Fiscalía de La Araucanía investigará a Seremi de Salud por delitos vinculados a Covid-19
El fiscal vocero de la fiscalía regional de La Araucanía, Roberto Garrido, confirmó la apertura de una investigación penal contra la secretaria regional ministerial de Salud de La Araucanía, Katia Guzmán.
“El Ministerio Público ha iniciado investigación por el delito previsto en el artículo 318 del Código Penal en virtud de un denuncia interpuesta por un trabajador de medios de comunicación. En este delito, según la denuncia le cabría participación y responsabilidad a la Seremi de Salud de La Araucanía, señora Katia Guzmán”, explicó Garrido.
El fiscal vocero informó que el fiscal regional Cristian Paredes designó al fiscal jefe de Villarrica, Carlos Hoffmann, quien ya investigaba la causa contra un paciente contagiado con el COVID-19 que viajó en avión desde Santiago a Temuco, como fiscal con dedicación preferente la denuncia presentada contra la autoridad sanitaria y otros eventuales delitos de la misma naturaleza que puedan producirse en el contexto del estado de catástrofe por la pandemia del coronavirus que enfrenta el país.
La seremi, según el gremio local, citó a una conferencia de prensa en el piso 12 del edificio de la Intendencia, obligando a periodistas y comunicadores a utilizar el mismo ascensor o las escaleras del recinto público.
Los profesionales de la prensa solicitaron que la brevedad se informe sobre la condición de salud de la funcionaria.
Roberto Garrido explicó que asimismo “se ha solicitado a la Policía de Investigaciones la formación de un equipo especial para la investigación de este caso y otros que estaban a cargo del fiscal Carlos Hoffmann, por el mismo ilícito”.
El fiscal recordó que el en el Art. 318 del Código Penal sanciona al que pusiere en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad, en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio.
“De ahí entonces que sea tan relevante el cumplimiento de las disposiciones de salud que imparte la autoridad, no sólo para la protección de la salud de cada uno y de la sociedad, sino que también porque la infracción de este tipo de normas puede generar responsabilidades penales que están castigadas con multas que pueden llegar a las 20 UTM y además con penas privativas de libertad que pueden extenderse a los 540 días en su máximo”, dijo Roberto Garrido.
