Pescadores artesanales de Quintero defienden acuerdo con AES Gener SA
Luego de que el diario El Mostrador informara hace unos días que el acuerdo firmado entre AS Gener y los pescadores de la Bahía de Quintero el pasado 7 de noviembre -donde estos últimos se desistieron de la demanda civil contra la empresa- estaba siendo cuestionado por grupos ambientalistas, los protagonistas de este salieron al paso de las críticas y sostuvieron que se trató de “un gran triunfo”.
“Tras un largo proceso de diálogo transparente e informado y en el cual finalmente nos sentimos acogidos, firmamos un acuerdo que representa un gran triunfo en la larga lucha que hemos liderado para hacer valer los derechos de los pescadores de la Bahía de Quintero y sus familias”.
Según el comunicado, que firman entre otros los dirigentes Samuel Rojo, Luis Rubilar y Dionisio Tirado, el acuerdo alcanzado fue suscrito con casi el 70 por ciento de los pescadores de la Bahía”.
La demanda, presentada por 632 personas contra AES Gener, pretendía una indemnización por daño moral, no era una demanda por daño ambiental.
El 7 de noviembre, sin embargo, ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso se presentó el desistimiento ya mencionado, que puso fin a la parte civil del conflicto y que según los pescadores favoreció a las 673 personas y sus familias.
“Respetamos la opinión minoritaria de quienes no quisieron firmar. Sin embargo, nuestro deber es defender la voluntad de la inmensa mayoría de nuestro gremio”, señalan los dirigentes. Y agregan: “lamentamos que por razones ajenas a los intereses de nuestras familias, sean estas políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo, algunos representantes de ONG que no viven en la zona critiquen un acuerdo favorable y al que llegamos de manera voluntaria”. Sin mencionarlos, se refieren a ejecutivos de Greenpeace y Oceana, oenegés que criticaron la negociación.
«Por nuestra parte seguiremos luchando por defender los derechos de nuestros pescadores y sus familias”, señala los dirigentes
El abogado de los pescadores, Cesar Barra, dijo al sitio Soychile.cl que “fue el acuerdo en el contexto de un juicio civil específico, en la etapa de conciliación las partes pueden llegar a un acuerdo. Es parte de las formas de solucionar un juicio, pueden tomarse o no. Solo se refiere a un juicio civil, donde se demandó a la empresa por un daño moral y no tiene ninguna implicancia hacia lo que significa la reparación ambiental que se le pueda perseguir a la empresa”. También salió al paso de la cifra que él recibiría, según El Mostrador 500 millones, argumentando que era “a resultado” y que los gastos (peritajes privados, informes psicológicos, informes sociales, notificaciones, entre otros propios de cada juicio) habían recaído en su estudio.
Respecto a la críticas sobre una imposición o mordaza puesta en el convenio, el abogado Barra es enfático: “Tenemos una limitación en hablar del acuerdo, pero todo acuerdo tiene limitaciones a las personas demandantes que llegan a un acuerdo con el demandado. No volver a demandar en el ámbito de daño moral es lo que corresponde a este tipo de hechos”.
Los pescadores, por su parte, piden respeto a su decisión: “Es muy dañino para nuestros intereses que se hagan críticas a este tipo de acuerdos ya que ello desincentiva que en casos de conflicto otras empresas puedan pactar soluciones beneficiosas para las comunidades».
