker (DC) y Gabriel Boric (CS), junto a la diputada Paulina Núñez (RN).

El punto que se mantuvo en discordancia refiere al artículo transitorio, en lo medular, la Cámara plantea que, en tanto no opere el sistema permanente, “las autoridades de la administración del Estado y quienes ejercen cargos de elección popular en los órganos comprendidos en los capítulos IV (Presidente y ministros de Estado), V (Congreso Nacional) y XIV (Gobierno y administración interior), con excepción de consejeros regionales, alcaldes y concejales, solo tendrán derecho a percibir el cincuenta por ciento de su remuneración o dieta vigente”.

A seguir, se establecían procedimientos y obligaciones para concretar la medida recién definida, incluyendo la destinación de los recursos que se ahorren al Presupuesto de la Nación.

En reemplazo, el Senado definió que, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de esta reforma constitucional, el Consejo de Alta Dirección Pública fije, por una sola vez, las remuneraciones de los ministros de Estado y de los diputados y senadores, las que deberían regirán hasta que se adopte un nuevo monto por parte de la comisión ya señalada, encargada de esta tarea.

Además, se proponía que, dentro de los 60 días siguientes a la publicación de esta reforma, el mencionado Consejo determine, también por una sola vez, las rentas de las demás autoridades mencionadas en este marco legal.

El proyecto, en lo que fue aprobado, define que las remuneraciones del Presidente de la República, los senadores y diputados, los gobernadores regionales, los funcionarios de exclusiva confianza del Jefe del Estado y los contratados sobre la base de honorarios que asesoren directamente a las autoridades gubernativas ya indicadas, serán fijadas, cada cuatro años y con a lo menos 18 meses de anticipación al término de un período presidencial, por una comisión cuyo funcionamiento, organización, funciones y atribuciones establecerá una ley orgánica constitucional.

La nueva instancia estará integrada por cinco personas: un exministro de Hacienda, un exconsejero del Banco Central, un excontralor, un expresidente de la Cámara o del Senado y un exdirector del Servicio Civil. Su designación será realizada por el Presidente de la República con acuerdo de los dos tercios de los senadores en ejercicio.

Los acuerdos de la citada comisión serán públicos, se fundarán en antecedentes técnicos y deberán establecer una remuneración que garantice una retribución adecuada a la responsabilidad del cargo y la independencia para cumplir sus funciones y atribuciones.